Los recursos destinados en 2017 para combatir la corrupción, ¿ se quedan cortos?
A pesar de que las estimaciones de diferentes organizaciones señalaban que para la correcta implementación del sistema encargado de combatir la corrupción se requerían más de 7,000 millones de pesos, el presupuesto aprobado para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en 2017 fue, hasta el momento, sólo de 5,500.
“El sistema funciona como un reloj, cada institución es un engranaje y definir qué áreas requieren mayores recursos por prioridad no se puede”, explica Jonathan Jiménez, investigador del Área de Desarrollo Social y Económico de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.
De acuerdo con el experto, más que hablar de suficiencia presupuestaria se debe hablar de eficiencia, pues de nada sirve saber cuánto se le destina a una institución si ésta no fiscaliza realmente sus gastos.
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El think thank afirma que para impulsar la implementación del sistema encargado de combatir la corrupción se necesita una asignación presupuestaria que corresponda con las nuevas atribuciones de las dependencias y precise los tiempos de asignación y el origen de los recursos para las nuevas instituciones; dar mayor transparencia y visibilidad de los recursos, a través de un mecanismo de rastreo idóneo para conocer quién y en qué se gasta; así como generar objetivos, metas e indicadores de resultados para el combate de los delitos en esta materia.
“Más que suficientes justo lo que se consigue con mecanismos de rastreo es saber si se está gastando bien, todo siempre debe estar asociado con un programa de resultados. Decir que hoy, a grandes rasgos, se está gastando bien en la corrupción... uno puede sacar sus propias conclusiones con todos los casos de corrupción que están saliendo”, dijo el investigador de Ethos.
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Un gasto incierto
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) sugirió que el gasto para el SNA tendría que ser de alrededor de 7,040 pesos, mientras que la organización Ethos lo estimaba en 7,510 mdp, éste último sin considerar al Poder Judicial de la Federación.
El MCCI valoró su estimado tomando en cuenta a la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la PGR, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Por su parte, Ethos toma en cuenta –además de los contemplados por MCCI– el presupuesto para los órganos internos de control, encargados de vigilar y fiscalizar las acciones de los servidores públicos en cada institución.
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Dado que aún no está disponible el desglose de los montos totales de las instituciones que combaten la corrupción y que conforman el SNA, a grandes rasgos sólo se puede conocer los montos de algunos órganos como la ASF, que recibió un incremento de 3.9%; el TFJA que tuvo un incremento de 1% real, y el destinado a la Secretaría de la Función Pública (SFP), que tuvo un recorte de 17.4%, todos con respecto al PEF 2016.
“Presupuestariamente hablando no sabemos cómo se combate a la corrupción”, afirmó Jonathan Jiménez, pues los recursos se destinan para el funcionamiento total para el instituto y no se sabe si realmente se usa para enfrentar este delito.
De acuerdo con el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfredo del Mazo, el SNA tuvo un incremento de 5,500 mdp para su “fortalecimiento”, distribuidos entre la ASF, con 2, 200 millones de pesos, 956 millones para el Instituto Nacional de Acceso a la Información y 2, 550 para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero falta el desglose.
El presupuesto aprobado por los diputados la madrugada del 11 de octubre dejó a criterio de la Secretaría de Hacienda los recursos para la Secretaría Ejecutiva del SNA que deberá ser creada el próximo año.
En el transitorio séptimo, el documento establece que durante el ejercicio fiscal 2017, la SHCP realizará las adecuaciones correspondientes para que se provea de recursos humanos, financieros y materiales correspondientes a este órgano.
