El dictamen de reforma, el cual sigue a discusión, propone modificar el artículo 28 para que “el servicio de internet lo provea el Estado”; pero la Cámara ha sugerido que la redacción cambie a “el servicio de internet gratuito que provea el Estado en sitios públicos”.
Durante la administración del exmandatario López Obrador, CFE Telecomunicaciones se encargó de habilitar puntos WiFi llegando a un total de 82,218 puntos. El 90% se encuentran instalados en centros escolares, edificios gubernamentales de orden Federal, unidades de medicina rural y puntos de venta Liconsa y Diconsa, ahora Segalmex, en otros sitios, según información del documento 100 pasos para la Transformación de la mandataria Claudia Sheinbaum.
Pero el dictamen de reforma propone que CFE Telecomunicaciones elimine la limitación de comercialización de servicios de telecomunicaciones en ciertos lugares, como parte de su actual concesión, para entonces proveer el servicio de conectividad a todos los mexicanos operando como las empresas telefónicas.
Sin embargo, la iniciativa no especifica si CFE Telecomunicaciones, al convertirse en un ente público tendrá la facultad de compartir o arrendar su red, así como la obligación de entregar reportes de sus avances y el papel que jugará Altán Redes con los cambios jurídicos de la estatal quienes actualmente operan bajo un convenio de compartición de infraestructura e ingresos.
Para la Canieti garantizar el acceso universal a internet en el país es una estrategia fundamental, pero considera que debe aplicarse sin comprometer la competencia. La redacción empleada en el proyecto de reforma permitiría “al Estado disfrutar de ventajas en el sector, generando un monopolio de facto que perjudica a los competidores, desincentiva la inversión y afecta la innovación y la calidad del servicio”.
Incluso la redacción del dictamen blinda que le nombre a la estatal como anticompetitiva. El proyecto de reforma señala que “el servicio de internet que preste el Estado no será clasificado como monopolio, atiende a la necesidad de garantizar el derecho de las personas de acceder a las tecnologías de la información y la comunicación, incluida la banda ancha de internet, sin que ello implique un beneficio económico, sino una responsabilidad de Estado”.
Esta realidad podría volverse más palpable con la posible eliminación de los contrapesos como es el regulador de las telecomunicaciones quien hasta ahora es el encargado de emitir las reglas del juego para evitar concentraciones de mercado. Pero con su desaparición, el Estado se volvería en juez y parte del sector, dejando en la indefensión a los operadores de telefonía móvil como de servicios fijos.
“Es esencial asegurar que las reglas sean equitativas, garantizando un entorno competitivo que fomente la innovación, la mejora continua del servicio, y que beneficie a los consumidores”, detalla el documento.
