A pesar de las crecientes preocupaciones por la amenaza de ciberataques, las opciones de que en Estados Unidos se apruebe una nueva ley de ciberseguridad este año se apagaron este jueves debido a que los senadores republicanos bloquearon un proyecto que habría permitido al Gobierno y a las compañías compartir información sobre ataques en las redes computacionales. La medida había sido vista como una de las pocas que puede conseguir suficiente apoyo bipartidista para avanzar en el ampliamente estancado Congreso.
Expertos dicen que hay una necesidad urgente para apuntar a las vulnerabilidades tanto del Gobierno como de los sistemas privados que controlan todo desde el tráfico carretero hasta los servicios financieros.
Pero el Senado reunió sólo 52 de los 60 votos necesarios en el órgano legislativo de 100 miembros que permitieran llevar el proyecto a una votación final, marginándolo de hecho.
Los grupos de negocios incluyendo la Cámara de Comercio de Estados Unidos se quejaron de que el proyecto era un exceso de regulación por parte del Gobierno, y algunos republicanos quisieron más oportunidades para empujar sus enmiendas.
Hay todavía una pequeña opción de avanzar antes de enero, cuando el actual Congreso estadounidense termine. Sin embargo, con la sesión de viento en contra antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 6 de noviembre y atados por temas partidarios que involucran impuestos y gasto, la ciberseguridad puede ser dejada de lado.
La Cámara de Representantes aprobó una versión más acotada en abril pasado y el proyecto del Senado necesitaba aprobarse esta semana para dar tiempo a los legisladores de ambas cámaras para negociar un acuerdo sobre la legislación final durante el receso de agosto, dijo Stewart Baker, un ex alto funcionario en el Departamento de Seguridad Nacional y ahora un experto en ciberseguridad en la firma legal Steptoe y Johnson.
La versión de la Cámara permitiría a las compañías y al Gobierno compartir información sobre "hacking".
La actual versión del proyecto del Senado tomó una postura más amplia que también crearía un conjunto de estándares voluntarios de ciberseguridad para compañías a cargo de la energía estadounidense así como el agua, el transporte y otra infraestructura crítica.