La 'ley de Geolocalización' permitirá 'rastrear' a usuarios de celular
El combate a la delincuencia organizada requiere el uso de herramientas como la intervención de las comunicaciones telefónicas de criminales, previa autorización de un juez. Sin embargo, una serie de modificaciones legales aprobadas a inicios de marzo por la Cámara de Diputados de México podrían darle a las autoridades la capacidad para conocer la ubicación de los teléfonos celulares en el país, con un posible boquete que potencialmente vulneraría la privacidad de los más de 94 millones de usuarios de teléfonos celulares en el país.
El proyecto (llamado coloquialmente Ley de Geolocalización), propuesto hace un año ante el Senado de la República por los senadores senadores Tomás Torres Mercado (Partido Verde Ecologista de México), Fernando Jorge Castro Trenti (Partido Revolucionario Institucional) y Alejandro González Alcocer (Partido Acción Nacional) y aprobado el pasado 1 de marzo con 315 votos a favor y seis en contra , contiene modificaciones a ordenamientos como el Código Federal de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, la Ley Federal de Telecomunicaciones, entre otros.
Estas modificaciones contienen nuevas obligaciones para los operadores de servicios de telecomunicaciones: crear una combinación de teclas que permita enviar a las autoridades una señal de auxilio, hacer inutilizables los teléfonos celulares con reporte de robo y bloquear las señales de celular al interior de cárceles e instituciones para reclusión de menores infractores.
Sin embargo, dentro de las modificaciones aprobadas, existe una del artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales que autoriza al “Procurador General de la República o los servidores públicos en quienes delegue la facultad” para obtener, “por simple oficio o medios electrónicos a los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones la localización geográfica, en tiempo real , de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea, que se encuentren relacionados”.
“Esta ley contiene un elemento muy riesgoso: la autoridad sólo necesita enviar un oficio al operador de telecomunicaciones para que este reporte la ubicación del teléfono de una persona”, explica el abogado Salomón Padilla, socio especializado en telecomunicaciones para el despacho SAC Abogados.
“Al tener el Poder Ejecutivo la capacidad para solicitar la ubicación de un celular, podría suceder que el gobierno ordenara conocer la posición del celular de un adversario político, sin control posible del Poder Judicial”, dijo el abogado, y agregó que ya existen previsiones en el artículo 16 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para ofrecer información, pero que requieren de la autorización de un juez, ante quien se tiene que justificar la ubicación.
CNNMéxico buscó el punto de vista de Telcel, el operador de telecomunicaciones móviles más grande del país. Al cierre del texto, esto no sucedió. Por su parte, Ignacio Cepeda, director de la consultora en telecomunicaciones Asercom, explicó en entrevista vía correo electrónico la factibilidad técnica para habilitar estas nuevas obligaciones.
El experto señala que “todos los fabricantes de equipos de telecomunicación móvil ofrecen sistemas de localización basados en la proximidad a las radiobases ”. Sin embargo, al inicio “será complicado habilitar el sistema para darle cauce a las peticiones de la autoridad de manera automática y manejar simultáneamente numerosas peticiones de geolocalización”.
Sin embargo, la ley ha sido aprobada y ahora está en la espera de que el Poder Ejecutivo la publique en el Diario Oficial de la Federación, lo cual sucederá en algún momento de las próximas semanas.
