Altán ha reconocido en varias ocasiones su interés en desarrollar 5G, puesto que esta red permitiría generar nuevas posibilidades de negocio e ingresos. Pero para tejer la quinta red de telecomunicaciones, la empresa requiere de mayor espectro como son las bandas 2.5 GHz, 3.5 GHz y 600 GHz, las cuales representan un gasto mayúsculo, en espacial cuando tiene apenas dos años de haber salido de concurso mercantil.
“La desaparición del IFT sólo podría beneficiar a Altán. Existe el riesgo que en un punto la empresa pida al gobierno, quien sería juez y parte, no licitar algún banda de espectro, sino que se la adjudiquen para cumplir con la misión de cobertura en todos los rincones del país y esto claro afectaría a los otros dos operadores (AT&T y Telcel) quienes sí tendrán que pagar los altos costos del espectro”, advirtió Fernando Borjón, excomisionado del IFT y consultor en jefe en Access Partnership.
Por ahora las bandas de espectro están dividas en comerciales, públicas, privadas y sociales, pero si se extingue al IFT, el gobierno podría diseñar en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias que las bandas 2.5 GHz, 3.5 GHz y 600 GHz - idóneas para 5G- sean asignables a entidades públicas para que el Estado entregue el espectro a las empresas estatales.
“Este escenario podría pasar en especial donde se ve que el gobierno quiere seguir empujando su plan de conectividad, pero primero tendrían convertir a las bandas en asignables para concesiones públicas”, dijo Ana de Saracho, analista y experta en telecomunicaciones.
José Merino, próximo titular de la Agencia de Transformación Digital en el gobierno de Claudia Sheinbaum, ha dicho que Altán Redes es clave para impulsar un modelo de conectividad más sostenible en la próxima administración. “Y aunque por ahora no podemos decir o saber si habría cambios en el modelo de negocio de la compañía, sólo puedo decir que se tomarán todas las decisiones que sean necesarias para lograr este objetivo”, advirtió el funcionario en una breve entrevista con Expansión.
El propio mandatario ha paragonado en diversas ocasiones a su plan de conectividad- y el que continuará Sheinbaum –con el de la nacionalización de la industria eléctrica de 1960 por el expresidente Adolfo López Mateos para que todos los mexicanos accedieran a la electricidad.
“El Estado mexicano debe hacerse cargo del servicio de telecomunicaciones (porque) las compañías privadas no están interesadas en llegar a las comunidades rurales por no ver beneficios económicos en esas zonas”, expresó López Obrador en un evento con trabajadores de la CFE en agosto de 2022. Bajo esta visión el gobierno colocaría a Altán en una ventaja sobre las empresas privadas a través del espectro.
Pero De Saracho aseguró que esta visión no sólo traería problemas en términos de competencia, sino también para los usuarios que tienen actualmente una línea con competidores como AT&T, Telefónica o Telcel. Los operadores privados no podrían operar en un mercado desequilibrado, en donde las entidades estatales tienen un trato privilegiado para aumentar su cobertura y los demás deben pagar grandes cantidades económicas para tejer 5G.
La consultora The Ciu ha señalado que el costo del espectro implica un gasto de entre 22% y 30%, como porcentaje de ingresos anuales, para los operadores de telecomunicaciones.
“Por mucho tiempo nos preocupamos por los desconectados y me parece positivo que haya un plan para atender ese problema, pero lo que empieza a preocupar es cómo se está ejecutando ese proyecto. Los más de 98 millones de conectados en redes de privados recibe servicios de mejor calidad y precios más asequibles pero esto podría quedar en riesgo si se debilitan a los proveedores”, comentó De Saracho.
