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El PRI y el PAN 'compiten' por qué gobernador va primero en corrupción

Los dirigentes de los principales partidos acceden a que sus correligionarios sean investigados, pero enfatizan los supuestos actos deshonestos de sus rivales políticos.
lun 17 octubre 2016 07:44 PM
Los góbers señalados
Los góbers señalados Javier Duarte y Guillermo Padrés son algunos de los mandatarios acusados de presuntos actos de corrupción, que han enfrentado a los líderes de PRI y PAN, Enrique Ochoa y Ricardo Anaya, respectivamente.

Los dirigentes nacionales del PRI y del PAN están de acuerdo en algo: que se investiguen los casos en que gobernadores emanados de sus respectivos partidos son acusados de corrupción... pero incluso dentro de este acuerdo rivalizan al resaltar los supuestos actos deshonestos de sus opositores.

Mientras que Acción Nacional reclama castigo para el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, y los exmandatarios de Chihuahua, César Duarte, y de Quintana Roo, Roberto Borge, el tricolor pidió hacer lo mismo con el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, quien desde el viernes es buscado por la Interpol. Ambos institutos políticos suspendieron los derechos partidistas de los exgobernantes señalados como medida cautelar.

Las autoridades federales han informado que investigan al priista Javier Duarte y al panista Guillermo Padrés, pero... ¿quién será el primero en sentarse en el banquillo de los acusados?

Priistas sin ‘blindaje’ partidista

Además de las acusaciones sobre presunta corrupción, los gobernantes priistas compartieron señalamientos de que habían impulsado mecanismos de "blindaje" por posibles investigaciones de parte de las administraciones entrantes, encabezadas por panistas. Esto, luego de que el PRI perdió las elecciones en entidades como las mencionadas: Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua.

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El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, reclamó que dichos mandatarios contaban con fiscalías y magistrados anticorrupción a modo, con lo que crearon un "paquete de impunidad" que atentaba contra el Sistema Nacional Anticorrupción

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto impungó en julio estas medidas, a través de acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la Procuraduría General de la República (PGR) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) .

Anaya consideró esto como "un nuevo triunfo" de Acción Nacional.

“Debe entenderse, de una vez por todas, que en el México de hoy el que la hace la tiene que pagar. Acción Nacional ha alzado fuerte la voz, junto con los ciudadanos, para denunciar los blindajes de quienes, no queda ninguna duda, han robado y lastimado a las familias de sus estados, concretamente en Veracruz, con Javier Duarte; Quintana Roo, con Roberto Borge, y Chihuahua, con César Duarte”, dijo Anaya en su momento.

En respuesta, el dirigente del PRI, Enrique Ochoa, aseguró que el partido no permitiría actos de corrupción.

El pasado 26 de septiembre, el partido suspendió los derechos partidistas de Javier Duarte, ante la investigación que la PGR inició en su contra por enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal. Hasta el momento, mantiene abierto el proceso interno contra Roberto Borge y César Duarte.

El otro desaparecido

El líder del PRI recordó que el PAN también cuenta con políticos que están siendo investigados por las autoridades, como es Padrés, por lo que reprochó tardanza en atender este caso.

“El PRI ha exhortado a las autoridades federales a que continúen las investigaciones sobre los actos señalados a Javier Duarte. En México la corrupción debe ser castigada, los corruptos deben ser castigados (...) El PAN tardó más de un año en llevar a cabo un proceso de rendición de cuentas políticas al interior de su partido, es una muestra de la doble moral y del doble discurso de Ricardo Anaya y el PAN”, contrastó Ochoa el pasado sábado.

Ochoa destacó que Anaya reconoció haberse reunido con Padrés en las instalaciones del PAN, sin que diera aviso a las autoridades, por lo que llamó a explicar el motivo del encuentro y los detalles del mismo.

La Interpol emitió este fin de semana una ficha roja para localizar y detener al exgobernador, que se encuentra prófugo de la justicia y que cuenta con acusaciones en su contra por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero.

Según el documento, el sonorense es buscado en al menos 190 países y se presume que podría ubicarse en Centroamérica.

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