La Red Compartida no se detendrá por pleito entre Rivada y la SCT

El proyecto de licitación de la Red Compartida, que fue adjudicada al consorcio Altán (que encabezan Axtel y Megacable), no se verá frenado ante las acciones legales que plantean la firma perdedora Rivada y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), encargada de otorgar la adjudicación, según analistas.

En noviembre pasado, Rivada Networks acusó al consorcio Altán de acceder a información privilegiada para la elaboración de la propuesta de proyecto a través de la firma internacional Deloitte, datos que supuestamente fueron proporcionados por personal de la SCT.

A finales de diciembre, la SCT informó que iniciará acciones legales contra Rivada por “los daños ocasionados con sus señalamientos”, proceso que se realizará en Estados Unidos donde se encuentra el domicilio de la empresa.

“La SCT tiene elementos suficientes para decir que (Rivada Networks) incumplió (…) la SCT debe transparentar el proceso para que no haya lugar a dudas por parte de nadie, incluso hasta para tranquilidad de la población, pero que se pueda frenar (el desarrollo de la Red Compartida) no creo que se frene”, dijo a Expansión Sandra Rodríguez, fundadora de la firma legal en línea Jurídica en Telecomunicaciones (JenTel.Mx).

El proyecto de la Red Compartida busca ampliar los servicios de telecomunicaciones móviles en el país, a fin de ofrecer banda ancha en zonas donde actualmente no existe o en las que solo hay una opción.

Para algunos analistas, la principal razón para mantener el curso de la licitación es que Rivada Networks no se apegó a las bases de la licitación. “El requisito que va a evaluar la autoridad no lo cumplió (garantía de seriedad), incluso reconocido por ellos (Rivada)”, dijo Jorge Bravo, director editorial de Mediatelecom.

El 29 de enero de 2016, la SCT informó que entre las condiciones de las bases del concurso de la Red Compartida se incluía una garantía de seriedad –que debía entregarse el 20 de octubre pasado -, que consiste en entregar una carta de crédito que expide una institución bancaria en papel membretado con una fecha de vigencia, sellada y firmada por funcionarios facultados del banco, de acuerdo con información del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

“No se tiene una decisión que obligue a suspender el siguiente paso en la licitación (firma de contrato). Evidentemente, el detonante de esta situación fue la condición en la que Rivada pide un plazo adicional para la entrega de la carta crédito (garantía de seriedad), pero las bases son claras en cuanto al requisito de la garantía y periodo de su entrega y el acta de recepción de documentos muestra que no se entregó una carta crédito por Rivada”, explicó Jesús Romo, analista de Telconomia.

¿Y la Función Pública?

“La Secretaría de la Función Pública es el ente que debería estar revisando todo este tipo de situaciones antes de haberlo llevado a un tribunal”, consideró Sandra Rodríguez. “No estoy convencido que la SCT deba demandar, aun por difamación, lo que tendría que hacer es transparentar, no demandar, incluso destinaría recursos, más dinero porque tendrá que pagar abogados y el litigio puede durar años”, añadió Bravo respecto la reacción de la SCT.

Mónica Aspe, subsecretaria de Comunicaciones, no estuvo disponible para hablar del proceso legal contra Rivada.

El proceso de la Red Compartida no se detendrá, aseguró Abel Hibert, excomisionado de la Cofetel, órgano regulador predecesor del IFT. “A lo largo del año este proceso (legal entre Rivada y la SCT) va a estar presente y va a causar algo de incertidumbre pero al final de cuentas se va a resolver a favor de la SCT y de la empresa que ganó la licitación (Altán)”.