(Expansión) - Entre las consideraciones más importantes que aparecen en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) de 2023, está el hecho de que el monto de ingresos que el gobierno federal obtendrá será un poco menos de 8.3 billones de pesos.
Aproximadamente, 2.4 billones de esta bolsa de recursos será destinado al llamado gasto federalizado, el cual deberá ser transferido a los estados y municipios del país a través del Ramo 28, Ramo 33, convenios y subsidios.
Ciertamente, el monto aprobado del gasto federalizado para 2023 es un dato positivo para las finanzas públicas de los gobiernos subnacionales. De hecho, es muy probable que esta buena noticia la veamos reflejada en sus presupuestos anuales y esto debido a que, tradicionalmente, se preparan y se aprueban con base en los montos establecidos en el PEF.
A pesar de esto, en mi opinión, los congresos y cabildos deberán seguir siendo muy cuidadosos al momento de asignar y ejercer sus presupuestos locales, tal y como lo hicieron en 2021 y 2022.
En términos reales, el presupuesto para el gasto federalizado sería 9.9% mayor al aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2022. En este sentido, el Ramo28 crecería alrededor de 14.0%, mientras que el Ramo 33 lo haría en 6.7%.
Sin embargo, en el caso de las participaciones (ingresos no etiquetados para los estados y municipios), es importante recordar que estas dependen del monto de la Recaudación Federal Participable (RFP) que efectivamente se logre recaudar durante el ejercicio fiscal en curso. Sin considerar la creación de impuestos y derechos, ni el aumento de los ya existentes, se espera que la RFP registre un crecimiento anual de 13.5%.
Aunque mis expectativas están alineadas con la idea de que nuestra economía seguirá recuperándose, la volatilidad en algunas variables económicas (internas y externas) podría generar condiciones propicias para crecer a un menor ritmo que el considerado por el gobierno federal.
Esto podría llevarnos a recaudar un monto menor de la RFP con respecto al monto aprobado y, en consecuencia, los estados y municipios podrían recibir menos recursos. Por esta razón, continuar con la prudencia en el ejercicio del gasto, por parte de los subnacionales, es recomendable.
Si durante el próximo año vemos un manejo prudente de las haciendas públicas, podríamos esperar un escenario sin altibajos en términos de la calidad crediticia de los estados y municipios. Sin embargo, aún con este buen comportamiento, es preciso decir que a mediano plazo uno de los temas a considerar para los siguientes años será el nivel de inversión pública que hagan o dejen de hacer; y esto es importante, ya que determinaría, en parte, el crecimiento a largo plazo de los subnacionales.
Construyendo sobre este argumento, según los resultados del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal al 2T22 que publicó el INEGI, 13 de las 32 economías estatales del país aún no logran recuperarse de la contracción económica generada por la emergencia sanitaria; por lo tanto, una mayor ralentización de su inversión pública abonaría a un menor ritmo de recuperación.
Si a esto le sumamos la posible persistencia de una alta inflación y un aumento en las tasas de interés, las entidades federativas podrían no tener los incentivos para continuar con las obras que están ejecutándose y, más aún, financiar nuevos programas de inversión.
El comportamiento de la inflación y de las tasas de interés tienen efectos en varios frentes. Por un lado, el aumento en los costos de los materiales de construcción, en el alquiler de maquinaria y sueldos y salarios; por otro, en el incremento en el costo de la deuda pública. Incluso pueden llegar a restringir la entrada al sistema bancario de aquellos subnacionales, principalmente municipios, que deseen o necesiten contratar deuda de largo plazo estructurada para financiar obra pública productiva.
En este sentido, rápidamente puedo decir que desde mi punto de vista, la obra pública subnacional que requiere cada vez mayor atención (y por lo tanto la asignación de más recursos de los que ahora está recibiendo) es aquella relacionada al transporte público, infraestructura hidráulica, eficiencia energética y rellenos sanitarios.
Ante este escenario, tanto la prudencia presupuestal como la reorientación del gasto posiblemente serán necesarias para 2023. Paralelamente, el fortalecimiento de las capacidades recaudatorias estatales y municipales podrían contener cualquier desviación en la RFP. En este sentido, recordemos que históricamente los ingresos federales representan un alto porcentaje de los recursos con los que cuentan los subnacionales para operar. En el caso de los estados, en promedio, estos recursos alcanzan hasta el 90% de sus ingresos totales.
Pese a este escenario económico, que en ocasiones parece ser incierto, quiero resaltar lo siguiente. De acuerdo con el último reporte del Sistema de Alertas publicado por la SHCP al 2T22, donde se miden tres indicadores de endeudamiento para los entes públicos locales, 26 entidades federativas se encuentran en semáforo verde (endeudamiento sostenible), cuatro en semáforo amarillo (endeudamiento en observación) y solo uno en semáforo rojo (endeudamiento elevado).
Como sabemos, el resultado del análisis de estos indicadores determinan la capacidad (techo) de endeudamiento de cada entidad para el próximo año y, de cierta forma, es un termómetro que nos ayuda a saber la salud financiera de la que goza cada estado.
En ese sentido, puedo decir, que hoy en día un buen número de estados de la república cuentan con cierto margen fiscal y financiero para planificar responsablemente sus presupuestos para 2023 e incluso para contratar cierta cantidad de deuda para hacer frente a eventualidades o continuar con obras públicas indispensables (dentro de los límites que establece la ley).
Lo anterior, siempre y cuando, privilegien la prudencia en su ejercicio presupuestal con el objetivo de salvaguardar su capacidad de pago y seguir teniendo acceso al financiamiento. Si ocurre de esta forma, seguramente apuntalarán su recuperación económica para los próximos años.
Nota del editor: Roberto Ballinez es Director Ejecutivo Senior de Finanzas Públicas e Infraestructura de la calificadora HR Ratings. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
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