A pocos días de que termine el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el presidente ha lanzado una propuesta que podría revolucionar la industria de la conectividad en México.
Antes de cerrar su administración, ha impulsado una reforma clave que coloca a CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos como la responsable de llevar internet a todos los rincones del país, un movimiento que promete transformar el acceso a la tecnología para millones de mexicanos.
La iniciativa —que ha sido avalada en la comisión de puntos constitucionales de la Cámara de Diputados— busca elevar el internet a un nivel constitucional al tratarse de un servicio “estratégico para el Estado, al igual que la electricidad para evitar que una parte de la población, por razones económicas, carezca de este instrumento fundamental para la educación”. Pero, para llevar el servicio, el mandatario busca que CFE TEIT deje su estatus estatal para convertirse en una empresa pública.
Hasta ahora, CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos solo tiene permitido en su concesión operar y desplegar infraestructura en sitios donde no llegan los operadores como Telcel, AT&T y Telefónica, cuya restricción ha sido incumplida.
“El presidente ha tenido desencuentros para ofrecer paquetes de telecomunicaciones en ciertos lugares donde están los operadores privados, cuando la función debería de ser operar sólo en zonas en donde no están los grandes operadores y donde no existe el servicio de internet; sin embargo, ahora busca cambiar esta situación”, dijo Lucía Ojeda, experta en competencia económica y socia de la firma mexicana SAI Derecho & Economía.
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La propuesta del Ejecutivo - que tiene como origen el principio obradorista de fortalecer a las estatales como CFE TEIT frente a competidores privados- otorgaría a la compañía las facultades necesarias para competir de manera frontal y desigual en el mercado de las telecomunicaciones.
Expertos consultados por Expansión coinciden que convertir a CFE Telecomunicaciones en un ente público implicaría que la compañía deje de tener la limitación de comercializar servicios de telecomunicaciones en donde operan los grandes operadores e incluso vender sus productos a precios más asequibles, respecto a las tarifas del mercado, puesto que vendrían subsidiados por el propio, dándole una posición de ventaja.
Pero el proyecto blindaría esta parte, al señalar que “el servicio de internet que preste el Estado no será clasificado como monopolio, atiende a la necesidad de garantizar el derecho de las personas de acceder a las tecnologías de la información y la comunicación, incluida la banda ancha de internet, sin que ello implique un beneficio económico, sino una responsabilidad de Estado”.
Fernando Borjón, excomisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), advirtió que otorgar mayor poder a CFE Telecomunicaciones generará grandes distorsiones en el sector. La empresa además de ofrecer tarifas más asequibles respecto a los privados, podría colocarse en ventaja al acceder de ‘manera gratuita’ al espectro radioeléctrico, a través de su socio mayorista, Altán Redes, mientras que los demás operadores seguirán obligados a pagar los altos costos que implica acceder a este insumo elemental para las redes de telecomunicaciones.
“Entramos en una espiral que no beneficia a nadie. La empresa tendrá ventajas en términos mayoristas y minoristas y aquí se puede entrar en un conflicto no solo en términos comerciales también con la organización mundial de comercio por una distorsión de mercado”.
Esto podría volverse más palpable con la posible eliminación de los contrapesos como son el regulador de las telecomunicaciones quien hasta ahora es el encargado de emitir las reglas del juego para evitar concentraciones de mercado. Pero con su desaparición, el Estado se volvería en juez y parte del sector, dejando en la indefensión a los operadores de telefonía móvil como de servicios fijos.
La empresa estatal de telecomunicaciones este año recibió un presupuesto de 13,553 millones de pesos, un aumento de 24.2% respecto a lo que le asignó el gobierno federal para operar en 2023. CFE TEIT ha recibido incrementos sustanciales en su gasto desde 2022 debido al plan de aceleramiento de despliegue de infraestructura.
Con el cambio de figura jurídica el presupuesto se podría elevar. Lucía Ojeda explicó que convertir a CFE Telecomunicaciones en una empresa pública implica que reciba mayores recursos del erario público e incluso más para rentabilizar el negocio de telecomunicaciones, pero sin la obligación de transparentar información financiera.
A diferencia de las empresas productivas del Estado su naturaleza es comportarse como autosustentables desde el punto económico y transparentar sus finanzas para evitar subsidios del gobierno, aunque esto último no ha sido posible por las políticas del presidente.
Hasta ahora CFE TEIT no es rentable. Al cierre de 2023, la empresa perdió 8,931 millones de pesos y sumó 150,000 usuarios de una meta de un millón de clientes hacia 2025, de acuerdo con datos obtenidos vía transparencia. Esto ha llevado a estimar a la compañía que alcanzará la rentabilidad del negocio en zonas remotas dentro de 20 años, mientras que en mercados más grandes lo lograría en una década, reveló una fuente con conocimiento del tema pero que pidió no ser identificado.
La principal intención de la iniciativa es modificar el modo de operación de CFE Telecomunicaciones, pero también evitar que sea obligada a transparentar sus finanzas del proyecto de conectividad. Hasta ahora la empresa ha evitado compartir información al propio regulador sobre el avance de su proyecto, argumentando que “no se le puede obligar a entregar informes”. El único recurso que ha servido para acceder a los detalles operativos y financiero de la empresa es transparencia, pero también es uno de los entes autónomos que el presidente busca eliminar.
“La figura de empresas públicas, antes de que el expresidente Enrique Peña Nieto las cambiara al régimen de productivas del Estado, buscaban privilegiar lo político de lo económico y creo que por ahí está uno de los motivos de esta reforma”, apuntó Ojeda.
