Según los abogados del DoJ, Google tiene demasiado control sobre la distribución de búsquedas, además de pagar dinero a fabricantes, como Apple, para ser la opción de navegador predeterminada en sus dispositivos, algo con lo que “los rivales no pueden competir” y “desincentiva a desviar consultas a la competencia de Google”.
Otra de las ideas presentadas por las autoridades es que se incluyan guías o campañas de concientización para los usuarios, acerca de la importancia de elegir el motor de búsqueda que más les convenga y no necesariamente el de Google.
Google no se queda de brazos cruzados
Esta serie de proposiciones “van mucho más allá del alcance legal de la decisión del Tribunal sobre los contratos de distribución de búsqueda”, dijo la vicepresidenta de asuntos regulatorios de Google, Lee-Anne Mulholland, a través de un comunicado.
La ejecutiva también destacó que en lugar de centrarse en los contratos de distribución del segmento de Búsqueda, el cual es el punto central del caso, “el gobierno parece estar siguiendo una agenda de gran alcance que afectará a numerosas industrias y productos”.
Por ejemplo, señaló que obligar a Google a compartir las consultas de búsquedas de las personas y resultados con competidores pone en riesgo su privacidad y seguridad, pues a partir de ellos se pueden determinar perfiles con distintas finalidades.
También defendió que los cambios en el mercado de publicidad online harían que los anuncios fueran menos valiosos para los editores y anunciantes, además de menos útiles para los consumidores.
Sin embargo, el punto que más interés y controversia generó en la empresa fue el caso de vender partes de Chrome o de Android, pues destacó que han invertido miles de millones de dólares en estos desarrollos para que sean herramientas seguras de código abierto.
“Pocas empresas tendrían la capacidad o el incentivo para mantenerlos de código abierto, o para invertir en el mismo nivel que lo hacemos nosotros. No se equivoquen: separarlos cambiaría sus modelos de negocios, aumentaría el costo de los dispositivos y debilitaría a Android y Google Play en su sólida competencia con el iPhone y la App Store de Apple”, escribió Mulholland.
La empresa puntualizó que este tan sólo es el inicio de un largo proceso y responderán a detalles a cada una de las propuestas del DOJ el próximo año, cuando presenten su caso de apelación a la corte.
