Donald Trump, en riesgo de conflicto de intereses y de violar un contrato

El presidente electo alquila, desde 2013, un edificio gubernamental en Washington cuyo contrato impide la participación de un funcionario electo.
Trump podría violar el contrato de arrendamiento del hotel en el momento en que asuma el cargo.
Conflictos de interés  Trump podría violar el contrato de arrendamiento del hotel en el momento en que asuma el cargo.  (Foto: Cortesía)
Por: JILL DISIS
NUEVA YORK (CNNMoney) -

Donald Trump está destinado a ser tanto propietario como inquilino de su nuevo hotel en Washington, el cual alquila a una agencia federal que supervisará cuando se convierta en presidente.

Y podría estar en violación del contrato de arrendamiento en el momento en que tome el juramento de su cargo.

Una cláusula poco notada en el documento, que Trump firmó ante la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés) antes de postularse a la presidencia, dice que ningún “funcionario electo del gobierno... será admitido para ninguna participación o parte de este arrendamiento, o para ningún beneficio que pueda derivarse de ello”.

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Para Steven Schooner, un profesor que estudia la ley de contratos de administración pública en la Universidad George Washington, la cláusula es clara y el hotel presenta un inaceptable conflicto de intereses para el presidente entrante.

“El contrato dice que no puede beneficiarse de él”, dijo Schooner.

Los demócratas del Comité de Supervisión de Gobierno de la Cámara de Representantes enviaron una carta este miércoles a la administradora de la GSA, Denise Turner Roth, preguntando cómo planea la agencia manejar el conflicto y la inminente violación del contrato de arrendamiento.

La GSA se negó a comentar para este artículo. En una declaración el mes pasado, la agencia se comprometió a trabajar con el equipo de Trump para “abordar cualquier problema” relacionado con el hotel.

En 2013, Trump alquiló al gobierno la Antigua Oficina de Correos, a unas cuadras de la Casa Blanca, y se comprometió a pagar una renta base mínima de 3 millones de dólares al año, según un informe de la GSA.

Fue inaugurada este septiembre como el Trump International, una propiedad de cinco estrellas y la última incorporación a la marca de hoteles Trump. El contrato de arrendamiento es por 60 años.

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Schooner ha argumentado el caso en contra de la propiedad de Trump del hotel en las últimas semanas. Dijo que la solución tiene que provenir de la GSA, y dijo que una opción es que la agencia rescinda el contrato debido a la violación.

“No debería ser difícil para la GSA entender que tienen una serie de soluciones obvias”, dijo.

Schooner dijo que la Trump Organization podría demandar a la GSA si la agencia termina el contrato, pero dijo que el gobierno tendría un sólido caso legal en la corte. Nadie forzó a Trump a presentarse a la presidencia dos años después de que firmara el contrato de arrendamiento.

Incluso si la GSA perdiera, los daños monetarios probablemente serían pequeños, dijo Schooner, y la Trump Organization no recuperaría el control del hotel.

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Si la familia Trump llega a pensar que tiene un caso para negociar una renta más baja o iniciar alguna otra disputa legal, la GSA representaría al gobierno. El jefe de esa agencia es alguien a quien Trump tendría el poder de despedir.

La Trump Organization no respondió a una solicitud de comentarios sobre el arrendamiento del hotel.

Los expertos en contratos y ética han advertido que el acuerdo entre el negocio de Trump y el hotel ya está causando problemas.

El Washington Post, por ejemplo, ha informado que diplomáticos están reservando eventos en el Trump International para ganarse el favor del presidente electo.

Trump, en una serie de tuits el miércoles, prometió alejarse de las operaciones de su negocio para enfocarse en la gestión del país. Ha dicho previamente que transferirá el control a sus hijos adultos, lo cual no eliminaría un conflicto de intereses. Trump no ha sugerido que venderá ninguna propiedad.

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El GSA dijo en su declaración el mes pasado que otra agencia federal, la Oficina de Ética Gubernamental, “proporciona orientación al Poder Ejecutivo sobre cuestiones de ética y conflictos de intereses”.

Esa respuesta no es suficiente para autoridades como Schooner, quien dijo que la agencia debería haber hecho planes para esto.

“Realmente no entiendo qué están haciendo ahora mismo”, dijo Schooner. “La GSA se metió en este lío, ellos tendrán que salir de él”.

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