ONU80 llega en un momento muy difícil para la organización. La institución sufre problemas de liquidez financiera y una grave crisis de legitimidad. Cuestionada por su fracaso para alcanzar un desarrollo económico sostenido en los países del sur global, sus limitaciones para alcanzar un compromiso diplomático en materia de calentamiento global, su ineficiencia en la gestión de la pandemia SARS Covid-19, su incapacidad para acordar el fin de las guerras en Ucrania y Gaza o para evitar la reemergencia de conflictos armados en diversos lugares del mundo como Sudán, Haití o Myanmar, etc.
La institución vive el momento más turbulento de toda su historia, con debates vehementes en el seno del Consejo de Seguridad, donde las cinco potencias permanentes -China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia- rara vez se escuchan y no logran consensos. Y lo mismo sucede en la Asamblea General, integrada por 193 Estados, profundamente divididos en torno a las prioridades de la organización.
¿Qué tan profunda y qué tan radical podría ser la reforma organizacional de la ONU? Se desconocen muchos detalles en este momento. Una primera respuesta la tendremos en septiembre, cuando se presenten las primeras acciones concretas. Pero, por lo que hasta ahora ha revelado Guterres, se propone una organización “que vuelva a lo básico”, menos burocrática y más costo-efectiva.
En el corto plazo, el énfasis de la reforma va a favor de:
(i) racionalizar su personal, es decir, disminuir la plantilla o trasladar operaciones a lugares de destino con menor costo;
(ii) depurar los mandatos, es decir, disminuir las responsabilidades y tareas asignadas de manera progresiva por los Estados miembros a la organización; y
(iii) fusionar instancias operativas que comparten mandatos o los duplican, reduciendo así, la fragmentación y descentralización del sistema en su conjunto.
En el largo plazo, contemplan reformas institucionales mayores como la posibilidad de alcanzar un mayor margen de autonomía financiera, la inclusión de un miembro permanente en el Consejo de Seguridad, representante del continente Africano (aunque posiblemente sin veto), o la reactivación del Consejo de Administración Fiduciaria para la gestión de Estados fallidos. Todo ello está por verse.
Pero, aunque la reforma era necesaria e inevitable, tal vez llegó tarde. António Guterres está a menos de 18 meses de cerrar su segundo y definitivo periodo en el cargo, por lo que pronto comenzarán a perfilarse las candidaturas y propuestas para dirigir la organización, lo que probablemente, en la práctica, podría modificar e incluso desestimar la iniciativa ONU80.
Sin embargo, lo que se presentará en septiembre sentará las bases para abrir una discusión clave y estratégica: ¿cuál será el objetivo fundamental de una ONU en las condiciones prevalecientes de potencias no cooperativas y rompimiento de las lógicas multilaterales? Y, si además se piensa una ONU empequeñecida, una organización que se plantea volver a lo básico (es decir, una ONU con menos capacidades de acción y limitada a un espacio de organización de acuerdos), entonces ¿cuál sería su papel en el contexto de fractura geopolítica y competencia desatada entre las grandes potencias?
Aunque los primeros pasos son de sentido común: no se puede operar realistamente los más de 40,000 mandatos o tareas asignadas, por los propios Estados que la critican y escamotean sus recursos; no se puede mejorar la coordinación de las operaciones en el terreno con un sistema fragmentado de instancias técnicas con mandatos duplicados que compiten por recursos y proyectos; no se pueden tomar acciones expeditas cuando se carece de autonomía financiera, entre otros fuertes dilemas fácticos.
La iniciativa ONU80 tendrá que lidiar con un sistema organizacional complejo y descentralizado, con una organización compuesta de muchas otras organizaciones con diferentes misiones y retos.
Reducir el personal del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (DOP)y el Departamento de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz (DPPA), o fusionar la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con el Alto Comisionado de las Naciones para los Refugiados (ACNUR), no necesariamente generará, en automático, una mejor coordinación de las operaciones en el terreno.
Reducir a la organización a su condición de foro de negociación, donde todos los Estados se pueden reunir, negociar y conversar, defender principios y alcanzar algunos pocos acuerdos, no generará, per se, un orden más pacífico.