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En el país sin leyes

Al más puro estilo de cualquier cártel, el Congreso de la Unión pasó por encima de las leyes, imponiendo la ley del más fuerte, para que aprendan a respetar, dijeron.
vie 18 octubre 2024 06:05 AM
bancos reforma judicial
Entre funcionarios ya no habrá juzgadores que digan y hagan respetar lo que la ley dice, prevalecerá aquel que más capacidad tenga de hacer cumplir sus determinaciones, por la buena, o por la mala, considera Gabriel Reyes Orona.

Han masacrado a la gallina de los huevos de oro en materia de prosperidad. Una nación, sin un Poder Judicial que goce de una sólida preparación técnica, no tiene futuro alguno. Hemos llegado al punto en el que el Consejo de la Judicatura Federal se ha plegado a los caprichos del Poder Legislativo, confrontando directamente, y sin recato, a magistrados y jueces, a quienes traicionó. Atropelló a mansalva un mandato constitucional, con lo que perdió no sólo la integridad, sino también cualquier viso de dignidad, y ya no digamos, respetabilidad. Hacia el interior de la estructura todo comienza a derrumbarse, y, en la descomposición institucional, cada quien buscará rescatar lo poco que quede del trabajo al cual dedicó toda una vida.

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Al más puro estilo de cualquier cártel, el Congreso de la Unión pasó por encima de las leyes, imponiendo la ley del más fuerte, para que aprendan a respetar, dijeron. Hicieron trizas la exigibilidad de las suspensiones en materia de amparo, sin darse cuenta de que, sin esa medida cautelar y la efectividad del medio de impugnación, las leyes que dicten quedarán a la deriva, ya que no habrá autoridad a las que ellas les merezca respeto alguno. Será el sujeto obligado el que decida la forma y términos en que acatará, o no, lo que dicen las normas. Hemos vuelto al imperio del hecho, dejando atrás el derecho. Todo ha quedado prendido de alfileres, y las leyes nacionales se obedecerán, pero no se cumplirán.

Los ciudadanos ya no tendrán incentivo alguno para vivir dentro del margen de la ley, y sólo buscarán el evadirla, así como evitar el ser sorprendidos y recluidos por una autoridad administrativa que carece de límites y restricciones, cuya observancia, antes, quedara confiada a un garante imparcial. Es claro que en ese esquema nadie debe salvaguardar el mantenerse dentro de los linderos de la ley, al no haber tribunales, serios e independientes, que los marquen. Una vez que seamos privados de tribunales investidos de credibilidad, que digan si se cumple o no con ellas, las leyes se tornarán en algo acomodaticio y manipulable. Han vuelto vil la función que equilibraba los intereses, por lo que, a partir de ahora, será la fuerza, y no la razón, la que acabe imponiéndose. Al principio sólo será en asuntos que involucren a la autoridad, pero, con el tiempo, aún en los privados se dará la vuelta a los juzgados, todo será un toma y daca.

Ese poder totalitario y absoluto, al que han acudido los legisladores, será causa de descomposición social, y poco, si no es que nada, importarán las leyes que salgan de esos burlesques a los que aún llaman Cámaras. Lo que importará será salirse con la suya, como lo hacen los funcionarios, táctica que los ciudadanos aprenderán bien pronto.

El Poder Judicial de la Federación era la piedra de toque que mantenía cohesionado al pacto federal y la vigencia del derecho patrio, ya que, sin él, gobernadores, munícipes y demás ordenes de autoridad no tienen por qué respetar a los arrogantes e ignorantes funcionarios del centro, que sólo han mostrado gran experiencia en hablar, denostar y acabar con el marco institucional. Ninguno de los prominentes parlamentarios tiene en su haber hechos que les haga respetable, ni mucho menos han contribuido a que el país progrese, se trata de mercenarios de la política que miden sus logros en la capacidad de hacer realidad los despropósitos que marca el evangelio según San López. Sin una balanza, todos los funcionarios y autoridades son iguales, presenciamos un cambalache moderno.

Entre funcionarios ya no habrá juzgadores que digan y hagan respetar lo que la ley dice, prevalecerá aquel que más capacidad tenga de hacer cumplir sus determinaciones, por la buena, o por la mala. La presidencia será el gran árbitro que diga a quién debe hacerse caso, por lo que, a la larga, tendrá que administrar justicia como se hacía en el medioevo. Mezquino poder que cansa, pero, a la larga, pone al soberano en manos de la turba, pues tendrá la culpa de todo mal.

