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La Taxonomía Sostenible de México busca llevar la Agenda 2030 al financiamiento

México necesita convertir sus compromisos de sostenibilidad en inversiones concretas. La Taxonomía Sostenible establece criterios para orientar el financiamiento hacia actividades con impacto ambiental y social positivo.
Solyndra fue la primera fabricante de paneles solares que quebró pese al apoyo del Gobierno.  (Foto: Getty Images)
Solyndra fue la primera fabricante de paneles solares que quebró pese al apoyo del Gobierno. /

En los últimos años, el concepto de sostenibilidad ha dejado de ser una aspiración abstracta para convertirse en un eje estratégico tanto para las empresas como para los gobiernos; sin embargo, aunque el uso del concepto de sostenibilidad cada vez es más frecuente, muchas veces no hay una comprensión clara de su alcance. La sostenibilidad a menudo se reduce a iniciativas ambientales o prácticas de responsabilidad social corporativa, cuando en realidad implica una transformación mucho más profunda: la forma en que producimos, consumimos y organizamos nuestras sociedades a largo plazo.

Hablar de desarrollo sostenible supone ir más allá de la lógica individualista y situarse en una perspectiva sistémica. La narrativa sin acciones ya no es suficiente, es importante que, tanto organizaciones como gobiernos, más allá de registrar datos e indicadores ambientales y sociales, integren variables económicas, sociales y ambientales como parte de sus modelos de crecimiento en donde todos los actores, gobiernos, empresas, organizaciones e individuos, contribuyan con acciones concretas.

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En este sentido, el desarrollo sostenible plantea un equilibrio entre la generación de riqueza, la inclusión social y la preservación de los recursos naturales, reconociendo que estos tres pilares son interdependientes y no pueden abordarse de manera aislada. Esta distinción es clave para evitar una visión fragmentada de los problemas globales que afectan a toda la sociedad. Mientras que a nivel corporativo la sostenibilidad suele medirse a través de métricas operativas, a nivel país se traduce en políticas públicas, marcos regulatorios y estrategias de desarrollo que buscan generar bienestar sostenido en el tiempo.

Algunas preguntas en las que podemos reflexionar son:

· ¿Cómo se define el progreso social y ambiental más allá del crecimiento económico?

· ¿Qué indicadores permiten evaluar si un país avanza de manera sostenible?

· ¿Cómo se alinean estos indicadores con los compromisos globales?

La necesidad de establecer metas e indicadores claros es el puente entre el discurso y la acción. Iniciativas como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) han abierto una ruta común para que gobiernos, empresas y sociedad civil compartan un lenguaje y una dirección: la Agenda 2030.

Este plan de acción global creado por Naciones Unidas, y del cual México es firmante, tiene como objetivo atender las problemáticas más graves del mundo en favor de las personas, el planeta y la prosperidad; está integrado por 17 ODS, y su lógica central es muy clara: no puede haber desarrollo económico duradero, si se ignoran la inclusión social y la protección ambiental.

La implementación efectiva de la agenda común depende de la capacidad de alcanzar estos objetivos en contextos nacionales específicos, traduciéndolos en métricas verificables que permitan monitorear avances, identificar brechas y tomar decisiones informadas. En este sentido, la Taxonomía Sostenible de México, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), representa un marco relevante en la política pública, ya que establece un sistema de clasificación para identificar actividades económicas con impactos ambientales y sociales positivos y, con ello, orientar la movilización y reorientación del financiamiento público y privado hacia proyectos considerados sostenibles, al tiempo que mejora la información para los mercados y ayuda a reducir el riesgo de greenwashing.

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¿Qué es la Taxonomía Sostenible de México?

Es una guía común para saber qué actividades económicas pueden considerarse sostenibles bajo criterios técnicos, basados en evidencia. En su primera fase, la Taxonomía abarca tres metas específicas: mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático e igualdad de género.

