Inmobiliarios de Cancún paran operaciones en predios despojados

Los integrantes de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios realizarán una investigación para asegurarse de que no atraviese por una demanda laboral.
La empresa de condominios acusa que le fueron vendidos departamentos de forma fraudulenta y a la mitad de su valor.
Maioris Tower  La empresa de condominios acusa que le fueron vendidos departamentos de forma fraudulenta y a la mitad de su valor.  (Foto: Diego Macías)
Por: MARIEL IBARRA Y SILBER MEZA
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión / Mexicanos contra la corrupción y la impunidad) -

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), capítulo Cancún, Quintana Roo, acordó no promover para su venta ninguna propiedad que en su historial tenga un juicio laboral, informó su presidente, James Tobin.

La decisión fue tomada el 7 de julio pasado ante la incertidumbre que generan las denuncias públicas de despojos por este tipo de juicios.

“No vamos a proceder a hacer ninguna compraventa ni ningún tipo de operación con aquellos inmuebles que presenten en el Registro Público un juicio laboral, que hayan sido tomados por vía de un juicio laboral… no lo vamos a promover para una venta”, dijo en entrevista telefónica.

El líder de la organización encargada de dignificar las prácticas inmobiliarias y proteger los derechos de la propiedad privada, explicó que antes de promover un inmueble, los integrantes de la AMPI realizarán una investigación para asegurarse de que no atraviese por una demanda laboral.

“Cualquier persona que haya comprado un inmueble de éstos, y que estos inmuebles, si llegara a ser el caso, se vieran involucrados en un problema de tráfico de influencias o de fraude, van a perder su patrimonio porque se va a revertir. Esto va a suceder”, advirtió el representante de los profesionales inmobiliarios.

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Sobre la presunta red de funcionarios públicos que dependen del gobernador Roberto Borge, que han arrebatado de su patrimonio a ejidatarios, empresarios y ciudadanos nacionales y extranjeros, a través de juicios laborales falsos o amañados, Tobin externó su preocupación porque estos problemas puedan escalar y afectar la joya de la corona turística mexicana.

"Si eso es cierto se va a tener que actuar de manera contundente y tomar su responsabilidad de lo que hicieron. Si cometieron un delito los van a tener que castigar", señaló.

Destacó además, dos omisiones. La primera, que no se notifica, y la segunda, que no se da la oportunidad de salvaguardar sus derechos al que está siendo señalado.

"Creo que esa parte de la ley es ‘omitiva’ de cierta justicia… Lo que asombra mucho es la velocidad con la que se dieron los juicios: tres meses, cuatro meses, cinco meses. Y la utilización de la fuerza pública para llegar a esto, que cada vez ha sido más determinante", consideró.

Respecto de la carta elaborada por las embajadas de Italia, Portugal, Francia y de los Países Bajos, donde solicitan que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) intervenga para que se realice una investigación de los despojos ocurridos en Tulum, Quintana Roo, Tobin dijo que el gobierno federal debe responder, y rápido.

“Siento que, y esto es a título personal, esto que está sucediendo puede llegar a darnos cierta afectación si no tenemos un esclarecimiento, porque nadie quiere comprar en un lugar en donde llegara a existir este tipo de situaciones”, consideró.

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En el caso de Maioris Tower, una empresa de condominios que acusa que le fueron vendidos departamentos de forma fraudulenta y a la mitad de su valor con la ayuda de una notaria pública, donde los beneficiados resultan políticos y funcionarios del PRI y del Partido Verde, Tobin afirmó que ellos siempre han trabajado muy bien con los notarios.

“Yo con los notarios que he trabajado hasta el día de hoy me han resultado ser personas muy honorables”, aseguró, aunque reconoció no haber laborado con la implicada en Maioris Tower.

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En cuanto a la participación del Registro Público en esta red de corrupción, el inmobiliario comentó que ellos ven un Registro Público eficiente, sin embargo, en este caso, donde se hicieron presuntas compra-ventas en 2011 y se inscribieron hasta 2015, acepta que hubo algo irregular.

El pasado 6 de julio, Expansión y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, dieron a conocer una investigación en la que algunos funcionarios públicos y notarios auspiciados por el gobernador Borge arrebataron el patrimonio de empresas y particulares.

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