Avances y omisiones: Los claroscuros de la nueva Ley Federal de Transparencia
El dictamen de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública contiene nuevas medidas en materia de rendición de cuentas, como la inclusión de más sujetos obligados y sanciones por incurrir en faltas, así como desclasificar los expedientes relacionados con violaciones a los derechos humanos, pero omite demandas ciudadanas como la publicación de las declaraciones patrimonial, de posibles conflictos de interés y fiscal, iniciativa conocida como #3de3.
El proyecto —que abroga la actual Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y aún está pendiente en el Senado de la República— fue aprobado este martes por la Cámara de Diputados tras un debate en el que legisladores de oposición pidieron más "dientes" para combatir la corrupción, pero al final la mayoría de las reservas presentadas por los partidos Movimiento Ciudadano y Morena fueron rechazadas.
Revisa aquí qué artículos no se modificaron, cuáles se rechazaron y qué cambios tuvo la primera de las leyes que forman parte de la legislación secundaria de la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción.
Los oscuros
Pese a que la nueva Ley obliga a los tres poderes de la Unión, los tres niveles de gobierno y a todos los entes públicos o privados que reciban dinero del Estado a transparentar el manejo de los recursos, los diputados rechazaron incluir a las empresas productivas del Estado —como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE)—, a sus subsidiarias y filiales.
Además, los legisladores votaron en contra de agregar dos obligaciones a la Secretaría de Energía y un párrafo al artículo 73 para remitir a las empresas filiales y subsidiarias a cumplir las obligaciones de transparencia pautadas en los artículos 70 y 83 de la Ley General de Transparencia.
Durante la discusión, la Cámara baja también votó en contra de incluir el #3de3 para que legisladores, servidores públicos y partidos politicos presenten sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses.
De acuerdo con lo establecido en la ley, el Instituo Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) podrá imponer sanciones a los sujetos obligados y emitir amonestaciones públicas o a una multa entre 150 a 1,500 salarios mínimos. En este aspecto, el diputado independiente, Manuel Clouthier, cuestionó que una amonestación pública no es suficiente, pues no ocasionará el cambio de actitud de los funcionarios.
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Los claros
Aunque se mantuvo la reserva por concepto de "seguridad nacional", los diputados aprobaron desclasificar toda la información relacionada con violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, para dar prioridad al principio de máxima publicidad. Esta propuesta fue presentada por la diputada perredista Maricela Contreras.
El dictamen suprimió el segundo párrafo del artículo 23, que convertía a los trabajadores del Inai en empleados de confianza, lo que coartaba su derecho a sindicalizarse.
Asimismo, el proyecto rectificó el plazo de cinco a tres días para la entrega de información requerida a las autoridades competentes.
Otras modificaciones
Los diputados también avalaron las modificaciones propuestas por Movimiento Ciudadano y Morena para armonizar el dictamen con la reforma constitucional que desindexó el salario mínimo, con lo que las multas serán calculadas con la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Durante el debate, se aprobó la reserva al artículo tercero transitorio que proponía que los sujetos obligados tuvieran 18 meses para modificar su normatividad interna y se armonizara con el diseño, implementación y aplicación de las medidas que favorecen la transparencia y rendición de cuentas. Este plazo se redujo a 12 meses, a partir de la entrada en vigor de la ley.
Las modificaciones aprobadas incluyen la presentada por la diputada de Morena Margarita Cuata Dominguez, para que el informe anual del Inai sea presentado no sólo al Senado de la República, sino también a la Cámara de Diputados.
La reserva a los artículos 28, 52 y 55, propuesta por el diputado Renao Josafat Molina Arias, de Morena, para cambiar toda referencia al Distrito Federal por Ciudad de México también fue votada a favor.
