El conflicto por el Ferrocarril Chiapas-Mayab alcanza a OHL e Infraiber

Ahora sería la disputa por la concesión de 'La Bestia'.
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República catearon las oficinas de Infraiber en septiembre del 2015.
Investigación peculiar  Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República catearon las oficinas de Infraiber en septiembre del 2015.  (Foto: Reutes)
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

El pasado 23 de agosto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) emitió un escueto comunicado donde informaba que por considerarlo “de interés y utilidad públicos y seguridad nacional”, declaraba el rescate del Ferrocarril Chiapas-Mayab.

El tren Chiapas-Mayab, mejor conocido como La Bestia, es el transporte que utilizan ilegalmente los migrantes centroamericanos para llegar a Estados Unidos y alcanzar el “sueño americano”.

La dependencia informó que la concesión otorgada a la Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab, S.A. de C. V., propiedad de Viabilis Holding S.A. de C.V., le sería retirada y los bienes volverían al control de la SCT.

¿A qué se enfrentan los migrantes en 'La Bestia'?

La institución federal no argumentó un motivo específico por el cual la concesión otorgada a la empresa el 26 de agosto de 1999, y modificada el 22 de octubre del 2012, era retirada.

Este viernes, se publicó un desplegado a página entera en diarios de circulación nacional, a nombre de Guadalupe Gallego Ochoa, una carta abierta al presidente Enrique Peña Nieto para solicitarle su ayuda.

Gallego Ochoa asegura que es accionista de Viabilis Holding, del 50% que adquirió la sociedad titular de la concesión del Ferrocarril Chiapas-Mayab.

En el documento, asegura que su socio Pedro Topete “siempre ha buscado con acciones fraudulentas de las que conocen las autoridades penales, anular o apoderarse” de sus acciones.

Gallego acusó que Topete junto con grupo ICA anunció en México y Estados Unidos que esta última adquirió el otro 50% de Viabilis Infraestructura, "lo que resultó un engaño al público inversionista pues nunca consentí dicha compraventa".

Gallego asegura que ha tenido “noticia que el señor Topete está sujeto a investigaciones por las autoridades mexicanas por delitos relacionados con lavado de dinero”.

Por su parte, la tarde de este viernes Pedro Topete Vargas emitió un comunicado donde solicitó a Peña Nieto que atienda la solitud de Gallego publicada este viernes.

"Como es de su conocimiento, porque ello consta en los documentos que fueron ilegalmente asegurados el 11 de septiembre de 2015, en el también ilegal cateo practicado en las oficinas de Tecnología Aplicada Infraiber, S.A. de C.V., la estructura societaria de la sociedad denominada Viabilis Holding, no ha tenido variación alguna en los últimos años”, asegura Topete.

Topete no negó las acusaciones realizadas por Gallego, pero conminó al mandatario a atender “oportunamente… a fin de que la Sra. Gállego (sic), no tenga que incurrir nuevamente en costos excesivos (6 desplegados en un solo día, promoción en medios y la participación de los mismos bots de siempre) para que su respetuosa petición sea atendida”.

El texto, no solo fue remitido al titular del Ejecutivo, sino también a Juan Villar-Mir Fuentes, presidente del consejo de OHL.

A finales de enero de este año, la Procuraduría General de la República (PGR) señaló a Pedro Topete, en su calidad de propietario de Tecnología Aplicada Infraiber S.A., junto a su socio y representante legal, Paulo Diez Gargarin, como presuntos responsables del delito de extorsión en agravio del consorcio español Obrascón Huarte Lain (OHL).

En ese momento, el director de OHL-México, Sergio Hidalgo, confirmó que se procedió contra Infraiber S.A., luego de que ésta cumpliera su amenaza de desatar una campaña de desprestigio si no lo ayudaban a recuperar un contrato que perdieron en el Estado de México.

De acuerdo con versiones periodísticas, el contrato representaba ingresos a Topete por 4,000 millones de pesos a él y a sus socios, y consistía en auditar el flujo vehicular en las autopistas del Estado de México.

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El 10 de septiembre del año pasado, OHL informó a sus accionistas que había iniciado una demanda contra Infraiber por espionaje, a la cual acusó de intervenir comunicaciones de sus directivos con funcionarios federales, como Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En las grabaciones que fueron reveladas, los miembros de OHL habrían solicitado ayuda del presidente Enrique Peña Nieto para solucionar un conflicto de cobranza carretera con Infraiber.

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Tras esto, elementos de la PGR catearon las oficinas de Infraiber el 11 de septiembre, donde sacaron 14 cajas de la sede de la empresa.

Este cateo es al que se refiere Topete en su comunicado enviado este viernes, y el cual, según él, a raíz de esto se le quitó la concesión del Ferrocarril Chiapas-Mayab, por parte de la SCT, que encabeza Ruiz Esparza.

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