Necesitamos un México donde el motor energético no arrastre consigo al resto del aparato productivo. Hoy, la deuda de Petróleos Mexicanos con sus proveedores —404,000 millones de pesos al cierre de marzo, pese a la reducción del 20% respecto a 2024— amenaza con fracturar la cadena de valor que impulsa a miles de mipymes y comunidades enteras. ¿Podemos concebir un proyecto de país que deje en el abandono a quienes sostienen sus operaciones y sostienen familias?
Durante este primer trimestre, si bien es positivo que Pemex haya cubierto 147,000 millones de pesos, los números duros nos recuerdan que la crisis persiste: pérdida neta de 43.3 mil millones, caída de 11.3% en la producción petrolera y de 8.7% en la de gas, ingresos que se redujeron 2.5% y un flujo de caja (EBITDA) que, aun siendo el más alto desde 2022, resulta insuficiente para cubrir la carga financiera de más de 2 billones de pesos. Estos datos no son meros reportes trimestrales: son el pulso económico de regiones como Tamaulipas, Campeche, Tabasco y Veracruz, donde proveedores ven peligrar sus inversiones, sus nóminas y su capacidad de innovar.
No olvidemos que detrás de cada factura pendiente existe una historia de esfuerzo: talleres familiares que migraron de generación en generación; talleres de herrería y soldadura que abastecen instalaciones de refinerías; pequeñas ingenierías que diseñan piezas críticas para mantener en marcha las bombas de extracción. Cuando Pemex retrasa un pago, obliga a estas empresas a encender alertas de quiebra, a despedir personal y, en muchos casos, a sacrificar su patrimonio personal para honrar compromisos fiscales y laborales.
Resulta aún más grave la denuncia de presiones y opacidad en los procesos de pago. En una entidad que pertenece a todos los mexicanos, el acceso a recursos legítimos depende de favores, mediaciones o presiones ajenas al contrato y la facturación. La transparencia no es una bandera decorativa: es la condición indispensable para reconstruir la confianza, incentivar nuevas inversiones y garantizar que la gran reforma energética funcione con justicia y eficiencia.
Por ello, el Gobierno Federal y la dirección de Pemex deben publicar de inmediato un calendario público de saldos y fechas de pago, accesible y verificable por cualquier proveedor, grande o pequeño. Deben revelar el estado real de los pasivos, los mecanismos de financiamiento remanente y los criterios para priorizar los vencimientos. Así evitaremos un laberinto de incertidumbre y eliminaremos la necesidad de que empresarios deban recurrir a vías informales para cobrar lo que les corresponde.
Sabemos que una empresa petrolera solvente resulta estratégica para la seguridad energética y la balanza comercial del país. Pero insisto: esa solidez no puede construirse sobre el endeudamiento de los que menos tienen. Cuando la gran industria falla a los eslabones de su cadena, falla la cohesión social, se erosiona la confianza en las instituciones y se incrementa el costo político de la inversión.
Confío en un México donde el desarrollo energético y el crecimiento equitativo vayan de la mano. Un país que paga sus deudas con puntualidad y transparencia. Un México donde la gran reforma energética se refleje en empleos formales, condiciones laborales dignas y en un entorno de certidumbre para los empresarios que creen en el futuro de nuestra nación.
Exigir el pago íntegro a proveedores no es solo defender un derecho: es proteger el proyecto de país que todos nos merecemos. No debemos dar un paso atrás hasta ver a Pemex cumplir con su responsabilidad y, con ello, garantizar que la renovación energética beneficie a toda la cadena productiva y a cada una de las familias que la integran.
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Nota del editor: Juan José Sierra Álvarez es Presidente Nacional de COPARMEX. Síguelo en Facebook y/o en Instagram . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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