¿Cómo se compara la ley de telecom de México con otras legislaciones?

La propuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la ley secundaria en materia de telecomunicaciones genera dudas entre los cibernautas mexicanos sobre cómo funcionará y cómo se compara con regulaciones a nivel internacional.

Algunos de los puntos de la  iniciativa , que actualmente se discute el Senado, y que han causado controversia, son la geolocalización de dispositivos y el bloqueo del acceso a internet, señales de radio y televisión cuando la autoridad o un usuario considere que el contenido transmitido es “contrario a una normatividad” o por casos de seguridad pública y nacional.

Hasta 2011 la organización OpenNet Initiative, que analiza el nivel de bloqueo de contenidos en internet por parte de los países, consideraba que no existía evidencia de que el gobierno mexicano realizara estas prácticas e incluso fue clasificado como una nación “parcialmente libre” por el reporte de la organización Freedom House en dicho año.

¿Pero cómo se compara la situación actual de México con otros países? 

En temas como limitar la dominancia de las empresas de este sector la iniciativa va en línea con las buenas prácticas internacionales, dijo a CNNMéxico Gonzalo Rojón, director de análisis de la firma de consultoría e investigación en telecomunicaciones The Competitive Intelligence Unit (CIU).

Sin embargo, en el caso específico de internet la iniciativa representa una serie de “buenas intenciones, pero mal redactadas”, señaló el analista.

Rojón considera que es posible que al hablar de bloquear los servicios en situaciones de seguridad nacional el gobierno se planteara escenarios como el Maratón de Boston de 2013 en el que se apagaron las señales de teléfonos móviles al conocerse que así se habían detonado los explosivos. Sin embargo en la redacción “se nota un componente de ignorancia al momento de hacer las leyes”, dijo.

La ventaja es que con las movilizaciones en redes sociales, en las calles y por parte de algunos legisladores ya se detectaron las deficiencias o puntos críticos de estas leyes secundarias que deberán ser cambiadas o al menos ser ancladas a una autoridad en específico, agregó el analista. 

Sobre la protección de datos personales de los usuarios de telecomunicaciones podría haber una diferencia entre México y otras naciones. 

En México el artículo 190 de las leyes secundarias establece que los concesionarios de telecomunicaciones permitirán a las autoridades la posibilidad de intervenir en las comunicaciones privadas sin necesidad de presentar una orden judicial.

Por su parte, en el artículo 192 se prevé que estas empresas guarden un registro y control de las comunicaciones que se realicen desde cualquier dispositivo identificando al menos el usuario, el origen y destino de las comunicaciones, fecha, hora y duración, así como localización geográfica por un periodo de 24 meses. 

Esto se contrapone con las propuestas expresadas tanto por los gobiernos de Alemania como el de Brasil en temas de protección de datos e intimidad de los usuarios de telecomunicaciones. 

“Ahora existe una corriente internacional fundamentalmente encabezada por (la canciller alemana) Angela Merkel y la presidenta (de Brasil) Dilma Rousseff en el sentido de protección de datos de internet y proteger el derecho a la intimidad, y ellas están encabezando estos foros internacionales y es un debate que existe en la Unión Internacional de Telecomunicaciones con esta idea de no permitir que los Estados, primero, se espíen unos a otros; dos, que se proteja el dato como un bien personal bien íntimo; tres, que salvo orden judicial expresa tú puedas acceder a los datos de alguien, incluidos su geolocalización”, dijo a CNNExpansión el director de Mediatelecom Policy and Law, Jorge Negrete.

Lee: 5 riesgos de la censura en internet en la iniciativa de telecom

El referente en Estados Unidos

La regulación de telecomunicaciones e internet en Estados Unidos se realiza a través de varias leyes que fundamentalmente se dividen en dos temas principales: la vigilancia de los derechos de autor, que ha dado como resultado el bloqueo y acciones legales en contra de sitios como Napster, PirateBay o MegaUpload; y los temas de seguridad nacional y crímenes internacionales. 

