Cuál es el proceso para ratificar e implementar el ACTA
Si ya escuchaste sobre las consecuencias positivas y negativas de que México haya firmado el Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA, por sus siglas en inglés) es probable que ahora te preguntes: ¿Y cuándo entrará en vigor?
Especialistas explican que para que el ACTA sea ratificado e implementado , a partir de este momento el país entra en un camino largo, quizá pedregoso. El tiempo no solo dependerá de los procesos legislativos internos, sino de la próxima transición política en México y de que otros países firmantes ratifiquen el convenio.
"La Legislatura actual (61) podrá discutir su contenido únicamente en la sesión del 18 de julio", dijo Sergio Legorreta, socio de la consultora Baker & McKenzie y especialista en temas de propiedad intelectual, en una entrevista vía correo electrónico con CNNMéxico. La Cámara de Senadores fue renovada completamente en las elecciones del pasado 1 de julio y los nuevos legisladores empezarán a trabajar en septiembre de 2012.
En caso de que sea rechazado o pospuesto, tocará a los nuevos senadores —distintos a quienes ya estudiaron y participaron en la discusión sobre el ACTA— decidir el futuro del acuerdo.
Además, primero “tendría que ser analizado por comisiones senatoriales como las de estudios legislativos, economía, educación, así como la de Ciencia y Tecnología” para de ahí pasar al pleno para su votación, explicó Mike Margáin, socio del despacho jurídico Arochi, Marroquín & Lindner, en entrevista telefónica con CNNMéxico.
“La ratificación del ACTA será uno de los varios temas que los nuevos miembros de la Cámara de Senadores buscarán abordar, entre los que se hallan grandes reformas legislativas, en ámbitos como la seguridad y la reforma política”, explicó Margáin.
De cualquier modo, su ratificación en México no significa que sea obligatorio su cumplimiento : el artículo 40 del Acuerdo indica que su entrada en vigor sucederá luego de que seis de los 37 países que participan en su negociación, además de la Unión Europea, lo ratifiquen. El pasado 4 de julio el Parlamento europeo lo rechazó.
Este lunes, Amnistía Internacional, pidió al Senado mexicano no ratificar el Acuerdo, pues significarían una restricción significativa a derechos fundamentales como la libertad de expresión y el debido proceso.
“Debido a las implicaciones que en materia de derechos humanos podría tener la entrada en vigor de un tratado internacional comercial con estas características, hacemos un llamado al Senado de la República a no ratificarlo mientras no existan modificaciones sustantivas que aseguren que la libertad de expresión y el debido proceso serán garantizados”, dijo Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo de Amnistía Internacional México.
Los retos de ACTA para el gobierno mexicano
Los especialistas dicen que para implementar el ACTA tendrían que hacerse profundos cambios en instituciones como la Procuraduría General de la República y el mismo promotor del convenio, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
“Hay un enorme déficit de personal especializado: apenas tenemos unos 30 peritos con conocimientos sobre temas de propiedad intelectual en la PGR y una cantidad similar de agentes del Ministerio Público; hacer crecer este personal es un tema de sumo complejo que tomará tiempo", consideró el experto de Arochi, Marroquín & Lindner.
Al respecto, el titular del IMPI, José Rodrigo Roque, dijo en entrevista telefónica con CNNMéxico que el gobierno federal tiene la capacidad institucional como para dar respuesta a la decisión de México de firmar el acuerdo.
"Por supuesto que necesitamos fortalecer no solo ésta, sino cualquiera de las instituciones del gobierno federal, sin embargo, con lo que hoy tenemos, contamos con la capacidad institucional suficiente como para responder a los retos que presenta ACTA", dijo.
"No olvidemos que detrás de ACTA hay un debate que es el de la competitividad de las empresas, el empleo de los mexicanos en el sector formal, y la protección de la creatividad y el ingenio de los mexicanos y de las marcas mexicanas", agregó.
Legorreta, de Baker & McKenzie, coincide con Margáin sobre la necesidad de modificaciones.
“(La implementación) exige la creación de un andamiaje jurídico e institucional que implemente las directrices y que sean elegidas por el gobierno respectivo", explicó.
Probablemente sean necesarias adecuaciones en leyes como el Código Penal Federal y la Ley Federal del Derecho de Autor, detalló el abogado.
En un informe a la Cámara de Senadores publicado el 29 de septiembre de 2011, la Secretaría de Economía –de la cual depende el IMPI- reconoció que para aplicar el ACTA serían necesarias revisiones o modificaciones a normas legales y administrativas, incluidas la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, la Ley Federal del Derecho de Autor y su Reglamento, y la Ley Aduanera y su Reglamento.
“El Estado deberá ceñirse, además, a la legislación secundaria que el Congreso de la Unión emita en la materia, donde se reforzará la observancia y respeto irrestricto a dichos derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión, el derecho a la legalidad, la privacidad de datos, el debido proceso y el acceso a la información y a la cultura”, precisó el IMPI en un comunicado el pasado miércoles.
La firma del Acuerdo sin el respaldo del Congreso ha generado polémica. Internautas e incluso organismos gubernamentales como la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) han expresado su oposición a ciertas partes del documento.
La principal crítica es que podría violar garantías individuales, ya que autoriza a los proveedores de internet a entregar información de los usuarios sospechosos de infringir derechos de autor y establece medidas como el bloque de sitios web a infractores a petición de la parte quejosa, sin dar tiempo a la defensa del acusado.