Los organismos autónomos han sido eliminados por la administración de Claudia Sheinbaum, pero en un giro inesperado, han sido considerados como recaudadores de ingresos para el Estado. El Senado de la República aprobó el decreto de la Ley de Ingresos de la Federación 2025 donde contempla que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) seguirá cobrando impuestos por el espectro radioeléctrico.
Eliminan al IFT, pero tendrá la misión de recaudar 17,717 mdp para Sheinbaum
Según el proyecto de Ingresos del próximo año, el regulador de las telecomunicaciones generará 17,717 millones de pesos, 7.3% más respecto a los 16, 497 millones de pesos por el concepto de derecho del espectro radioeléctrico que pagan las empresas de conectividad.
La recaudación contemplada por el gobierno por el rubro del espectro es casi dos veces el presupuesto que se plantea para el programa de Atención a personas con discapacidad, al ser de 8, 930 millones de pesos; también es casi equiparable con el plan de Articulación de políticas integrales de juventud al proyectarse una erogación de 15, 410 millones de pesos.
De acuerdo con expertos, la aparición del IFT en la miscelánea fiscal no es errónea. El Instituto aún operará por algunos meses, pese a su extinción, debido a que se contempla enviar sus facultades a entes descentralizados, y en tanto se constituyan sus atribuciones, se mantendrá como recaudador del Estado.
“Está la orden de eliminarse (al IFT) pero en cuanto estén publicadas las leyes secundarias habrá un lapso de seis meses para que se extinga de manera formal. Mientras se materializa este proceso, el Instituto seguirá siendo autoridad regulatoria y de espectro”, explicó Salomón Padilla, vicepresidente de la Asociación de Telecomunicaciones Independientes (ATIM) y experto en el sector de la conectividad.
La reforma que eliminó a los autónomos, materializada por la Cámara de Diputados y por el Senado de la República, señala que las funciones del Instituto serán enviadas a dos dependencias: las relacionadas a la competencia económica a un ente descentralizado en la Secretaría de Economía, mientras que las de regulación y la licitación de espectro radioeléctrico pasarán a la Agencia Digital de Transformación Digital.
“La forma como se legisló ha dejado mucha confusión y no se tiene una certeza de quién tendrá la facultad del espectro, pero lo que es cierto, es que en tanto el IFT siga con vida, la Agencia de Transformación no podrá ejercer la atribución del espectro”, agregó Salomón Padilla.
El espectro radioeléctrico es el insumo más importante para los operadores de telecomunicaciones. A través de las bandas de espectro es posible ampliar las redes de conectividad y dar paso a nuevas tecnologías como 5G. Pero la extinción del IFT y el envío de sus facultades a nuevas dependencias disminuirá el apetito de los operadores por adquirir espectro, ya que al interior de la industria se ha generado incertidumbre, al no tener claridad sobre el desarrollo de nuevas licitaciones e incluso el futuro de la que preparaba el Instituto, la IFT-12 para espectro idóneo para 5G, lo cual impacta directamente a los planes recaudatorios del gobierno.
Alberto Farca, vicepresidente de proyectos de Centro México Digital, comentó que, adicional a la incertidumbre por la desaparición del regulador, el tema del costo del espectro se coloca como el principal motivo para desanimar a las empresas privadas de telecomunicaciones para comprar bandas.
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El gobierno de Sheinbaum Pardo ha decidido no disminuir el precio del espectro radioeléctrico para el próximo año y, en su lugar, ha optado por mantener elevados los costos de este insumo, respecto al promedio mundial, de acuerdo con la Ley Federal de Derechos (LFD) para 2025.
La propuesta del gobierno, implica que las bandas que son idóneas para 5G e incluso para incrementar la cobertura de 4G, mantengan las tasas de los últimos tres años sin una actualización inflacionaria. Por ejemplo, sólo el pago anual por los derechos del uso de la banda 600 MHz se mantendrá en 26,997 millones de pesos, mientras que para la banda de 800 MHz quedará en un costo de 54,087 millones de pesos, según las cuotas de la Ley Federal de Derechos 2023.
“El monto de los derechos que defina la Secretaría de Hacienda y que aprueben los diputados será decisivo para los operadores, sumado a considerar serán las bandas y la cantidad de espectro a licitar y las bases de la licitaciones, así como si se realizarán actualizaciones al Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico”, dijo Farca.