No es lo único. El tratamiento en fronteras para ciudadanos, vehículos o mercaderías mexicanas sospechosas de estar relacionadas con actividades terroristas se endurecería por mero protocolo, agregando una gran carga de costo-tiempo a las ya de por sí poco fluidas fronteras y revisiones portuarias o de aviación. Más allá de las molestias para las industrias eso significa dinero y productividad que tendrían que agregar a sus costos, de por sí ya comprometidos por la competencia con Asia.
Del lado político, aunque la iniciativa está apoyada por el Partido Republicano, nada garantiza que esos mismos argumentos se puedan volcar en su contra a la hora de establecer presupuestos y voluntades electorales.
O bien que el efecto de una denominación de terroristas vuelque en mayor virulencia de los grupos criminales, ahora sí, con objetivos estadounidenses determinados, que por más que temporal o gradualmente puedan ser exterminados o controlados no pasarían desapercibidos para el conciente colectivo del ciudadano medio estadounidense, que ahí sí, exige a su gobierno absolutas garantías de seguridad para sus ciudadanos.
En tanto todas estas, y probablemente muchas más razones se ponen en juego en el tablero, México tendrá que esperar, pues se trata de una decisión unilateral en la que el gobierno mexicano poco o nada puede influir –al menos no con reuniones bilaterales o mensajes en medios– para modificar la decisión que tome el congreso estadounidense o el presidente Trump vía una orden ejecutiva.
Si acaso lo que podrá abonar a favor de que el poder ejecutivo mexicano logre frenar la etiqueta de terrorismo para los carteles mexicanos, será mostrar con acciones –reales y efectivas–, la buena voluntad de cooperar con la voluntad estadounidense, tal como sucedió en este último año con el freno a al migración para evitar el cobro de aranceles, o la enmienda a la Reforma Laboral para ayudar a que avanzara el aún no aprobado T-MEC . De ser así, el gobierno mexicano tendría que poner manos a la obra de manera más efectiva y visible, con estrategias de seguridad interior con mejores resultados en el cumplimiento del Estado de Derecho.
Al final del día ese, y no otro, también es un reclamo de la sociedad civil mexiana, de los empresarios y de las propias huestes que apoyan presiente Andrés Manuel López Obrador.
Nota del editor: Jesús H. Hernández es editor general de Industrias de Grupo Expansión. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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