La molestia por el gasto de los políticos llega a los jitomatazos (literalmente)
Esta vez no son marchas, consignas o mantas, ni una oleada de furibundos mensajes en redes sociales. La nueva muestra de indignación contra los políticos mexicanos llegó en forma de jitomatazos.
El responsable de esta estrategia es Arne aus den Ruthen —un expanista que actualmente se dedica a exhibir prácticas que considera “gandallas” de parte de servidores públicos y otros ciudadanos—, quien este miércoles encabezó a un grupo de personas que arrojó jitomates al diputado del PRI César Camacho.
Arne —exdiputado local en la Ciudad de México, exdelegado en Miguel Hidalgo y excity manager de la misma demarcación— promueve la iniciativa “JitomatazoMX, en tu cara diputado”, que a través de una cuenta de Twitter demandó a la bancada del PRI en San Lázaro regresar el bono navideño, una aportación extra por 150,000 pesos depositada a la mayoría de los legisladores a finales de año, la cual ha desatado polémica y críticas. Con este dinero, sumado a sueldos y prestaciones, en diciembre de 2016 los diputados cobraron cerca de medio millón de pesos.
Arne afirma que la exigencia es que los legisladores reintegren los fondos a la Tesorería de la Federación (Tesofe), pues el bono es un ejemplo de "dispendio" y de que "la clase política que no tiene llenadera”.
El expanista explicó a El Financiero Televisión que él y el grupo que encabeza recurrieron a esta acción al no contar con recursos legales para exigir la devolución del dinero, y luego de que no obtuvieron respuesta a la solicitudes que plantearon en Twitter. La intención es señalarlos, no lesionarlos, afirmó.
“(Buscamos) protestar ante lo que está ocurriendo en el país, pero no afectando a los vecinos cerrando carreteras o calles, sino yendo directamente hacia los tomadores de decisiones. Queremos ponerle el dedo en la cabeza a los diputados que malversan fondos”, dijo este miércoles.
En el video de la agresión, se escucha que los manifestantes gritan al priista “¡devuelvan el bono navideño, carajo!” y “¡rata!”, mientras él intenta entrar a la sede de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México , de la cual también forma parte.
Camacho, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, señaló que el mismo miércoles por la noche presentó una denuncia de hechos ante las procuradurías capitalina y General de la República (PGR), y resaltó que además ha recibido amenazas de parte de este grupo, en el sentido de que estas acciones seguirán.
“Recibí impactos en la espalda, es evidente que se trata de un acto alevoso, premeditado, donde la ventaja de la sorpresa, del número, hace incluso que esto sea una expresión de cobardía”, dijo el priista a reporteros.
Arne, por su parte, subió a su cuenta de Twitter un video en el que se observa el acta que, comenta, acudió a levantar voluntariamente al Ministerio Público para “confesar” el jitomatazo contra Camacho, quien también fue dirigente nacional del PRI y gobernador del Estado de México.
“Me va a tener que acusar de ‘jitomaticidio’ porque no hay ningún tipo penal que encaje en la acción que hicimos. Asumo plenamente mi responsabilidad, no voy a rehuir a enfrentar la ley, violé diversos preceptos de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, vejé al diputado César Camacho, arrojé cosas a la vía pública y alteré el orden público, y estoy dispuesto a responder por mis actos, y con mucho gusto voy a pagar la multa de los 800 pesos que corresponde por mis acciones, pero que este señor regrese el medio millón de pesos que se voló”, comentó a El Financiero Televisión.
El activista propuso a Camacho una tregua: si regresa el bono, él le ofrecerá disculpas, pagará la tintorería para el traje sucio y dejará a los priistas para comenzar a ejercer presión a los diputados del PAN. Aunque no es diputado, el senador del PAN Roberto Gil ya está bajo la mira.
Políticos de todos los partidos condenaron el jitomatazo.
Hartazgo
Esta acción destaca entre las recientes demostraciones de inconformidad con la forma en la que se gastan los recursos públicos, entre las que a inicios de año despertó preocupación la ola de bloqueos y saqueos ocurridos en el marco de las protestas contra el alza en el precio de las gasolinas, que entró en vigor el 1 de enero .
Otro caso de políticos que han desatado indignación en redes sociales es el de la diputada federal del PRI Susana Corella Platt, quien declaró que no le alcanza lo que recibe para traslados, y que además no recibe vales de gasolina, por lo que debe usar el Metro y el servicio de Uber. Por ello, usuarios la etiquetaron como #ladynomealcanza.
“En mi caso, salgo yo teniendo que poner de mi bolsa, porque no nos alcanza. Si tú ves lo que cuesta un boleto de avión, ida y vuelta, no nos alcanza (...) En mi caso, yo tengo mucho apoyo, siempre lo he tenido de mi esposo, nunca he vivido de la política, he vivido siempre de mi esposo. En mi caso yo no necesito más”, dijo a reporteros.
El comentario fue criticado por usuarios, debido a que los sueldos que reciben los legisladores son mucho más elevados que el promedio de los trabajadores mexicanos, sin mencionar los bonos.
“¿Qué voy a regresar, perdón? No, te estoy diciendo que no me alcanza, me ponen dinero extra”, reiteró la priista, quien después ofreció disculpas en un video publicado por el portal SDP Noticias , en el que explicó que no se estaba quejando, sino que hablaba sobre las dificultades de sus labores como representante de los habitantes de Sonora, con recursos limitados de apoyo para traslado.
El senador del PAN Javier Lozano también se colocó en medio de la polémica al manifestarse en contra de reducir su salario, como proponen algunos planes de austeridad recientemente planteados para recortar gastos de los funcionarios, con la intención de generar ahorros y solidarizarse con las clases golpeadas por el ‘gasolinazo’.
“No, porque yo vivo de esto. Esa demagogia de decir ‘con mucho gusto doy la mitad de mi salario’... ¿y luego entonces qué, a robar o qué?”, cuestionó.
En sentido contrario, cinco senadores de su partido —Marcela Torres, Francisco Búrquez, Víctor Hermosillo, Ernesto Ruffo y Juan Carlos Romero Hicks— ofrecieron este jueves renunciar a prestaciones como vales de despensa y de gasolina, gastos médicos, apoyo para telefonía celular y mantenimiento de vehículo. Ante medios, dijeron que, si los 128 senadores dejaran de recibir estos beneficios, se lograrían ahorros anuales por más de 77 millones de pesos.