... Y 8 años después, insuficientes avances para implementar la reforma penal

Ocho años después de la aprobación de la reforma constitucional en materia penal —que, entre otras cosas, contempla los juicios orales—, los avances para su implementación son suficientes, a unos días del vencimiento de su plazo constitucional, el 18 de junio, revela un reporte del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC).

El informe Hallazgos 2015 estima que se necesitarían 11 años para alcanzar un nivel óptimo para que el nuevo sistema de justicia opere de manera eficaz y adecuada.

Además, refiere el think thank, la reforma penal implicó una multimillonaria inversión de recursos financieros, de los que no hay información clara sobre cómo ni en qué han sido gastados tanto a nivel nacional como en las entidades.

El Congreso de la Unión ha asignado un total de 5,235 millones 718,382 pesos a la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), entre 2010 y 2016.

De éstos, el 81% ($4,241 millones 312,422 pesos) han sido destinados al otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma y el resto se ha asignado al pago de servicios personales, de gastos de operación y de otras erogaciones de administración del órgano implementador nacional.

Así, las entidades contaron con presupuesto para la instauración del sistema penal acusatorio, con recursos del Fideicomiso de Apoyo para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal (Banobras), el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP); y el Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (Fortaseg).

Sólo para el primer rubro, se distribuyeron 3,510 millones de pesos a los estados entre 2010 y 2015. De subsidios de apoyo, se asignaron 944 millones en el mismo periodo.

Las entidades federativas mayormente beneficiadas por subsidios en 2015 fueron el Estado de México (60 millones 975.09 pesos, para 24 proyectos), la Ciudad de México (43 millones 132,364.85 pesos, para 21 proyectos) y Nuevo León (38 millones 913,505.40 pesos, para 15 proyectos), mientras que en la lista con los estados que recibieron la menor cantidad de recursos están Baja California Sur, (16 millones 815,328.97 pesos, para 17 proyectos), Aguascalientes (17 millones 667,940.26 pesos, para 18 proyectos) y Colima (18 millones 861,436.27 pesos, para 32 proyectos). En el plazo de los últimos cinco años, los recursos se multiplicaron.

El reporte detalla que, aunque la distribución de los subsidios otorgados debió tener un impacto directo en el desempeño de las entidades que fueron beneficiadas, los que se llevaron el mayor porcentaje de estos recursos —Ciudad de México y Estado de México— siguen sin superar la media de las entidades con una evaluación más deficiente, si bien tuvieron un avance respecto al año anterior.

Los peores calificados

Sobre el avance en la implementación de la reforma penal, a unas semanas de que se cumpla el plazo establecido en la Constitución, el reporte señala que ninguna de las entidades cumple con siquiera el estándar establecido para 2014, y sólo seis superan el de 2013.

El estándar del CIDAC es de 800 puntos para 2015, 730 para 2014 y 530 en 2013, siendo 1,000 el puntaje ideal, según la metodología propuesta por el Centro de Análisis, que incluye indicadores de coordinación y flujo de información, simetría institucional, ritmos de la implementación y participación ciudadana.

Los estados con las mejores evaluaciones son Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Yucatán y Baja California; y los que tuvieron las calificaciones más bajas son Sonora, Guerrero, Colima, Coahuila y Campeche.

Por esto, indica el organismo, es necesaria una estrategia nacional que logre consolidar el sistema a través de una ruta crítica y actores definidos para homologar la calidad de la justicia y garantizar que los objetivos de la reforma constitucional de 2008 se alcancen.

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Rezago de 11 años

A partir del avance promedio que presenta cada entidad federativa, el CIDAC alerta que se necesitarán en promedio 11 años para alcanzar el nivel óptimo para que el sistema de justicia penal opere de manera eficaz y adecuada.

El reporte señala que el proceso de implmentación se caracterizó por la ausencia de políticas públicas integrales y coordinación interinstitucional; acciones aisladas y descoordinadas. Además de falta de información y poco acceso a la disponible, así como la insuficiencia de operadores como asesores de víctimas o facilitadores, rezago en material de capacitación y retraso en la armonización de la legislación nacional.

Por ello, el think thank propone una estrategia para la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio, que tiene como objetivo contribuir a garantizar la viabilidad y sustentabilidad del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) en el mediano y largo plazo, que prevé tres ámbitos de aplicación.

Éstos son: el sectorial, que se refiere a acciones que integren y aglomeren las distintas perspectivas del sector de justicia penal nacional; el institucional, que corresponde a atender a las distintas instituciones del SJPA de forma particular, y el ciudadano, que se refiere al impacto de las acciones institucionales en las experiencias de los ciudadanos.