El nuevo órgano estará conformado por cinco comisionados y una secretaria técnica, cuyos elementos serán nombrados por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificados por voto del Senado de la República, o por la Comisión Permanente.
Los funcionarios a comisionados tendrán un periodo de siete años en su cargo, mientras que la función del presidente comisionado será de tres años, con posibilidad de ampliar una sola vez su periodo. Además, deberán tener experiencia en el sector de por lo menos tres años y no haber ostentado cargos públicos.
La estructura operativa de la CRT es casi parecida a la que desempeña actualmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el cual está conformado por siete comisionado con un periodo de cargo por siete años, mientras que el del comisionado presidente es de cuatro.
Sin embargo, una de las diferencias más notorias y que pueden generar suspicacias dentro de la industria es la manera en cómo se elegirán las vacantes. Los nombramientos en el IFT tienen una naturaleza técnica, más que política. Los postulantes son elegidos tras una convocatoria pública y la aplicación de un examen por un Comité de evaluación, formado por el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La finalidad de las pruebas es demostrar los conocimientos técnicos de los aspirantes para ejecutar resoluciones basadas en una lógica colegiada y no política.
CFE, espectro a partir de competencia
La propuesta del Senado destaca que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) accederá a frecuencias de espectro para cobertura en zonas remotas o inaccesibles geográficamente o económicamente hablando, a cambio de que esos operadores presenten periódicamente un informe de cumplimiento de hitos que les garantice seguir contando con ese tipo de bandas espectrales.
Además el documento destaca la empresa estatal será la encargado proveer internet en zonas en donde aún no llegan las grandes empresas de telecomunicaciones, sin embargo no detalla si este cometido lo realizará de manera solitaria, o bien, con apoyo de filiales o subsidiarias, como Altán Redes.
Mientras que para estaciones públicas, sociales, indígenas y afromexicanas podrán comercializar pauta local para ingresar recursos que sustenten su operación, y a cambio, esos concesionarios deberán entregar cada 30 de abril un informe detallado de sus actividades y relación de accionistas.
Y en materia de audiencias, la nueva ley estipula que la creación de un defensor de audiencias por empresa concesionaria, mismo que deberá estar un periodo de tres años, con posibilidad de repetir en el cargo una sola ocasión.
