A pesar de ello, ante el contexto que estamos viviendo, la decisión de abrir las escuelas es seria y se debe tomar de forma responsable. En ese sentido, se debe basar en evidencia científica, coordinación y planeación, algo que no se ha logrado en nuestro país.
En primer lugar, para que las escuelas abran el 30 de agosto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) tendría que modificar la Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a Clases Presenciales para que esta actividad se pueda llevar a cabo, aunque el semáforo epidemiológico no esté en verde.
Más aún, hay entidades, como Nuevo León o Guerrero , que ya manifestaron que el regreso a las aulas dependerá del contexto sanitario. Esta situación refleja poca coordinación entre autoridades que genera incertidumbre para la población.
En segundo lugar, el riesgo de infectarse de coronavirus es real para toda la comunidad , incluyendo los más jóvenes y las personas vacunadas. No se debe minimizar este riesgo. Por eso, es fundamental que las escuelas sigan protocolos aterrizados y probados.
Además, se debe dotar a las escuelas de presupuesto suficiente para que el personal cuente con el equipo de protección (como cubrebocas) y la infraestructura básica (como agua y ventanas que se puedan abrir) para implementar los protocolos.
Todo esto aunado a la inversión que se requiere para reparar aquellas instalaciones dañadas durante tantos meses de abandono. ¿Esto está contemplado en el proyecto de presupuesto para 2022?
En tercer lugar, falta un plan concreto para combatir el rezago académico. ¿Cómo atenderá la SEP este objetivo? En Chile, por ejemplo, el Ministerio de Educación ha puesto a disposición de las escuelas una prueba diagnóstica que los profesores le pueden aplicar a sus alumnos junto con una guía puntual para interpretar los resultados, así como materiales para compensar los rezagos que se detecten. ¿México tendrá planeado algo similar?
La crisis educativa en nuestro país podría condenar al talento más joven a tener un futuro profesional incierto y con menores ingresos . Para evitarlo, urge que el discurso se convierta en acciones concretas con presupuesto suficiente. Solo así será evidente que el pueblo es prioritario para sus gobernantes.
Nota del editor: Fátima Masse es Directora de Sociedad incluyente del IMCO. Síguela en Twitter como @Fatima_Masse . Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de su autora.
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