7 estados con pendientes para implementar el nuevo Sistema de Justicia Penal

A tres días de que se venza el plazo para la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal, estas entidades tienen rezagos en la implementación.
El próximo sábado 18 de junio vence el plazo para la implementación del nuevo sistema de justicia el país, aún hay estados rezagados.
¿Nueva justicia?  El próximo sábado 18 de junio vence el plazo para la implementación del nuevo sistema de justicia el país, aún hay estados rezagados.
Por: DIANA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Los estados tuvieron ocho años para implementar el nuevo Sistema de Justicia Penal, pero a tres días de que se agote el plazo para la entrada en vigor en todo el país, hay siete entidades que tiene rezagos en la puesta en marcha.

De acuerdo con cifras de la Secretaría Técnica del Consejo Coordinador de Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), hasta el pasado martes, Baja California, Baja California Sur, Tlaxcala, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca y Nayarit operaban parcialmente el nuevo sistema, aunque este último estaría por estar al 100% este mismo día.

En ocho años, la reforma penal aprobada en 2008 avanzó lento: En 2012, solo 3 estados habían implementado el sistema totalmente, 9 parcialmente y en 20 no operaba, para mayo de 2016, a días de la entrada en vigor en 25 estados operan totalmente y 7 de manera parcial.

En entrevista, María de los Ángeles Fromow, titular de la Setec, señaló que con este avance, el porcentaje de población cubierta por el nuevo sistema en las entidades es del 94.6 por ciento, lo que equivale a 114 millones 469 mil 201 habitantes del país.

Para Fromow uno de los retos es la profesionalización, pues señala que no basta la capacitación pues ahora se deben garantizar que haya profesionales en todas las áreas clave del nuevo sistema.

“Hay que lograr tener profesionales en las áreas esenciales de este sistema, no sólo los policías sino también los peritos, los policías de investigación, los ministerios públicos, los jueces y los magistrados”, señala en entrevista con Expansión.

El nuevo sistema de justicia debe implementarse por mandato constitucional en los estados para atender delitos federales y del fuero común y a nivel federal, la reforma penal ya se implementó en todo el país.

Millones para infraestructura

Para poder llegar con la infraestructura correcta a la entrada el vigor el 18 de junio, las entidades han recurrido a planes de arrendamiento y remodelaciones de instalaciones para poder llevar a cabo el nuevo sistema acusatorio a través de los juicios orales.

Sobre esto, Fromow prevé que en dos o tres años se tendrá la infraestructura al 100% y señala que se requerirá una inversión constante para mantener el equipo tecnológico actualizado, ya que se calcula tiene una vida de 5 años.

De acuerdo con un esquema elaborado por la Setec, hasta el 2030 se deberán invertir 50,000 millones de pesos para que el sistema de justicia se mantenga actualizado en equipamiento e infraestructura.

“Tuvimos que partir prácticamente de cero para lograr lugares dignos y modernos para que la ciudadanía acceda a la justicia, tenemos que mantenerlos y fortalecerlos, tenemos que lograr la interconexión de todas las bases de información de todo el país”, aseguró.

Leer: El nuevo sistema de justicia penal traerá desarrollo: Fromow

Rezago preocupante

Para organizaciones de la sociedad civil, adías de que se cumpla el plazo fatal para la implementación, hay pendientes que son preocupantes.

De acuerdo con Guadalupe Álvarez, coordinadora de Investigación de la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos, que conforma el Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia, el tema de ejecución de sentencias es el que presenta mayor rezago.

La activista señala que no hay instalaciones adecuadas en esta materia en centros carcelarios y juzgados de sanciones ni buenos programas de reinserción social, ya que se han atendido otros temas y se ha dejado de lado el eslabón del Sistema Penitenciario.

"Sobre reinserción no se ha hecho nada porque debería haber un seguimiento post penitenciario y cambiar la forma en que se ve el tratamiento dentro y fuera de prisión", enfatiza.

Por su parte, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, considera que la capacitación a los operadores del sistema no ha dado los resultados esperados, pues continúan conductas arbitrarias en ministerios públicos y policías que no se apegan al debido proceso, además de que sigue habiendo fallas en la cadena de custodia.

“Sigue habiendo un pendiente en materia de capacitación sustantiva, no porque la gente haya sido capacitada quiere decir que hemos logrado darle la vuelta a conductas que son las que no queremos ver en nuestros ministerios públicos, seguimos viendo actitudes y acciones donde nos parece que lo que sigue sucediendo es la arbitrariedad en las acciones del Ministerio Público y policías”, señala.

Los beneficios

A pesar de los rezagos en su implementación, el nuevo sistema de justicia penal ya comenzó a arrojar beneficios como la resolución de casos a través de mecanismos alternos de solución de controversias.

En 2014, al menos 120 mil asuntos fueron resueltos a través de estos mecanismos, reduciendo a 30 días la solución, además que aproximadamente 15 mil personas evitaron la prisión.

Con el sistema anterior, un caso tardaba en resolverse entre 170 y 180 días, mientras que con la reforma, suponiendo que se llegue a la etapa de juicio oral, el proceso tardaría 96 días.

A esto, se suman los beneficios económicos, ya que antes una averiguación previa costaba 15,198 pesos y ahora 1, 566pesos a través de las salidas alternas o medidas anticipadas.

Ley para reinserción de reclusos

A cuatro días, de que se venciera el plazo para implementar el nuevo sistema de justicia, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que es parte de la miscelánea de la reforma penal.

Este ordenamiento contempla procedimientos que deben aplicarse durante la prisión preventiva o cuando se cumpla una sentencia y propone medidas alternativas de solución de controversias, diferentes a la prisión.

La ley establece además la reestructuración del Sistema Penitenciario en su operación y administración con el objetivo de buscar la reinserción social.

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También señala que los internos deben estar separados según su situación jurídica, ya que los procesados y sentenciados deben ocupar espacios distintos, lo que siempre ha sido un problema debido a la sobrepoblación en las cárceles mexicanas.

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