Actualmente el sector se encuentra regulado por la Ley Minera de 1992 y, aunque ha ofrecido cierta estabilidad, también ha mostrado una evolución que requiere una ley que atienda esos cambios.
La Secretaría de Economía es la principal encargada de gestionar la minería, de otorgar concesiones y absorber gran parte de la carga regulatoria. Si bien su papel es fundamental, no podemos obviar que la industria es multifacética; esto exige una coordinación entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Esta situación habla de lo compleja que es la industria y de todas las instancias involucradas. Centralizar todo en un regulador podría ser la respuesta, pero algo en lo que no debemos quitar el dedo del renglón es que la burocracia suele llevar tiempos y procesos muy extensos que llegan a retrasar el avance de la industria.
Si pensamos en un regulador, éste necesita ser una entidad que busque agilizar, y que sobre todo involucre a los mineros, esos que están al pie de mina y que conocen los verdaderos retos del sector, que están en campo y no en un escritorio.
No podemos pensar en una entidad experta si no incorpora a los mineros, porque además de brindar mayor certeza jurídica a los inversionistas, también tendría que considerar estos puntos clave:
- Establecer criterios claros para la emisión de nuevas concesiones y permisos, evitando la opacidad que limita el desarrollo de nuevos proyectos.
- Garantizar el cumplimiento de normativas ambientales y laborales que contribuyan con la creación de un entorno más seguro para los trabajadores y un mayor cuidado ante el posible impacto medioambiental.
- Brindar estabilidad y claridad en para los inversionistas nacionales y extranjeros, quienes han manifestado interés en diversos proyectos nacionales.
- Contar con un equipo especializado que pueda capacitar al sector para alinearse con las mejores prácticas internacionales, garantizando el desarrollo económico y el liderazgo de México como potencia minera.
Con la llegada de un nuevo gobierno, las expectativas para el sector minero son altas. El país necesita recursos para cumplir con sus compromisos sociales y de infraestructura, así como para impulsar con determinación la transición energética. Esta dualidad presenta una oportunidad única para revisar y ¿por qué no? repensar el marco que regula a la industria.
