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Ley de repartidores, entre esperanza y dudas fiscales

La vinculación de trabajadores digitales al IMSS y el SAT genera contradicciones pero los actores involucrados ven esperanza en la prueba piloto.
jue 03 julio 2025 06:00 PM
La ley de repartidores genera dudas de los beneficios fiscales para los trabajadores de apps
RUM celebró el inicio de la prueba piloto y puntualizó que la seguridad social es un derecho, pero debe construirse con base en evidencia, no en imposiciones.

El 1 de julio empezó la prueba piloto de la reforma de ley para regularizar a trabajadores de aplicaciones digitales, con la que empresas como Uber, DiDi, Rappi e InDrive están obligadas a incorporar a sus trabajadores a la seguridad social del Instituto Mexicanos del Seguro Social (IMSS). Si bien las plataformas digitales y agrupaciones de repartidores y conductores mostraron su apoyo para este arranque, el marco laboral y fiscal genera incertidumbre sobre su implementación real y sostenibilidad.

Esta inquietud se basa en que ante el IMSS, los trabajadores de plataformas digitales serán considerados empleados para efectos laborales, pero ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) quedarán como trabajadores independientes para fines fiscales.

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“Estamos frente a una figura híbrida que no termina de consolidarse. Es contradictorio que se busque protegerlos como empleados, pero se les exija cumplir obligaciones de un trabajador independiente”, advierte Alberto Romero Tupete, director de Rofa Legal & Tax.

Además, desde la perspectiva de Romero, el SAT clasificó unilateralmente a los trabajadores de plataformas como independientes sin una base legal suficientemente clara, con lo que, en términos fiscales, esta figura rompe con el principio constitucional de equidad tributaria.

Esta figura está consagrada en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Mexicana y establece que los ciudadanos deben contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa.

Es decir, las cargas fiscales deben distribuirse de forma justa entre los contribuyentes. No se trata de que todos paguen lo mismo, sino de que cada quien aporte según su capacidad económica, evitando privilegios o discriminaciones.

Sin embargo, al no modificar el régimen fiscal en el que se encuentran los trabajadores digitales, el pago de ISR se mantiene en 2.1% para este grupo, pero para el resto de personas físicas es progresivo de 1.92% hasta 35%.

“Si un repartidor genera unos 9,600 pesos al mes, sufre una retención del 2.1% (201.6 pesos), pero si recibiese ese salario de manera tradicional en una empresa, la retención subiría como al 7.2% (691.2 pesos)”, ejemplificó Romero.

Pese al aparente beneficio que tendrían los trabajadores digitales, Romero aclara que bajo este esquema la carga administrativa también es mayor, pues estar en el régimen de plataformas en algunos casos implica presentar declaraciones mensuales, algo que no sucede con los trabajadores tradicionales.

“Eso es una inequidad que genera muchas diferencias. No creo que el régimen actual de salario pueda funcionar en la manera en la que está para las plataformas”, refirió el especialista.

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Hay esperanza en la prueba piloto

“La seguridad social es un elemento importantísimo para la estabilidad en la sociedad (...) como país necesitamos que ellos estén protegidos de alguna forma, entonces creo que la intención es buena, estamos navegando sobre un camino incierto y me parece que la idea de tener una prueba piloto también es buena”, comentó Romero.

Guillermo Malpica, director ejecutivo de AlianzaIn, organización que agrupa a apps como DiDi, Uber y Rappi dijo a Expansión que ven con entusiasmo la ley y confían en que la prueba piloto brindará la oportunidad de pulir los detalles que no quedan claros en la legislación o que están en el aire.

“Es el momento de ver estos detallitos que no se ven sino hasta que ya está en marcha (la prueba)”, agregó Malpica, una idea con la que el grupo Repartidores Unidos de México (RUM) coincide.

Malpica explicó que los primeros resultados de la prueba piloto (que dura seis meses) se esperan luego del primer mes de aplicación y también detalló que por cuestiones de logística dividirán el periodo de testeo en dos partes.

En el primer trimestre, dijo, “será la prueba de fuego” para resolver dudas, proporcionar sugerencias y entender el funcionamiento del programa, para luego pasar a afianzarlo.

“Queremos entender cómo podemos hacer de este programa piloto algo exitoso que nos permita tener en México una regulación única en el mundo que cumpla con el objetivo de política del gobierno, que sea una regulación viable en el largo plazo para las plataformas y que beneficie a los cientos de miles de familias cuyos ingresos dependen de este trabajo”, comentó Malpica.

RUM celebró el inicio de la prueba piloto y puntualizó que la seguridad social es un derecho, pero debe construirse con base en evidencia, no en imposiciones.

“Insistimos, este piloto será clave para verificar si el modelo propuesto funciona en la práctica y si efectivamente garantiza derechos sin imponer condiciones que limiten nuestra capacidad de trabajar”, comentaron.

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