La reconciliación con el empresariado será una pieza clave del rompecabezas que la presidenta Sheinbaum tendrá que armar durante su gestión. Al unir fuerzas con este sector, podrá contar con el apoyo no solo de la base trabajadora y de los beneficiarios de programas sociales, sino también de aquellos que ayudan a impulsar a la economía a través de impuestos, inversión, innovación y creación de empleos. Un gobierno que sume a todos sus actores podrá navegar mejor los retos que enfrenta México.
No obstante, esta reconciliación no será automática ni inmediata. Requerirá acción y resultados tangibles. Una de las vías más efectivas para lograrlo será el impulso de proyectos de inversión, aquellos que no solo apunten al crecimiento económico, sino también a la consolidación de polos de desarrollo vinculados al nearshoring. Esta mega tendencia, que busca acercar las cadenas de suministro a los mercados de consumo finales, abre una ventana de oportunidad única para México y será fundamental que el nuevo gobierno la aproveche de manera decidida.
Parece ser que la presidenta Claudia Sheinbaum entiende la magnitud de estos desafíos y la necesidad de un enfoque práctico y profesional. Desde la campaña, su anteproyecto de desarrollo regional estaba muy adelantado lo que la distinguió notablemente de sus competidores. Sin embargo, el reloj está en marcha, y el éxito dependerá de su capacidad para actuar con celeridad, eficiencia y claridad de propósito.
Para la presidenta, acelerar y priorizar estos proyectos de gran magnitud es fundamental, y debe ubicarse por encima de otros temas de la agenda pública, ya que este será su gran diferenciador con respecto al sexenio que le precedió. No se trata solo de construir infraestructura, sino de sentar las bases de un desarrollo regional sostenible y atractivo para la inversión. Esto significa invertir en zonas estratégicas del país y convertirlas en polos de crecimiento económico, vinculando a las comunidades locales con el mercado global y ofreciendo condiciones óptimas para que las empresas, tanto nacionales como extranjeras, vean a México como un destino competitivo y confiable.
Un aspecto crucial para el éxito de esta estrategia será la certeza jurídica y la seguridad pública. Las empresas necesitan operar en entornos estables, donde los riesgos se minimicen y donde sus inversiones se encuentren protegidas. En este sentido, será necesario un monitoreo cercano de la implementación de la nueva ley sobre la Guardia Nacional y el despliegue efectivo de fuerzas del orden en estas regiones estratégicas. Sheinbaum deberá asegurar que la seguridad sea una prioridad, no solo para brindar tranquilidad a los ciudadanos, sino también para proteger y retener inversiones.
El desarrollo regional es un proyecto ambicioso y complejo que involucra múltiples variables de impacto: infraestructura, seguridad, educación, capacitación, acceso a mercados, entre otros. Es un proyecto que debe abordarse de manera profesional, con la seriedad y eficiencia con la que trabajaría una empresa privada bajo presión. La presidenta tendrá que rodearse de expertos y profesionales con experiencia en desarrollo regional, inversión y planificación urbana, dejando de lado la política partidista para enfocarse en resultados. Es un proyecto que exige pragmatismo y decisiones basadas en datos y análisis de mercado.
Esta visión de desarrollo regional, bien ejecutada, podría no solo reactivar la actividad económica interna, sino también proyectar confianza y certidumbre, tanto al interior del país como en el ámbito internacional. Si la presidenta Sheinbaum logra presentar un plan de desarrollo que sea visto como sólido, coherente y sostenible, México podría consolidarse como un destino atractivo para la inversión extranjera, en un momento donde las empresas buscan relocalizar sus cadenas de suministro para mayor cercanía con el mercado norteamericano.
Además, la articulación entre desarrollo regional e inversión debe ser pública, sistemática y ordenada. Se requiere una hoja de ruta que integre a los diferentes actores y coordine esfuerzos entre los niveles de gobierno, el sector privado y las comunidades locales. La falta de coordinación podría resultar en esfuerzos aislados que, si bien podrían tener impactos positivos, no aprovecharían al máximo el potencial de las regiones y las inversiones.
