Además, a diferencia de hace 20 años, las Fuerzas Armadas ya no tienen el control del espacio aéreo, señala la analista del Crisis Group, quien recuerda que los grupos armados y criminales ahora cuentan con tecnología, como drones, que dificultarán las labores.
Sin embargo, Vega tiene una visión más optimista, pues cree que el mayor presupuesto al ejército, así como la mayor cooperación con agencias de seguridad estadounidenses y de inteligencia israelí, permitirán un combate más afectivo del crimen organizado.
Los acuerdos de paz en riesgo
El desarme de este centenar de guerrilleros fue el mayor avance de la "paz total" de Petro, la política con la que intentó sin éxito negociar con todos los grupos armados.
En Colombia, estos acuerdos suelen despertar desconfianza en las guerrillas luego de que más de 480 firmantes de paz fueran asesinados en la última década, según la Defensoría del Pueblo.
Tras el histórico pacto de 2016 que desarmó al grueso de las marxistas FARC, algunos de sus comandantes retomaron las armas alegando supuestos incumplimientos del Estado y desataron una nueva violencia.
Pero muchos exguerrilleros temen que con el nuevo gobierno, las cosas cambien.
González recuerda que De la Espriella ha sido muy crítico de los Acuerdos de Paz desde hace mucho tiempo, pues reprocha que no se respetó el resultado del plebiscito de 2016, en el que la mayoría de los colombianos rechazaron su implementación.
“De la Espriella ha sido especialmente crítico con la Jurisdicción Especial para la Paz”, el tribunal de justicia transicional encargado de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves del conflicto armado ocurridos antes del 1 de diciembre de 2016, dice la analista.
El Tigre ha dicho que planea desmontar este tribunal. En un discurso, el próximo mandatario dio de plazo hasta el viernes a los miembros de las mafias para que se sometan a la justicia ordinaria. De lo contrario, les esperan dos caminos: "Muerte o cárcel”.
Sin embargo, el presidente electo ha mostrado su disposición a acatar las normas constitucionales que ordenan la implementación de los acuerdos hasta por lo menos 2030, por lo que Vega y González no temen por un abandono total de la agenda.
Para la analista del Crisis Group, el nuevo presidente colombiano debería acelerar la implementación de los acuerdos de paz, ya que estos son la hoja de ruta más completa para combatir las causas estructurales de la violencia que arrastra a Colombia desde hace más de 60 años.
