¿Primero los pobres?

La política social es un pozo sin fondo: ningún Estado (a excepción, tal vez, de los nórdicos) cuenta con el presupuesto suficiente para garantizar el bienestar pleno de su población. Por ello se aplican criterios de priorización que permiten atender preferentemente a ciertos grupos en situación de vulnerabilidad. Uno de estos puede ser el criterio de pobreza.

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La estrategia “ Primero los pobres ”, adoptada por el actual gobierno federal como parte fundamental de su política de desarrollo social, parece responder a esta lógica. Lo esperado sería, entonces, que los programas sociales beneficiaran prioritariamente a las personas en condición de pobreza en el país. Pero, ¿esto realmente sucede?

Una forma de responder esta pregunta es revisar los padrones de personas beneficiarias de los programas y, tomando como referencia la medición de pobreza a nivel municipal , determinar los niveles de atención de los programas en los municipios más y menos pobres del país. Esto permite identificar si, efectivamente, estos programas atienden de manera prioritaria a las zonas más pobres del país, así como qué tanto más se les atiende en comparación con los territorios menos pobres.

Ethos realizó esta investigación para el año 2022, calculando el porcentaje de población que era atendida por los 17 programas prioritarios en los municipios más pobres del país. Para este análisis se clasificó como los “municipios más pobres” a aquellos en los que el 90% o más de su población se encuentra en situación de pobreza y “con más pobreza extrema” a los que el 50% o más de su población se encuentra en situación de pobreza extrema.

El promedio nacional de porcentaje de población atendida en los municipios más pobres del país es de 39%. Para el caso de los municipios con mayores niveles de pobreza extrema, el promedio es de 44%.

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Ahora bien, si realizamos este ejercicio para los municipios menos pobres del país —es decir, en los que menos del 20% se encuentra en situación de pobreza—, el porcentaje de personas beneficiadas por alguno de los programas prioritarios es de 21%.

El eslogan de “Primero los pobres” es muy cuestionable frente a estas cifras. Sólo alrededor de 4 de cada 10 personas reciben algún apoyo en las zonas más pobres, una cifra bastante decepcionante que evidencia un amplio déficit de atención. Asimismo, el hecho de que 2 de cada 10 personas reciban un apoyo en los municipios menos pobres es bastante sorprendente, pues la cifra no es tan diferente a la de territorios mucho más desfavorecidos y pone en duda la progresividad en la distribución de los apoyos.

En términos generales, los bajos niveles de concentración de personas beneficiarias en los municipios más pobres pueden explicarse desde el diseño de los programas, pues la mayoría no cuenta con criterios específicos para orientar los apoyos a las zonas pobres. En otras palabras: en las reglas de operación de los programas, que dictan su forma de operar, solo uno de ellos especifica que los apoyos serán dirigidos de forma prioritaria a personas en situación de pobreza. Los otros programas hablan de adultos mayores, jóvenes, campesinos, mujeres, etcétera, sin condicionar el apoyo al nivel de pobreza del beneficiario.

Ello, a pesar de que en nuestro país ha operado durante más de dos décadas uno de los programas faros en términos de reducción de la pobreza en América Latina: Progresa-Oportunidades-Prospera. Dicho programa contaba con metodologías sólidas para poder identificar a personas en situación de pobreza y de pobreza extrema. A lo largo de los años, se había construido un padrón sólido que concentraba a la mayor parte de la población en situación de pobreza extrema.

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Este programa fue sacrificado debido al desdén de esta administración frente a lo tecnocrático. Eso ha sido un golpe muy duro del gobierno hacia las personas más vulnerables del país, acentuado por la tragedia de la pandemia.

Aunque hay que tener claro que los programas sociales no son la panacea para resolver un problema tan complejo como la pobreza, sí pueden ayudar a mitigarla si los esquemas de intervención están bien pensados. Aunque es totalmente válido ir probando varios modelos de política social, es necesario garantizar que, efectivamente, se beneficie “primero a los pobres” con estos programas.

Nota del editor: Laure Delalande y Néstor Génis laboran en ‘Inclusión y Desarrollo Sostenible’ de Ethos Innovación en Políticas Públicas. Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente a los autores.

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