La vida digital es, desde hace años, uno de los motores económicos del mundo, sin embargo, por esa misma característica algunos países han modificado sus leyes fiscales, y México sigue esta tendencia.
El artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados y en respuesta, la industria tecnológica alertó sobre los riesgos de privacidad que conllevará su aplicación, así como por el impacto que sufrirán los comercios.
La propuesta que se encuentra dentro del Paquete Económico 2026 obliga a todas las plataformas digitales, desde servicios de streaming hasta marketplaces y aplicaciones de movilidad, a “permitir al SAT un acceso permanente, en línea y en tiempo real” a sus sistemas internos “únicamente a la información que permita comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales”.
En apariencia, la medida modernizaría la recaudación y previene la evasión de impuestos, pero en la práctica, advierten organizaciones y empresas, es un mecanismo de vigilancia masiva que coloca al Estado dentro de los servidores de la economía digital, sin controles judiciales claros ni límites técnicos verificables.
“Es una interferencia desproporcionada en los derechos fundamentales de la ciudadanía, el acceso en línea y en tiempo real es en sí mismo un acto de molestia sin garantías del debido proceso”, señaló Guillermo Malpica, director ejecutivo de AlianzaIn. Los derechos referidos son la privacidad de los usuarios, la protección de datos personales y un debido proceso y libertad de expresión.
Según el texto aprobado, el incumplimiento de esta obligación podrá derivar en el bloqueo temporal de los servicios digitales, lo que en términos operativos equivaldría a la suspensión de plataformas completas, algo que además vulnera la posición del país ante el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá T-MEC, que se discutirá en 2026.
La Alianza Latinoamericana de Internet (ALAI), que agrupa a empresas como Meta, Google, Amazon, Mercado Libre y TikTok, calificó esta disposición como una censura indirecta de plataformas digitales, pues el Estado podría restringir el acceso a servicios que millones de personas usan para comunicarse, informarse o hacer negocios.
“El bloqueo de estas plataformas no se equipara al de casinos o sistemas de apuestas; forman parte de un espacio cívico interconectado donde se ejercen derechos humanos”, advirtió por su parte Artículo 19.
La Asociación de Internet MX puntualizó que las sanciones por incumplimiento pueden ser drásticas y directas y pueden significar la “muerte digital” temporal o permanente de plataformas digitales.
"Si el SAT, IMSS o Infonavit pueden ordenar el bloqueo del acceso al servicio digital, esto significa que la plataforma sería inaccesible para todos los usuarios en territorio nacional mientras dure el incumplimiento. Esta sanción implicaría pérdidas económicas enormes y afectación a millones de usuarios, sería equiparable a una clausura operativa vía internet", dijo la organización.
La controversia va más allá de lo jurídico. Las empresas temen que esta reforma transforme la fiscalización en una herramienta de hipervigilancia, al permitir al gobierno observar datos transaccionales, patrones de comportamiento y flujos financieros en tiempo real.
Aunque el SAT argumenta que solo accederá a información fiscal, la ley no establece mecanismos técnicos para garantizar que ese límite se respete. El artículo tampoco contempla control judicial previo ni auditorías independientes, lo que -según Malpica- elimina la protección jurídica del derecho a la privacidad y las obligaciones en materia de protección de datos personales que deberían garantizarse.
Las organizaciones advierten que la medida coloca a México en un modelo de vigilancia digital estatal comparable con el de regímenes de control autoritario. Países como China, Rusia, Turquía y Hungría acceden a información digital sin autorización judicial.
Empresas del ecosistema digital también alzaron la voz. Mercado Libre señaló que los cambios fiscales del paquete 2026, incluidos los nuevos mecanismos de retención y supervisión digital, “ponen en riesgo a más de un millón de pymes que venden en línea” y amenazan con “un retroceso masivo en la formalidad económica”.
“Los porcentajes de retención propuestos reducen de forma inmediata el flujo de capital mensual de las pymes, que operan con márgenes de ganancia entre el 2% y 6%, limitando su capacidad para comprar inventario, invertir y sostener empleos”, señaló el director general en México del marketplace, David Geisen.
En términos prácticos, el modelo de vigilancia y retención simultáneas no solo aumenta la carga regulatoria, sino que encarece el costo de la formalidad en el comercio digital.
La ALAI sostiene que la vigilancia propuesta carece de proporcionalidad y contradice principios básicos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al permitir un “acceso total y permanente a la información de la ciudadanía sin necesidad de probar razones reales para hacerlo”.
Esta falta de salvaguardas legales convertiría la fiscalización en una forma de monitoreo continuo sobre la actividad económica y comunicativa de las personas.
Aunque el discurso del gobierno es que busca mayor transparencia y control fiscal, las asociaciones y organizaciones consultadas señalan que la adición de este artículo erosiona derechos fundamentales y genera incertidumbre en el ecosistema tecnológico.
“Recaudar es un fin legítimo, señalan, pero debe ser efectivo, proporcional y justo. No puede servir de justificación para la vulneración de otros derechos humanos”, apuntó la R3D por los derechos digitales en un comunicado de prensa.
Si el artículo 30-B se implementa sin límites técnicos ni judiciales, el SAT pasará de ser una autoridad fiscal a convertirse en un observador omnipresente del ecosistema digital, capaz de inspeccionar en tiempo real la infraestructura económica y social de internet.
La reforma ya dio un paso decisivo al aprobarse en la Cámara de Diputados, pero para estar oficialmente vigente debe pasar el Senado, ser promulgada y publicada, y entrar en vigor conforme al transitorio, esto sería el 1 de abril de 2026.
