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Nuestras Historias

¿Quién teme al terrorismo?

El gobierno mexicano solo debería temer a la etiqueta de terrorismo al crimen organizado si existieran encubrimientos o protección a terroristas, dice Jesús H. Hernández.
jue 28 noviembre 2019 10:51 AM
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Desde marzo se promovió la propuesta legislativa de nombrar terroristas a los carteles mexicanos, y la masacre en Sonora de la familia estadounidense Le Baron elevó el volumen de la propuesta y la puso en el tablero de jugadas de política exterior.

(Expansión) - La eventual designación de los carteles mexicanos de narcotráfico como organizaciones terroristas tiene un largo camino por recorrer. No sólo por el proceso legislativo estadounidense para llegar a tal determinación, sino por los múltiples costos que una decisión de esa naturaleza puede implicar para ambos lados de la frontera.

En las últimas horas mucho se ha hablado de las consecuencias para México de los efectos de una etiqueta de terrorismo al crimen organizado mexicano: desde la facultad de congelar cuentas o hacer inteligencia en el país (que ya sucede hace décadas a través de convenios con la DEA y las aportaciones monetarias para el combate al narcotráfico) hasta la eventual intervención en territorio nacional de la milicia estadounidense para localizar o exterminar a los eventuales ‘terroristas’, éste último caso sólo si el gobierno local no muestra señales de cooperación o se sospecha de encubrimiento o protección a terroristas.

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¿Debería tener razones el gobierno mexicano de temer a estas condiciones? La respuesta sólo sería afirmativa si en efecto hay tales vínculos o encubrimientos. Quizá el gobierno mexicano deberá valorar si las ideas de amnistía a delincuentes, optar por preservar vidas en lugar de atrapar capos, dar asilo a presuntos protectores de narcotraficantes, o permitir la actuación de los carteles en estados y municipios determinados, aplican dentro de las acciones que contemplan como delitos de terrorismo las diversas leyes estadounidenses como la Ley Pública 104-132, la Ley contra el Terrorismo o Ley de Inmigración y Nacionalidad, e incluso la Resolución 1368 del Consejo de Seguridad de la ONU.

Pero, ¿qué pasa del lado estadounidense? La propuesta legislativa de nombrar terroristas a los carteles mexicanos fue promovida desde marzo pasado por los congresistas republicanos Roy Chimp y Mark Green. La masacre en Sonora de la familia estadounidense Le Baron sólo elevó el volumen de la propuesta y la puso en el tablero de jugadas de política exterior y posibles ganchos electorales del presidente Trump. Pero justo ese cálculo es que el presidente estadounidense debe hacer con cuidado: De entrada la restricción de ayuda o provisión de armas o equipamiento a organizaciones terroristas ataría de manos a algunos fabricantes de la floreciente industria como la de las armas, que de 2008 a 2019 incrementó sus ventas globales de 19,100 millones de dólares (mdd) a 52,100 millones a marzo de 2019, poco más de 171%, según el reporte de Impacto Económico de la Industria de Armas de Fuego y Municiones publicado en abril por la NSSF.

Quizá mucha gente no sabe que del total de armas importadas legalmente a México, 51.2% proviene de Estados Unidos, con un monto acumulado de 899 millones de dólares entre 2008 y 2018, de acuerdo con el reporte del 11 de marzo del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Sólo en 2018, se compraron armas a Estados Unidos por 18 mdd (69.2% del total, el resto provino de Francia y Holanda mayormente). Con esa cifra México es el mayor importador latinoamericano de armas estadounidenses y el número 24 a escala global, por encima de Omán, y por debajo de Alemania y Kuwait. Y eso es sólo el mercado legal, faltaría sumar la cifra gris o negra del contrabando.

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No es lo único. El tratamiento en fronteras para ciudadanos, vehículos o mercaderías mexicanas sospechosas de estar relacionadas con actividades terroristas se endurecería por mero protocolo, agregando una gran carga de costo-tiempo a las ya de por sí poco fluidas fronteras y revisiones portuarias o de aviación. Más allá de las molestias para las industrias eso significa dinero y productividad que tendrían que agregar a sus costos, de por sí ya comprometidos por la competencia con Asia.

Del lado político, aunque la iniciativa está apoyada por el Partido Republicano, nada garantiza que esos mismos argumentos se puedan volcar en su contra a la hora de establecer presupuestos y voluntades electorales.

O bien que el efecto de una denominación de terroristas vuelque en mayor virulencia de los grupos criminales, ahora sí, con objetivos estadounidenses determinados, que por más que temporal o gradualmente puedan ser exterminados o controlados no pasarían desapercibidos para el conciente colectivo del ciudadano medio estadounidense, que ahí sí, exige a su gobierno absolutas garantías de seguridad para sus ciudadanos.

En tanto todas estas, y probablemente muchas más razones se ponen en juego en el tablero, México tendrá que esperar, pues se trata de una decisión unilateral en la que el gobierno mexicano poco o nada puede influir –al menos no con reuniones bilaterales o mensajes en medios– para modificar la decisión que tome el congreso estadounidense o el presidente Trump vía una orden ejecutiva.

Si acaso lo que podrá abonar a favor de que el poder ejecutivo mexicano logre frenar la etiqueta de terrorismo para los carteles mexicanos, será mostrar con acciones –reales y efectivas–, la buena voluntad de cooperar con la voluntad estadounidense, tal como sucedió en este último año con el freno a al migración para evitar el cobro de aranceles, o la enmienda a la Reforma Laboral para ayudar a que avanzara el aún no aprobado T-MEC . De ser así, el gobierno mexicano tendría que poner manos a la obra de manera más efectiva y visible, con estrategias de seguridad interior con mejores resultados en el cumplimiento del Estado de Derecho.

Al final del día ese, y no otro, también es un reclamo de la sociedad civil mexiana, de los empresarios y de las propias huestes que apoyan presiente Andrés Manuel López Obrador.

Nota del editor: Jesús H. Hernández es editor general de Industrias de Grupo Expansión. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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