Peña le dice a empresarios que revisará varios artículos de la ley #3de3

El presidente le dice al Consejo Coordinador Empresarial que revisará y usará sus facultades para hallar la mejor solución respecto a la constitucionalidad de algunos de los artículos.
Compromiso  Enrique Peña se reunió con empresarios para conocer su postura sobre las leyes anticorrupción.  (Foto: Presidencia de la República)
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

El presidente Enrique Peña Nieto se reunió el martes con los líderes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y se comprometió a revisar y utilizar sus facultades para encontrar la mejor solución respecto a la constitucionalidad de algunos artículos aprobados recientemente en el paquete de leyes anticorrupción.

“(El mandatario) quiere tomar la mejor decisión para darle viabilidad al sistema; es decir, que el sistema opere en el corto plazo y evidentemente una de las facultades del Ejecutivo es vetar ciertos artículos de la ley”, dijo el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, en entrevista con Radio Fórmula este miércoles.

Castañón afirmó que la Ley General de Responsabilidades Administrativas (conocida como #3de3) tal como fue redactada implica a todos los beneficiarios de fondos gubernamentales o fiscales, desde las becas hasta los programas sociales, así como proveedores y sus familias.

"Está muy complejo para poder cumplirlo y posiblemente esto podría bloquear la ley. Sería tal la magnitud de documentación, la logística que se tiene que crear, que sería imposible cumplirla", expuso en la entrevista.

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En su reunión con Peña Nieto, los empresarios ponderaron el paquete de leyes que se enmarcan dentro del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), con más de 800 artículos, en donde se incorporaron prácticas internacionales de combate a la corrupción.

"Expresamos que debe revisarse la constitucionalidad de algunos artículos aprobados en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, particularmente el 32 relativo a las declaraciones patrimoniales, fiscales y de interés de las personas morales y físicas que reciban algún tipo de recurso público", indicó el organismo empresarial en un comunicado difundido este miércoles.

En tanto, Presidencia de la República informó anoche que el mandatario escuchó las inquietudes del sector privado.

Según el gobierno federal, los integrantes del CCE refrendaron el apoyo y trabajo constante de las organizaciones de la sociedad civil, empresariales y de los ciudadanos en esta materia.

Este miércoles estaba previsto que se promulgara el paquete de leyes en un acto en Los Pinos.

El martes, la senadora independiente Martha Tagle publicó en Twitter un documento de la Secretaría de la Función Pública donde informaba de la cancelación del acto.

La ley #3de3, aprobada por el Congreso de la Unión, tiene como principal atractivo la publicación de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.

Pretende distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves.

El artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas es uno de los más controvertidos, pues se incluyó a la iniciativa privada para que provea sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflicto de interés, así como el de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos de la federación, de los estados y los municipios.

Otro artículo que ha genarado polémica es el 29, que refiere sobre el formato de las declaraciones patrimoniales.

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La semana pasada, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se manifestó en el Ángel de la Independencia acompañado por un centenar de afiliados para exigir a los legisladores que corrijan sus "ocurrencias".

Además, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) afirmó que no existe una utilidad clara para obligar a las personas físicas y morales a presentar sus declaraciones correspondientes, y que tampoco está basada en antecedentes nacionales ni experiencias internacionales que la justifiquen.

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