Una de las razones para concesionar a particulares la actividad minera es la falta de recursos y tecnología de algunos países, para potenciar su desarrollo. Por lo que, las modificaciones planteadas mediante esta reforma podrían afectar de manera crítica a México, provocando una grave falta de certeza jurídica en diversos aspectos y marcando un retroceso importante del sector.
Es importante recordar que, en la actual administración del Gobierno Federal, no se ha otorgado ninguna concesión minera, además de que la superficie concesionada se ha reducido a un 8% del territorio nacional; esta situación, aunada a la falta de atención de las autoridades, tendrá serias repercusiones en el futuro. México podría dejar de ser una potencia minera y se afectaría gravemente la generación de empleos, ya que un Estado sin exploración minera, estará sepultando su industria y comprometiendo su futuro económico.
Algunas de las reformas más importantes que se plantean en la iniciativa y que podrían representar un riesgo para la minería en México son:
a) Se elimina el esquema de terreno libre y primer solicitante. Se propone modificar el esquema de otorgamiento de concesiones para que únicamente sea mediante concurso de licitación pública. Con esto se prohíbe a las empresas mineras solicitar nuevas concesiones.
b) Se reduce la duración y prórroga de las concesiones mineras de 50 a 15 años, prorrogable por una sola ocasión por un lapso igual. Esta medida coartará la inversión productiva para la exploración y explotación de minerales, generando incertidumbre y provocando la fuga de inversionistas. Además de poner en riesgo las concesiones ya otorgadas.
c) Se condiciona el otorgamiento de nuevas concesiones mineras a la disponibilidad hídrica, así como a la concesión que se obtuvieron previamente. Dada la situación de falta de recursos actual, se crea una nueva modalidad para uso específico en minería, la cual quedará sujeta a la disponibilidad y tendrá una duración de 5 años con posibilidad de prórrogas por igual término.
De esta manera, la iniciativa representa un cambio de régimen importante, pues parecería que el Gobierno Federal intenta recuperar para el Estado todas las concesiones otorgadas y frenar la emisión de nuevas. Al mismo tiempo que se presentan posibles violaciones al T-MEC, al dar preferencia a las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal a través de asignaciones.
