El gobierno de México no tiene la capacidad financiera para realizar las inversiones que se necesitan en el sector para cumplir con la demanda creciente de nuestra economía. Prueba de esto es el PPEF2022 que no contempla recursos para construir nuevas fuentes de generación y alcanzar la generación estatal del 54%, limitándose al mantenimiento de hidroeléctricas y un parque fotovoltaico.
La ciudadanía terminaría pagando la probable insuficiencia en el suministro, ya sea a través de tarifas más altas o del pago de subsidios para evitar que el precio suba. La presión para que la CFE genere más también haría que se recurra a plantas menos eficientes y más contaminantes, afectando tanto al costo de generación como al medio ambiente.
El mundo se reunirá el próximo 31 de octubre en Glasgow ( COP26 ) para proponer iniciativas para mitigar los efectos del cambio climático y se esperan planes nacionales ambiciosos para alcanzar la neutralidad de emisiones. Mientras tanto, la iniciativa de reforma plantea estatizar recursos necesarios para la transición energética, como lo es el litio, sin contar con un plan para su aprovechamiento. Además de eliminar los certificados de energía limpia y dejar a la CFE encargada de la transición energética.
Más allá de posturas ideológicas, este arreglo propuesto en el mercado eléctrico limitará a México como posible receptor de inversiones, ya que las empresas internacionales tendrán que cumplir con sus compromisos net zero y la generación de energía eléctrica con combustibles fósiles no califica para esto.
Así, las y los mexicanos perdemos empleos de calidad, desarrollo económico sustentable y ganamos peores condiciones ambientales. ¡El cambio climático es real!, y si queremos preservar nuestra existencia debemos trabajar para mitigar sus efectos. Más aun, vale la pena recordar que el cambio climático afecta desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables , por lo que esta propuesta es totalmente regresiva.
Por otro lado, estaríamos violando los tratados comerciales internacionales como el T-MEC y el tratado de libre comercio con la Unión Europea ( TLCUEM ) al no proveer certeza jurídica de las inversiones ya existentes en el sector eléctrico y al imponer limitaciones más estrictas a la prestación de servicios de las compañías que operan en México, lo cual está prohibido. De aprobarse la reforma constitucional, nuestras secretarías de Energía, de Economía y Hacienda y Crédito Público deben estar conscientes de los gastos legales y económicos de la inmediata reparación contra el Estado de Derecho en México.
Esta iniciativa fortalece a la CFE convirtiéndola en organismo del Estado responsable de la electricidad, que pasaría a ser área estratégica, eliminando mecanismos de regulación, y destinándole al menos el 54% del consumo nacional. Si bien la propuesta deja hasta 46% a los generadores privados, a estos se les proporcionan muy pocas razones para participar en un mercado en el que su competidor es juez y parte.
Otro aspecto a considerar es que esta modificación constitucional no solo afectaría a la inversión privada, tanto nacional como internacional, en el mercado eléctrico, sino en todas las industrias del país. Con un Estado de derecho vulnerado, especialmente con cambios constantes en las reglas del juego, así como el no poder garantizar el suministro eléctrico con la infraestructura actual, se desincentiva que nuevas inversiones emprendan en México.