Además, contempla 124 actividades distribuidas en seis sectores económicos: agropecuario y forestal, energía y agua, construcción, manufactura, transporte y manejo de residuos. La igualdad de género, por su parte, se incorpora de manera transversal mediante un Índice de Igualdad de Género, para evaluarla en tres dimensiones principales: trabajo digno, bienestar e inclusión social, lo cual convierte a la mexicana en la primera taxonomía a nivel mundial en incorporar desde su diseño un objetivo social de esta naturaleza.

La Taxonomía Sostenible de México funciona como una traducción práctica de la visión de la Agenda 2030, ayudando a definir qué tipo de actividades conviene financiar para acercarnos al logro de los ODS.

Relación entre la Agenda 2030 y las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC [1] )

Todos hemos escuchado el concepto de cambio climático, que está directamente relacionado con las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), las cuales se generan principalmente por el consumo de energía (electricidad, combustibles y gases) de fuentes no renovables.

El problema a nivel global es grave, ya que afecta no solo el medio ambiente, sino también a la sociedad, la salud pública y la economía. Para mitigar los efectos de los GEI se crearon compromisos climáticos llamados NDC, que cada país presentó en el marco del Acuerdo de París y para lo cual México estableció metas ambiciosas de reducción.

[1] Por sus siglas en inglés: Nationally Determined Contributions (NDC).

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Sin embargo, sin mecanismos que ordenen el flujo de recursos, los compromisos climáticos corren el riesgo de quedarse en el papel. Las NDC dicen hacia dónde debe ir México, mientras que la Taxonomía ayuda a responder cómo movilizar el dinero para llegar ahí. En otras palabras, la Taxonomía convierte la sostenibilidad en un lenguaje operativo, y eso es fundamental, porque el reto climático ya no es solo definir metas, sino crear señales correctas para el mercado, basadas en información confiable. Un país puede anunciar compromisos ambiciosos, pero si el sistema financiero no sabe distinguir con precisión qué proyectos apoyan esos compromisos, la ejecución se vuelve lenta, costosa y confusa.

Mientras la Agenda 2030 define el horizonte de transformación deseable, la Taxonomía contribuye a precisar qué tipo de actividades económicas pueden ser consistentes con dicho horizonte. La sostenibilidad sin criterios operativos comunes corre el riesgo de diluirse en narrativas corporativas heterogéneas y poco comparables.

En este sentido, la Taxonomía Sostenible de México debe entenderse como una pieza de infraestructura institucional para la transición sostenible de nuestro país. Su valor no reside únicamente en clasificar actividades, sino en reducir asimetrías de información, generar señales consistentes para el mercado, fortalecer la integridad de los instrumentos financieros sostenibles y articular, bajo criterios verificables, los objetivos nacionales de desarrollo con las exigencias del régimen climático internacional.

Con la NDC 3.0 de México, activa desde el 17 de noviembre de 2025, nos encontramos en una nueva etapa que incorpora una estructura más amplia con componentes de mitigación, adaptación, pérdidas y daños, medios de implementación y temas transversales, además de una meta absoluta de emisiones hacia 2035. Esto significa que México está entrando a una fase en la que la ambición climática exige aún más instrumentos de implementación y de alineación financiera.

Ahora, más que nunca, la Taxonomía Sostenible de México no debe verse como un documento técnico reservado para especialistas, sino como una pieza de infraestructura institucional para el desarrollo del país. Su importancia radica en que ordena prioridades, reduce la discrecionalidad, genera confianza y acerca el sistema financiero a los objetivos públicos de largo plazo.

En un contexto donde la sostenibilidad puede convertirse fácilmente en un discurso, México necesita herramientas que den seriedad y dirección. La Taxonomía hace precisamente eso: pone reglas, define criterios y ofrece una brújula. En tiempos de urgencia climática, desigualdad persistente y presión por cumplir la Agenda 2030, contar con una brújula confiable no es un lujo, es una necesidad.

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Nota del editor: Jessica Jiménez, socia de Asesoría en Sostenibilidad, y Rebeca de la Torre, gerente Senior de Asesoría en Sostenibilidad de KPMG México.

Nota: las ideas y opiniones expresadas en este escrito son de quienes firman el artículo y no necesariamente representan las ideas y opiniones de KPMG México.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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