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El polémico acuerdo antipiratería ACTA será firmado este sábado

El pacto internacional contempla acciones judiciales en contra de las personas que violen la propiedad intelectual, como descargas ilegales
jue 29 septiembre 2011 09:17 AM
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El gobierno mexicano estará presente este sábado en la firma de un acuerdo internacional que insta a tomar acciones judiciales en contra de las personas que violen la propiedad intelectual, por ejemplo, descargando música ilegalmente en internet.

Además, la conexión a internet de los usuarios podrá ser interrumpida y los proveedores de internet estarán obligados a dar información a las autoridades si detectan que un internauta está incurriendo en una infracción o si su cuenta se ve relacionada con faltas a las normas estipuladas en el acuerdo.

Luego de casi media década de negociaciones entre gobiernos de una decena de países (incluido México) y la Unión Europea, un boletín de la cancillería japonesa reveló que este sábado 1 de octubre será firmado en Tokio el Anti-Counterfeiting Trade Agreement ( ACTA , por sus siglas en inglés, y en español: Acuerdo Comercial Anti-Falsificación), pero se desconoce si México firmará también el acuerdo.

Por parte de México, el negociador ha sido el  Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, (IMPI ), dependiente de la Secretaría de Economía.

Representantes del área de difusión del IMPI dijeron a CNNMéxico que el próximo martes darán una conferencia de prensa al respecto y rechazaron hacer más comentarios sobre el tema.

Este acuerdo, sujeto de críticas debido a su atípico formato de negociación (directamente entre los gobiernos, sin pasar por mecanismos tradicionales como la Organización Mundial de Comercio), comenzó a negociarse en 2006 entre los gobiernos de Japón y Estados Unidos para combatir la piratería de bienes físicos y proteger la propiedad intelectual de contenidos como canciones y películas .

Diversos organismos de protección a la privacidad y de las telecomunicaciones, como la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), han expresado su desacuerdo con algunas cláusulas .

La más polémica es la quinta sección del acuerdo, Protección de los derechos de propiedad intelectual en el ambiente digital. Por ejemplo, el artículo 2, inciso 1, determina que “las autoridades judiciales tendrán la facultad para emitir órdenes contra una persona para que desista de cometer una infracción”, acción que organismos de protección a la privacidad (como la europea Statewatch ) consideran amenazante.

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El artículo 2.18, inciso 4, señala: “Cada firmante podrá proveer, de acuerdo con las leyes y regulaciones, a las autoridades competentes la autoridad para  ordenar a un proveedor de servicios en línea  para revelar con prontitud información suficiente para identificar un suscriptor cuya cuenta se esté usando como herramienta para cometer infracciones”.

El inciso 5 del mismo artículo dice: “los firmantes proveerán protección y remedios legales efectivos contra la violación de las medidas tecnológicas usadas por autores, actores o productores de fonogramas en conexión con el ejercicio de sus derechos”. Todo ello, abriendo camino a acciones judiciales más agresivas por parte de la autoridad no solo hacia los infractores, sino hacia proveedores de servicios de internet .

La oposición a este acuerdo se ha presentado en sectores disímbolos de la sociedad civil: Anonymous México organizó protestas contra el ACTA durante el primer semestre del año y el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo (redactado el pasado 21 de junio y aprobado el 6 de septiembre) para solicitar al Poder Ejecutivo no firmar el acuerdo .

Según el comunicado de la cancillería nipona , una delegación mexicana estará en Tokio.

En caso de que México firmara el acuerdo, éste llegaría al escritorio del Poder Judicial para definir su naturaleza, ya que, según la Ley sobre la Celebración de Tratados , promulgada en 1992, si el ACTA se clasifica como un tratado, deberá someterse a la ratificación del Senado, pero si se clasifica como un acuerdo interinstitucional, no requerirá ratificación del Poder Legislativo, y podría ser aprobado.

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