Durante la pandemia de Covid, y con las medidas de distanciamiento social, el gobierno de Colombia estaba en una encrucijada para repartir los subsidios que ayudarían a la población a salir de una crisis que se volvió financiera.
Gabriel Santos, CEO de Fintech Colombia, explicó que la decisión acertada fue una colaboración público-privada, con empresas del sector fintech para distribuir los subsidios a través de herramientas tecnológicas. Esto no solo permitió llegar a la población más vulnerable y menos bancarizada, sino que también ayudó a reducir costos a los gobiernos, mejorar la transparencia en el manejo de los fondos públicos y a combatir la corrupción.
“(Tras la pandemia) en el campo colombiano se redujo la pobreza, porque el gobierno pudo de manera inmediata desembolsar subsidios (...) Creo que es un granito de arena que los demás países podrían aprender. El gobierno abrió la participación a las fintechs para hacer entregas de los esquemas de subsidios y logró digitalizar de manera instantánea a la población más vulnerable”, dijo entrevista.
Este hecho tuvo un efecto de bola de nieve, pues no solo dio liquidez a las personas del campo colombiano, sino que también las volvió candidatas a recibir créditos personales o productivos. Los bancos “pudieron visibilizarlos a través de las transacciones”, señala el empresario colombiano.
Otro caso exitoso, según Santos, es el de Brasil, donde la colaboración entre el gobierno y las fintech llevaron a reducir el uso de efectivo en dos terceras partes y desconcentrar en un 30% los activos del sector financiero en pocos bancos, lo cual, ayudó a su vez a mejorar el acceso al crédito de toda la población. La reducción del uso de efectivo en todos los niveles del gobierno es una vía para reducir los riesgos de corrupción.
México está rezagado
Estos son ejemplos exitosos, aunque aislados sobre lo que la colaboración público-privada en América Latina y otras partes del mundo pueden lograr para adoptar herramientas digitales para mejorar el gobierno y las oportunidades de las personas.
Pero según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para que la transformación digital sea sostenible a largo plazo, necesita bases sólidas, incluidos mecanismos de gobernanza adaptables, una infraestructura pública digital fiable y resiliente y un enfoque prospectivo para gobernar con tecnologías emergentes como la inteligencia artificial.
En el Índice de Gobierno Digital de la OCDE 2023, México ocupa la posición número 25, mientras Colombia es el único latinoamericano en el Top 10, ocupando la séptima posición. El país sudamericano destaca en diversos ámbitos, incluyendo una administración pública basada en datos.
“Los diez países con mejor desempeño en esta dimensión son Corea, Estonia, Irlanda, Noruega, Dinamarca, Francia, Colombia, Australia, Lituania y Suecia. En todos estos países, la gestión y el uso de los datos gubernamentales es una prioridad estratégica, que se refleja en esfuerzos integrales para fortalecer la gobernanza de datos en el sector público y mejorar el acceso a los datos y su intercambio”, señala el documento.
Un billón de pesos en juego
De acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, "prestar trámites presenciales cuesta al gobierno hasta 40 veces más de lo que podría costar el servicio equivalente en una plataforma digital, pero actualmente sólo tres países, Brasil, México y Uruguay tienen más de la mitad de sus trámites disponibles en línea. En la Unión Europea es posible empezar el 81% de los trámites en línea".
La actual secretaria de la Función Pública, Raquel Buenrostro, señaló recientemente que durante su gestión se apoyarán de la Agencia de Transformación Digital para disminuir la corrupción.
“Creemos que mientras mayor sistematización haya, hay menos tentación para la corrupción. Si no hay contacto humano y si todo es a través de un sistema ágil y eficiente, es menor la tentación de caer en un soborno”, explicó la funcionaria y recordó que la corrupción le cuesta a la economía mexicana hasta el 5% de su Producto Interno Bruto (PIB). Esto equivale a más de 1 billón de pesos al año.
IA, pero con libertad
Según la OCDE, si bien los sistemas de identidad digital están generalizados en todos los países, en promedio, solo el 55% de los países de la OCDE permiten el acceso al 75% o más de los servicios públicos a través de una solución de identidad digital.
La apuesta del nuevo gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum precisamente implica acercar los servicios y trámites a través de canales digitales. Y no solo eso, también apuesta por crear software propio a nivel nacional y estatal para mejorar las capacidades de gobierno, tal como se enuncia en los “100 pasos para la Transformación” de la nueva presidenta.
Franco Palacios, CEO de la startup de soluciones de IA generativa CraAI, señala precisamente que hace falta crear una estrategia nacional para impulsar la adopción de ella en la industria y los servicios públicos.
CreAI tiene una experiencia incipiente en la implementación de IA a nivel gubernamental en México y cree que con la nueva administración federal estas oportunidades pueden crecer. En específico, la empresa desarrolló e implementó un agente virtual automatizado de atención ciudadana para un gobierno municipal.
“Desde la parte pública existe urgencia e intención de implementar la inteligencia artificial en diferentes áreas, sobre todo en la parte de transparencia (...) Hay una oportunidad altísima”, señala Franco Palacios.
Pero para el emprendedor, las capacidades de un gobierno digital y dotado con IA van más allá de los agentes virtuales. El ejemplo de China también es paradigmático, según Palacios, el gobierno chino es un caso de éxito en digitalización y automatización, con mejoras en términos de eficiencia y reducción de la corrupción. Pero el especialista advierte sobre los costos de un control excesivo y la necesidad de mantener la libertad y la transparencia en la implementación de las nuevas tecnologías.
Afirmó que un gobierno basado en datos abonaría a otros campos como mejora de servicios, ciberseguridad, identificación de grupos subrepresentados y tareas de seguridad y prevención del delito.
