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Llave MX reduce trámites, pero abre debate sobre ciberseguridad

Este proyecto en la Ciudad de México logró reducir el tiempo de diversos trámites de gobierno; sin embargo, algunos expertos ven con ojo crítico su impulso federal.
jue 29 mayo 2025 07:25 AM
Llave MX: el futuro de los trámites en México, ¿y de los hackeos?
La plataforma que fue exitosa en la Ciudad de México ahora podrá ser un proyecto federal.

La implementación de Llave MX, la plataforma digital del gobierno federal que centralizará trámites y datos biométricos de los ciudadanos, representa un avance significativo hacia la digitalización de los servicios públicos. Sin embargo, también plantea desafíos críticos en materia de ciberseguridad y protección de datos personales.

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Dentro de las oportunidades, Llave MX promete simplificar los trámites gubernamentales al permitir a los ciudadanos acceder a múltiples servicios con una sola cuenta digital. Esta centralización podría traducirse en una reducción de hasta el 50% en los costos operativos del gobierno, según estimaciones mencionadas por Manuel Zamudio, presidente de ALAS Internacional.

“Habrá una mayor facilidad para todos los ciudadanos para que con un solo ingreso en un solo sitio podamos realizar cualquier trámite”, precisó Zamudio en entrevista.

Además, la expansión de este programa a nivel federal puede catalizar la creación de una ley nacional de ciberseguridad. La Ciudad de México trabaja en una iniciativa para establecer requisitos claros en la protección de datos personales.

El INFO CDMX presentó ante el Congreso local una propuesta de Ley de Ciberseguridad en Materia de Protección de Datos Personales, que exige a las instituciones gubernamentales contar con una estrategia definida y responsables designados. Además, en caso de ciberataques, se contempla la solicitud de peritajes informáticos para determinar el daño y las causas de la vulneración.

Laura Enriquez, comisionada presidente de INFO CDMX, señaló que este impulso se replicará en diversas entidades por la necesidad de digitalizar más al país.

Durante la gestión de Claudia Sheinbaum, este proyecto digitalizó más de 50 trámites, como la renovación de licencias o la obtención de actas, y fue utilizada por más de 4.2 millones de personas además de generar ahorros millonarios gracias al desarrollo tecnológico in-house de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP). Ahora, Llave MX es su evolución a escala nacional.

Sin embargo, la centralización de información tan sensible convierte a este programa en un blanco atractivo para los ciberdelincuentes.

Entre 2018 y 2025, diversas instituciones mexicanas enfrentaron graves filtraciones de datos: el ataque masivo de 2022 contra la Sedena, el hackeo a Pemex y el ciberataque de 2024 a la Consejería Jurídica de la Presidencia, donde se filtraron más de 200 GB de información confidencial.

Llave MX almacenará huellas digitales y reconocimiento facial. A diferencia de las contraseñas, estos datos no pueden modificarse en caso de ser filtrados, lo que podría tener consecuencias irreversibles para la privacidad y seguridad ciudadana.

“Yo no puedo cambiar mi huella digital ni mi rostro, en manos equivocadas sí representan una amenaza muy importante”, advirtió Zamudio.

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Brecha digital y exclusión social

Alrededor del 25% de la población en México no tiene acceso a internet o carece de habilidades tecnológicas básicas. Esto podría dejar fuera de la digitalización a sectores vulnerables, agravando la desigualdad en el acceso a servicios públicos.

Además, tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), no existe una figura autónoma que supervise de forma imparcial el uso de plataformas como Llave MX. Esta ausencia plantea preocupaciones sobre la protección de derechos y la posible concentración de poder digital en el Estado.

Si bien Llave MX puede ser un pilar para la modernización administrativa, su éxito dependerá de una estrategia de ciberseguridad nacional clara, sólida y actualizada, de acuerdo con Zamudio.

“Ojalá que este proyecto impulse una ley federal que nos indique los límites de lo que pueden hacer ciudadanos y empresas para protegerse ante amenazas”, señaló el presidente de ALAS.

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