Organizaciones interponen juicio de amparo contra diputados por opacidad

Organizaciones académicas y de la sociedad civil interpusieron un juicio de amparo en contra de la Cámara de Diputados por un presunto recorte del gasto a programas sociales como educación y salud para crear fondos poco transparentes, informaron en conferencia de prensa este martes.

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y México Evalúa explicaron que el juicio de amparo presentado, se basa en que durante noviembre de 2015, los diputados federales excedieron su facultad constitucional para “modificar” el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), “creando” fondos dentro del Ramo 23, los cuales no cuentan con objetivos, reglas de operación o mecanismos de evaluación claros.

El presupuesto del Ramo 23 aumentó de 5,000 millones de pesos (mdp) en 2015 a 142,000 mdp en 2016, de acuerdo con las cifras que presentaron estos organismos.

“El ramo 23 es de los más oscuros en el Presupuesto de Egresos de la Federación”, señaló Edna Jaime, directora de México Evalúa, en conferencia de prensa.

De acuerdo con su indagatoria, los diputados federales están atribuyendo competencias más allá de lo establecido en la Constitución para facilitar el uso discrecional y opaco de los recursos federales.

“Estamos impugnando la capacidad del Congreso para crear programas de gasto público (...) Ante la ausencia de una justificación se genera una duda de la utilidad en la asignación de recursos”, comentó a su vez Juan Pardinas, director del Imco.

Los recursos utilizados para la creación de estos nuevos fondos irregulares provienen de recortes aprobados por los mismos diputados federales, a programas en materia de salud y educación. La motivación para la creación de los nuevos fondos irregulares es transferir recursos federales a las entidades federativas, pero estas organizaciones advierten dos problemas.

El primero es que si la meta era la reasignación de recursos, los diputados federales pudieron haber hecho uso de programas presupuestarios y fondos ya existentes en otros ramos administrativos, siempre y cuando, la legislación lo permitiera. Además, para reasignar recursos a los estados, los diputados debieron haber modificado la Ley de Coordinación Fiscal previo a la aprobación del decreto del PEF, lo cual no ocurrió, denunciaron.

“La corrupción existe cuando se mezcla opacidad y discrecionalidad”, comentó Pardinas, del Imco.

La fecha clave: 7 de julio

Ante el juicio de amparo, la Procuraduría Fiscal de la Federación interpuso un recurso de queja contra su admisión, mismo que fue declarado sin fundamento por el Tribunal Colegiado Décimo Sexto de Circuito en Materia Administrativa el pasado 4 de mayo, informaron estos organismos en un comunicado.

Como resultado de ello, la resolución de fondo del juicio de amparo se retrasó durante dos meses, informó México Evalúa, el Imco y el CEEY.

“Es un amparo de interés general porque estamos buscando el interés público (…) Queremos cerrar las puertas a la opacidad; estamos peleando nuestro derecho a un mejor estado”, comentó el abogado José Roldán Xopa, quien ha estado involucrado en el juicio de amparo de las organizaciones.

Ahora, el Juzgado de Distrito que conoció inicialmente el amparo, fijó como nueva fecha para la audiencia constitucional el 7 de julio del presente año, con el fin de resolver la cuestión de fondo del amparo.

“Es importante que el juicio de amparo se lleve a cabo en la fecha establecida, ya que de retrasarse nuevamente éste podría perder su validez, ya sea porque se agoten los recursos públicos destinados a los fondos en cuestión o porque el PEF 2016 haya perdido vigencia, lo cual ocurrirá el 31 de diciembre de 2016”, informaron las organizaciones.