Cientos de denuncias elevan el riesgo de que las elecciones lleguen a tribunales

A menos de una semana de las elecciones en cuatro entidades —tres de las cuales renovarán gobernador—, el Estado de México acumula 62% de los casos de presuntos delitos electorales, una situación que alimenta la posibilidad de que la contienda llegue a tribunales, advierten dirigentes partidistas.

El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, informó el lunes ante legisladores que, desde el arranque de los procesos electorales locales en septiembre, la institución ha abierto 378 carpetas de investigación, derivadas de denuncias por posibles conductas que incluyen compra de votos, actos intimidatorios en contra de electores y uso de recursos públicos con fines políticos, entre otras violaciones a la ley.

De ese total, 235 corresponden al Estado de México, 63 a Veracruz —donde se votará para elegir a los 212 alcaldes—, 49 a Coahuila y 31 a Nayarit. Además, según Nieto, actualmente hay 192 órdenes de aprehensión vigentes en el Edomex.

Las cifras se dan a conocer cuando faltan pocos días para las votaciones del 4 de junio y mientras crece la expectativa sobre cuál será el resutlado en territorio mexiquense, una entidad bastión del PRI y del presidente Enrique Peña Nieto, y donde la contienda es considerada una antesala de los comicios presidenciales del próximo año.

Hasta ahora, dos candidatos disputan el primer lugar en las encuestas: el priista Alfredo del Mazo y la abanderada de Morena, Delfina Gómez.

En este contexto, líderes de partido como Javier Rivera, representante del PRD ante el Instituto Electoral local (IEEM), advierten que se están dando las condiciones para que el resultado sea impugnado en tribunales, ante la posibilidad de que quien pierda considere que la elección no fue limpia. En ello coincide Lucila Garfias, dirigente estatal del Partido Nueva Alianza (Panal), uno de los partidos que respaldan la candidatura de Del Mazo.

Las denuncias por delitos electorales suelen ser utilizadas por los partidos inconformes con un resultado cuando quieren impugnarlo en tribunales.

La controversia por OHL

Entre los casos que investiga la Fepade está el presunto financiamiento de la constructora OHL a la campaña del PRI, una posibilidad que ha sido señalada por los partidos de oposición, que argumentan que la empresa puede incurrir en esta práctica como retribución por los contratos de obra pública que ha recibido en los últimos años en el Estado de México.

"Respecto a las concesiones de OHL, es una denuncia que ustedes (Morena) acaban de presentar, hemos solicitado información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), para efecto de ir coordinando los trabajos en esa y en otras materias", dijo el fiscal.

A lo largo de la campaña, los partidos de oposición han acusado al PRI de recibir recursos de OHL para financiar a su candidato, Alfredo del Mazo, lo que violaría la legislación electoral. Incluso, el movimiento civil Ahora, que dirige el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a principios de este mes presentó una denuncia en la que exige que los órganos en la materia investiguen el caso .

El PRI y la empresa niegan los señalamientos. El 9 de mayo, OHL emitió un comunicado en el que asegura que es objeto de "una campaña de desprestigio".

Más casos bajo la lupa

El fiscal también dio a conocer que se indaga la entrega de tarjetas con apoyos económicos a cambio del apoyo a determinados candidatos, una práctica que, aseguró, es atribuida a todas las fuerzas políticas y ha sido denunciada tanto en el Estado de México como en Coahuila y Nayarit.

"Respecto a las tarjetas rosas (presuntamente distribuidas en el Estado de México), hay una disposición de carácter administrativo, el artículo 209, párrafo quinto, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde se señala que no puede haber entrega de ningún tipo de material que haga una promesa inmediata o no inmediata, directa o indirecta, en efectivo o en especie, en una campaña electoral; eso es algo que tendrán que determinar las autoridades si es aplicable o no, incluyendo la Fepade", dijo.

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Otras presuntas irregularidades indagadas por la fiscalía son la supuesta intervención de gobiernos en las contiendas locales y si en municipios se ha retenido el salario de trabajadores con fines políticos. El PRI acusa que la candidata mexiquense de Morena cometió esta falta cuando fue alcaldesa de Texcoco, un señalamiento que ella rechaza.

Al respecto, Nieto dijo que Texcoco no es la única localidad del país en la que se ha denunciado una práctica de este tipo.

"Hay una denuncia relacionada con la retención ilegal a los salarios de empleados municipales. He comentado que se trata de un problema transversal de todo el sistema político, lo hemos encontrado en Chihuahua, en Nayarit, en Coahuila, en el Estado de México, a nivel municipal en Texcoco, en Torreón, en Monclova, Saltillo, y creo que es un tema que es importante que se empiece a analizar y a visibilizar", señaló.

La Fepade se prepara para dar seguimiento al cierre de campañas este 31 de mayo, así como para la jornada electoral del domingo.

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Con información de Adriana Uribe.