La Contraloría de Nuevo León inhabilita a 4 exfuncionarios de Rodrigo Medina

La contralora Nora Elia Cantú dijo que los exservidores públicos fueron inhabiltado por haber otorgado incentivos económicos de manera irregular a la empresa Siderúrgica de Linares.
Elia Cruz informó que los exfuncionarios tendrán que pagar una sanción resarcitoria de 210 millones de pesos
Sanciones  Elia Cruz informó que los exfuncionarios tendrán que pagar una sanción resarcitoria de 210 millones de pesos  (Foto: Cortesía/Gobierno de Nuevo León)
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

La Contraloría General de Nuevo León informó de la inhabilitación de cuatro exfuncionarios de la administración del exgobernador Rodrigo Medina (2009-2015) por haber otorgado incentivos económicos de manera irregular a la empresa Siderúrgica de Linares.

La contralora general, Nora Elia Cantú, anunció por medio de un comunicado que notificaron las inhabilitaciones para ocupar cargos públicos por 10 años a los exfuncionarios Juana Aurora Cavazos, quien se desempeñaba como secretaria de Desarrollo Social; Patricia Aguire González, quien fuera directora general de la Corporación para el Desarrollo Turístico del Estado; Juan Manuel Fernández García, quien fue director general del Instituto de Vivienda, y a Sergio Alejandro Alanis Marroquín, quien ocupó la dirección general del Istituto de Vivienda del Estado a finales de la administración.

La contralora informó que los exfuncionarios involucrados tendrán que pagar de manera solidaria una sanción resarcitoria al estado por un monto de 210 millones de pesos.

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Cantú recordó que la contraloría ha dictado 11 resoluciones de inhabilitación en lo que va de la administración del gobernador Jaime Rodríguez Calderón y precisó que continúan integrando otras investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa.

A inicios de junio de este año, la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León anunció el embargo de una serie de propiedades del exgobernador Rodrigo Medina como una medida precautoria durante el desarrollo de una invetigación por desvío de recursos.

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