No tienen la más remota idea los neocavernícolas de lo que están haciendo, dado que el poder les fue entregado sin merecimientos por lo más abyecto del crimen organizado. Una vez que terminen de agotar las arcas nacionales, comenzarán a abrevar desesperadamente en los bolsillos de los ciudadanos. Será entonces cuando se caiga en cuenta de que son todo, menos sujetos dignos de gobernar. Empezarán a buscar cómo grandes empresarios pagan tributos que brotarán de su febril imaginación. Tendrán que hurgar tiempo atrás, allá, cuando existían condiciones económicas propicias a la generación de utilidades, dado que ahora, los márgenes de ganancia son tan pingües, que sólo generan magros ingresos fiscales. Terminarán “legislando”, para que el gobierno se agandalle recursos, aun agotando la fuente contributiva, esa, que genera empleos. Resultará sencillo, ya que no habrá tribunales que preserven garantías tributarias.

El FMI ya ha advertido que el gobierno mexicano no podrá seguir pagando los generosos intereses que se pagan al agio internacional, por lo que México, “inaceptablemente”, pudiera mermar la fortaleza de fondos de inversión y grandes consorcios financieros del exterior. Acabarán imponiéndole a éste una agenda legislativa, en pos de una “gran reforma fiscal”, que transfiera la riqueza nacional a los centros operativos de las grandes compañías que manejan la economía internacional.

Cuatreros y ‘cuatroteros’ se aprestarán a apelar a la soberanía, dirán que nadie les impone qué hacer, y qué no hacer, pero su arrogancia terminará allá, por enero, cuando se negocien líneas bilaterales y otros importantes financiamientos. Verán cómo Pemex y la CFE, con todo y su investidura estatal, terminarían su frívola aventura en el mundo de la energía, en tan sólo unos cuantos meses, sin el financiamiento que viene de fuera, así que el frenesí decaerá.

La soberbia de aquellos con fuero mermará, cuando alguien con más poder y fuerza les mida con la misma vara que aplicaron. Verán que el T-MEC, es, ante todo, primero USMC. Algunos lo saben, por eso se aprestan a aprobar, a toda prisa, todo tipo de barbaridades. No caen en cuenta de que de bravatas legislativas no viven los mexicanos, y pronto, verán cómo tendrán que tragarse sus dictámenes, minutas y publicaciones. Volverán a la mesa, y no sólo el tiempo, sino que, sobre todo, el talento, les faltará para reparar el daño. Hemos retrocedido décadas, y no será fácil retomar el paso.

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Parece fácil el aposentarse en la necedad, cuando existen arcas llenas que mantienen el asistencialismo, pero no cuando se rascan los vestigios de los ahorros que se formaron a lo largo de décadas. En lugar de imponer una estéril razzia ideológica, debieron dedicar el tiempo a fomentar condiciones en las que la nación pudiera capotear, en buena forma, el temporal que está por venir. Mal las cosas irían con Harris, pero sin duda, peor, con Trump. Dilapidaron el tiempo regresando a caducos y obsoletos modelos económicos que ya ni en Rusia aplican. A finales de enero, justo antes de empezar el próximo período legislativo, verán el pantano que formaron en tan sólo unos meses.

La descomposición comenzó cuando el ministro Pérez se acercó a los operadores del partido oficial. Teniendo a su promotor fuera del país, decidió pactar. Hay que negociar, diría Sancho en la ínsula Barataria, oficio que no provee viandas a su dueño, no vale dos habas. Así que, como el roedor del mismo nombre, decidió ceder, obteniendo algo a cambio. La plaza fue vendida, y con ella, magistrados y jueces. Al transar el ansiado cobijo, no le importó abrir la puerta para que se imponga la ley de la selva, esa, que no necesita de jueces, dado que se aplica por la fuerza.

Será más fácil a los Yunes desdibujar su infausto apelativo en un par de generaciones. Sí, por algo ya nadie se apellida López de Santa Anna. La presión social tarde o temprano hace lo suyo. Sin embargo, el Pérez, por su aplastante numerosidad, llegó para quedarse. Se guardará recuerdo del efecto corruptor que tuvo su “negociación”. Quid pro quo que dejará, muy probablemente, sin acceso al debido proceso, a varias generaciones de mexicanos.

Ya no se trata de quedar bien con el gobierno, disponiendo de las potestades que derivan del cargo como si fueran propias, sí, engordando la vista al analizar abusos y tropelías de los funcionarios. Se trata de valores y principios no renunciables, ni negociables. Ya no se trata de boletos o palcos mercados en lo oscurito, se trata del bienestar de todos.

En breve, los que están en el poder aprenderán que las leyes, sin un Poder Judicial independiente, confiable y digno, no son sino palabras que se lleva el viento. Todo queda al garete, dependiendo de la mayor o menor capacidad de burlarla. Comenzarán los burócratas, pero el efecto descenderá hasta lo más bajo, igualando a la población con todo ese enorme submundo del crimen organizado, en el que la justicia nada importa. Seremos un banco de dos patas, una nación de dos poderes, que sólo se sostiene por la saliva que espetan lenguaraces políticos.

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Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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