La 'Ley Doring' permitiría rastrear direcciones de IP de infractores web
En medio de la polémica en Estados Unidos por dos legislaciones antipiratería que se discuten en el Congreso de ese país, Stop Online Piracy Act (SOPA) y Protect IP Act (PIPA), el Senado mexicano analiza una propuesta sobre este tema promovida por el legislador Federico Döring, del Partido Acción Nacional (PAN), que pretende sancionar con multas a quienes infrinjan derechos de autor en la web.
La iniciativa mexicana tiene como argumento legal el combate a la piratería digital y la defensa de los contenidos protegidos , con sanciones económicas que podrían superar el millón de pesos.
Esta propuesta amplía las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) —encargado de administrar el sistema de derechos de autor en México— para castigar el uso ilegal de contenidos digitales, ya que actualmente solo regula los contenidos impresos, fonográficos, gráficos, plásticos, audiovisuales, electrónicos y fotográficos.
La propuesta autorizaría al IMPI solicitar a las compañías proveedoras de internet las direcciones IP de los supuestos infractores, y la creación de un sistema de notificaciones en internet para advertir de la supuesta violación a la ley.
El Instituto podría castigar la "puesta a disposición" ilegal de los materiales protegidos, además de la distribución, venta, transmisión, uso o explotación ilegal de la obra, que contempla actualmente.
La Ley de Propiedad Industrial también sería modificada para definir lo que se entiende por "proveedor de servicio de internet" y "dirección IP", para facilitar la aplicación de las disposiciones de la ley de derechos de autor.
Fernando Gutiérrez Cortés, académico y especialista en Comunicación del Tec de Monterrey, aseguró a CNNMéxico que es un error basar una sanción en el propietario de una dirección IP, que es la identidad número irrepetible de cada dispositivo con acceso a internet.
"No podemos cometer el error de pensar que una dirección IP corresponde a una persona. No es como un domicilio, una dirección física donde te notifican para cualquier actividad de manera legal", afirmó Gutiérrez. "Yo hoy puedo tener una dirección y mañana otra", dijo.
Para el académico, el fin de combatir la piratería y defender los derechos de autor no se encuentra bajo discusión, pero las maneras de hacerlo son "el grave problema", aseguró.
"Por un lado sí buscan proteger derechos legítimos, pero donde no ha habido el acuerdo, en todas sus facetas en muchas partes del mundo, es en las formas", dijo Gutiérrez.
La defensa de los derechos de autor tiene que ocurrir con consenso y no bajo las presiones de las grandes empresas que apoyan iniciativas como SOPA o la Ley Döring, aseguró Gutiérrez. Un ejemplo que esto ya ocurre es la tienda electrónica iTunes Store de Apple y el sitio de renta de películas y series Netflix.
“Hay gente que está dispuesta a pagar por contenido, siempre y cuando comprenda que es justo lo que está pagando", afirmó Gutiérrez.
La Ley Federal del Derecho de Autor, publicada originalmente en 1996, no ha tenido cambios desde 2003. En tanto, la Ley de la Propiedad Industrial fue publicada en 1991 y modificada por última vez en 2010.
Quienes consideren que sus textos, fotos, gráficos o videos son usados ilegalmente deberán solicitar la intervención del IMPI, que deberá notificar al infractor sobre el uso anormal de la obra. El instituto también puede advertir a los infractores por iniciativa propia y basado en demandas de personas ajenas al caso.
Los usuarios acusados de violación a los derechos de autor contarán con tres días a partir de su notificación de infracción para defenderse legalmente, luego de los cuales el IMPI emitirá un fallo basándose en la ley.
Los infractores podrían recibir multas que van de 30 hasta 20,000 días de salario mínimo, lo que representa entre 1,800 y más de un millón de pesos. Las sanciones más grandes contempladas hasta hora por la Ley Federal del Derecho de Autor alcanzan sólo los 15,000 días de salario mínimo (casi 900,000 pesos). En caso de que los infractores residan en el extranjero, el IMPI pedirá la ayuda de las instancias internacionales correspondientes.
“Es necesario establecer reglas claras para dar certeza jurídica tanto a los autores, como a los titulares de derechos conexos, como a la industria en general, así como a quienes acceden a sus contenidos”, indica la propuesta. “De no hacerlo, las nuevas tecnologías pueden devastar el espíritu creador de quienes se entregan a estas expresiones”, señala.
CNNMéxico buscó a las autoridades del IMPI para conocer su opinión sobre esta iniciativa, sin embargo, dijeron que por el momento no emitirán comentarios.
