El incumplimiento de estas disposiciones podrá acarrear sanciones para los operadores, con multas que van de 1.1% a 4% de sus ingresos anuales.
Esta nueva medida genera preocupación e incertidumbre entre los mexicanos, al implicar que las dependencias de procuración de justicia den un tratamiento inadecuado a su información, ante la falta de contrapesos dedicados a su protección como era el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Sin embargo, los ciudadanos podrían recurrir a los llamados derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) para tener cierto control sobre su información personal. Estos derechos permiten a los usuarios solicitar información sobre sus datos, corregir errores, pedir la eliminación de datos y oponerse a su uso ante las empresas de telefonía y de instituciones gubernamentales.
Para ejercer estos derechos, los usuarios deben presentar una solicitud ante la Unidad de Transparencia de su proveedor de telecomunicaciones o del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), detallando los datos personales sobre los que desean ejercer sus derechos: Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición.
“Esta figura de derecho ha sido ejercida por ciudadanos. Muchas veces las empresas de telefonía no entregan o borran la información de los titulares de una línea móvil argumentando ilegalidad e incluso seguridad nacional. Pero el INAI muchas veces falló a favor para que las compañías eliminaran la información, de ahí la importancia de los ARCO”, dijo Ana Gaitán, abogada en la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
En la Ley vigente de telecomunicaciones las compañías de telefonía mantienen la conservación de metadatos, como origen, destino, fecha, hora, duración de una llamada y localización geográfica de las comunicaciones por un periodo de dos años con la finalidad de que la información esté disponible para las autoridades, en caso de ser solicitada.
Pero en la nueva política se plantea que las telefónicas conserven los datos durante doce meses en sistemas que permitan su consulta y entrega en tiempo real a las autoridades competentes, a través de medios electrónicos, es decir, sin mecanismos judiciales para su acceso. Además, las empresas estarán obligadas a guardar por doce meses adicionales los datos de los usuarios en sistemas de almacenamiento electrónico.
“Las empresas resguardaran información que no debería ser necesaria para obtener una línea telefónica. ¿Para qué quieren la ubicación en tiempo real de un ciudadano?”, cuestiona Gaitán.
Actualmente las solicitudes o controversias vía derechos ARCO se encuentran en pausa por seis meses como resultado de la reforma a la Ley Federal de Protección de datos personales. Sin embargo, la especialista aseguró que este mecanismo se mantiene, quizá, como el único contrapeso que ha dejado la actual administración para hacer frente a la serie de cambios que encaminan a una etapa de vigilancia sin controles.
“Es necesario que la gente conozca los derechos ARCO, que tome más consciencia de sus derechos para elevar el costo político, al aumentar el número de personas que exijan a las autoridades y empresas para saber qué información están recopilando y que no la utilicen. A pesar de que nos están quitando todos los caminos institucionales, los ARCO son los únicos mecanismos que tenemos por el momento, además de informarnos”, dijo Gaitán.
Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) es una de las organizaciones que emprenderá una acción colectiva contra la nueva disposición del registro de líneas telefónicas, bajo el amparo de los derechos ARCO, cuyo proceso iniciará una vez transcurridos los seis meses de pausa.
La acción de R3D se sumará a la de change.org, la plataforma mundial que permite a los usuarios movilizarse para apoyar diversas causas. Desde el 2 de julio, 11, 232 personas han firmado la petición “No a la Ley espía” al señalar que “el gobierno tendrá más control sobre las instituciones que regulan lo que vemos y compartimos, y que puedan acceder a nuestros datos personales con rapidez”.
Diferencias de la actual y nueva Ley de Telecom
José Antonio Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), ha defendido que la nueva Ley de Telecomunicaciones no busca espiar a la personas bajo el argumento de que las disposiciones sobre las líneas móviles son las mismas contenidas en la actual política del sector, sin embargo, existen notables diferencias.
Las empresas de telefonía móvil en la actualidad recaban información de los usuarios, como la ubicación en tiempo real, a través de su infraestructura, y a los cuales pueden acceder las dependencias de gobierno como parte de los artículos 189 y 190 de la aún vigente Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR).
El 189 exige a las empresas de telefonía almacenar todos los metadatos de las comunicaciones durante dos años; mientras que el 190, señala que solo pueden acceder a la información la Fiscalía General de la República y de los Estados, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Guardia Nacional, a partir de una autorización judicial y en casos de emergencia puede ser obtenida en 48 horas.
Mientras que la Ley de Telecomunicaciones, que aún está en proceso de aprobación, dicta que las compañías de telefonía facilitarán la información de los mexicanos a instancias de seguridad, procuración y administración de justicia. Esto significa que amplía el espectro de entidades de justicia que tendrán acceso a la información ciudadana, sin detallar controles judiciales.
Con los cambios jurídicos y constitucionales que ha emprendido la actual administración, la especialista asegura que México se colocará como un modelo a seguir para Estados autoritarios que buscan contar con el control y vigilancia digital de la ciudadanía.
