México continúa operando con una Ley Federal de Juegos y Sorteos cuyo origen se remonta a 1947 y un reglamento expedido décadas después. La edad de una norma, por sí misma, no la vuelve inservible. El problema aparece cuando la actividad que debe ordenar cambia de naturaleza.
Una plataforma digital puede atender consumidores mexicanos, procesar pagos electrónicos, utilizar proveedores tecnológicos ubicados en distintas jurisdicciones y ofrecer productos que difícilmente podían imaginarse cuando se diseñó el marco original. Esa distancia entre mercado y regulación acaba produciendo incertidumbre para empresas, autoridades y consumidores.
Aquí México enfrenta una decisión que no es exclusiva del mercado del juego, ya lo hemos visto con fintech, plataformas digitales y otros sectores que avanzan más rápido que la capacidad regulatoria tradicional: cómo establecer reglas que protejan al consumidor y den capacidad de supervisión al Estado sin cerrar espacios a la inversión y a la innovación. En el caso del iGaming, el equilibrio es especialmente delicado. El juego tiene riesgos sociales específicos y necesita controles propios. Por ejemplo, mientras mayor sea su penetración digital, más importantes se vuelven la protección al usuario, la seguridad, la transparencia y la capacidad de distinguir entre operadores que cumplen las reglas y quienes funcionan fuera de ellas.
La certidumbre también tiene una dimensión económica. Para una empresa internacional que decide dónde invertir, el tamaño del mercado es apenas una parte de la ecuación. Pesan igualmente el régimen fiscal, la claridad de los permisos, la seguridad jurídica, la facilidad para operar con socios locales, la infraestructura de pagos y, sobre todo, la posibilidad de anticipar las reglas bajo las cuales tendrá que competir. México tiene algo que muchos mercados de la región no pueden replicar fácilmente: escala y geografía al mismo tiempo.
Puede ser un mercado atractivo por sí mismo y, a la vez, funcionar como punto de conexión entre Norteamérica y América Latina. Esa posición ayuda a explicar por qué un encuentro como SiGMA decide establecer aquí su primera edición norteamericana, pero también abre una conversación mucho mayor sobre qué papel quiere jugar el país en las industrias digitales que están surgiendo alrededor del entretenimiento.
Atraer una conferencia es relativamente sencillo frente al siguiente paso: conseguir que alrededor de esos mercados se desarrollen empresas, proveedores, tecnología, talento y capital que permanezcan en México. Ese es, a mi juicio, el verdadero punto de interés.
Durante tres días de septiembre habrá inversionistas, operadores, proveedores tecnológicos y representantes del sector público reunidos en la Ciudad de México. Habrá contratos, reuniones, habitaciones ocupadas y consumo. Todo eso tiene valor y puede medirse. Lo verdaderamente importante será lo que ocurra después.
México ya tiene consumidores, conectividad y escala; también, cuenta con una industria de servicios suficientemente sofisticada para participar en una cadena de valor más amplia. Lo que necesita definir con mayor claridad son las reglas bajo las cuales quiere que crezca esta actividad y cuánto del valor que genera quiere capturar dentro del país. El mercado se está moviendo de cualquier manera. La diferencia estará en si México se limita a observar ese crecimiento o crea las condiciones para convertirlo en una industria más ordenada, con inversión, proveedores locales y competencia bajo reglas claras.
