Los métodos alternativos de justicia, con 89% de aceptación

Los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos Penales (MASCP) contribuyen a despresurizar el sistema de justicia y generan un alto grado de satisfacción en las personas que acuden a ellos, considerá un estudio del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC).

En el informe “La otra justicia, reporte sobre la operación de la justicia alternativa en México” presentado este martes, se explica que el 89% de los usuarios entrevistados para el estudio, está de acuerdo con la existencia de estos mecanismos y nueve de cada diez los recomendaría a un familiar o conocido.

A partir de la reforma constitucional en material penal de 2008, se introdujeron en México estos mecanismos que permiten que tanto la víctima como el ofensor participen de forma conjunta en la resolución de conflictos derivados de la comisión de un delito, con el objetivo de alcanzar la reparación del daño y la reconstrucción del tejido social.

Bajo esa lógica y más allá del objetivo de contribuir a la descongestión del sistema penal, los MASCP buscan evitar —siempre que sea posible— una pena de cárcel "estigmatizante" que no satisface las necesidades de la víctima con sentirse escuchada, acompañada y reparada ni las del ofensor para recuperar el papel social del que es despojado cuando entra en prisión.

El CIDAC destaca que la utilización de los Mecanismos Alternativos no implica el abandono de los juicios penales tradicionales como medio para determinar responsabilidades sino fungir como un opción que transforme y sane la relación lastimada entre la comunidad y las instituciones del sistema de justicia.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014 ubicó a los operadores del sistema de justicia entre los peores evaluados; además estimó que la falta de confianza genera que nueve de cada diez delitos cometidos no se denuncien.

Las bondades

La ineficiencia judicial y el incremento de violencia a partir del año 2007, aunados a las exigencias de la sociedad civil llevaron a la publicación de una refoma constitucional en materia de seguridad y justicia enfocado en un sistema acusatorio respuestuoso de los derechos humanos.

El informe del CIDAC cita la exposición de motivos de la reforma constitucional en la que se resaltaban las conseuencias de tener una política criminal deficiente: 40% de las personas internadas en cárceles sin sentencia y un sistema penintenciario operaba al 130% de su capacidad promedio, lo que representaba un gasto de 213 pesos diarios por interno. Es decir, que para mantener a las personas en prisión preventiva se invertían 22 millones 970,000 pesos al día y 8,269 millones de pesos al año.

En comparación con la justicia penal tradicional, resalta el estudio, los MASCP presentan ventajas considerables en términos de tiempos y costos, pues mientras en un proceso penal tradicional 7 de cada 10 usuarios reportan gastos en servicios legales, en los Mecanismos Alternativos 9 de cada 10 usuarios no reportan gastos asociados a esta materia. Además, de que la mayoría de ellos resolvió su conflicto en menos de un mes.

"A lo anterior, habrá que sumar los beneficios para las finanzas públicas derivados del hecho de que en México los costos promedios de la investigación penal son mucho mayores que el costo de optar por un mecanismo alternativo", indicó el CIDAC en un comunicado.

De acuerdo con una encuesta realizada a familiares de internos en prisiones, en el estado de Morelos y en la Ciudad de México más del 70% de los entrevistados reportó haber gastado en servicios legales. El 22% de los familiares en la capital dijo haber gastado entre 10,000 y 50,000 pesos; en el caso de Morelos 18% reportó haber gastado esa misma cantidad, mientras que del total de usuarios del MASCP, un 23% manifesto haber gastado menos de 100 pesos y 24% entre 500 y 5,000 pesos.

Falta de personal

A pesar de los beneficios, el CIDAC alerta que la ausencia de recursos económicos y humanos en los Centros de Justicia Alternativa pueden poner en riesgo la operación efectiva de estos mecanismos.

"Algunas de las flaquezas de la operación (...) están relacionadas con la ausencia de recursos económicos y humanos en los Centros de Justicia Alternativa. De igual forma, resulta evidente la ausencia de estandarización en la forma de reportar e integrar datos de la operación de los MASCP, lo que impide contar con información completa, comparable y actualizada", se advierte.

De acuerdo con datos presentados en el Foro Nacional de Seguridad y Justicia de 2015, entre 2010 y 2014 se capacitó a 62,440 operadores de diversos perfiles, lo que representa el 83% de los funcionarios necesarios para operar el nuevo sistema de justicia. En contraste, el último Censo de Procuración de Justicia Estatal (2015), señaló que el país cuenta con un total de 674 facilitadores.