Una de las leyes contempladas para la seguridad nacional es la Ley Patriota que surgió tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Esta norma aumenta la capacidad de control del gobierno frente a situaciones de amenaza a la seguridad nacional o crímenes como el lavado de dinero y establece la posibilidad de que los usuarios que han sufrido ataques de cibercriminales pidan asistencia a las autoridades para encontrarlos en el mundo digital, así como que diferentes instancias del gobierno puedan recopilar información sensible sobre usuarios de telecomunicaciones.

Se espera que este año el gobierno estadounidense pase la responsabilidad de guardar registros de datos sensibles a las empresas de telefonía en el país.

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Una historia de rechazo en Francia

El gobierno francés intentó establecer la Ley HADOPI o la Ley de Creación e Internet que buscaba que los usuarios de la web registraran sus conexiones a internet para prevenir el intercambio ilegal de material con derechos de autor. Quien fuera encontrado culpable de compartir estos materiales en tres ocasiones sería entonces expulsado de la red.

Esta legislación vivió entre 2009 y 2013 con sólo un usuario suspendido por estas causas. En julio de 2013 el Ministerio Francés de Cultura revocó la ley al considerar que no había sido exitosa y había sido costosa para el gobierno. 

Sin embargo ese año, la aplicación de la Ley de Programación Militar generó revuelo en este país tras concederse la posibilidad de obtener datos sensibles de usuarios de telecomunicaciones sin necesidad de una orden judicial. 

Los enemigos de internet 

La organización Reporteros sin Fronteras  presentó a inicios de 2014 su último listado de los Enemigos de Internet en la que señala a Arabia Saudita, Bangladesh, China, Cuba, Corea del Norte, Egipto, Francia, Gambia, Irán, Rusia, Singapur, Sudán, Somalia, Turquía, Turkmenistán, Siria, Vietnam, Bahréin, Venezuela y Zambia por realizar actos de bloqueo y censura hacia proveedores de servicios y usuarios en internet.

En el caso de China, desde 1988 se estableció la Ley de Secretos Estatales que obligaba a las empresas de tecnología a cooperar con las autoridades en caso de revelar secretos del gobierno. Actualmente se sabe que existen bloqueos de información relacionada con temas como el Tíbet, el Dalai Lama, la independencia de Taiwán, las protestas de 1989 en Tiananmen y sitios de pornografía.

Incluso Google tuvo un gran conflicto con China que culminó con la compañía retirándose de este país tras los bloqueos registrados.

Sobre Venezuela el informe de Reporteros sin Fronteras establece que el gobierno de Nicolás Maduro ha bloqueado distintos sitios en la red y ha obligado a que los proveedores filtren la información. Un caso conocido es el de Twitter que en varias ocasiones ha acusado de fallas en este país.

En el caso de Turquía, en 2014 su primer ministro, Recep Tayyip Erdoğan instruyó el bloqueo de varios sitios de redes sociales como Twitter , Facebook, YouTube o el buscador de Google.

Freedom House  reportó en 2013 que la censura de internet por parte del gobierno turco era común e iba en ascenso, además de que varios usuarios de la web fueron multados o pasaron tiempo en prisión por comentarios realizados en redes sociales.

En Turquía todo el tráfico de internet pasa a través de la infraestructura de la empresa Turk Telecom, por lo que existe un control centralizado sobre los contenidos en línea.

Irán además de estar en la lista de Reporteros sin Fronteras también es el país con peor calificación en materia de libertad de expresión en internet de entre 60 naciones analizadas por Freedom House en 2013. Según el reporte se implementó un filtro sistemático en la web para bloquear contenidos que critican al gobierno, la religión o tratan sobre derechos humanos. Algunos sitios como YouTube, Flickr, Twitter y Facebook han sido una y otra vez bloqueados en este país.

En Cuba , aunque el gobierno declaró que el acceso a internet es un derecho fundamental, para poder utilizarlo es necesario pedir un permiso al Ministerio Cubano de Tecnología de Computación y Comunicaciones. Cuba tiene la penetración más baja de internet en América Latina de acuerdo con Reporteros sin Fronteras y el monitoreo de la actividad en la web se hace a través del rastreo de la IP de los usuarios.

Al igual que en Cuba, en Arabia Saudita se requiere de una licencia expedida por el Ministerio de Información y Cultura, que se debe renovar cada tres años, para poder tener un sitio web.

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