ONG y expertos 'ponen peros' al nombramiento del fiscal anticorrupción

El colectivo #FiscalíaQueSirva argumenta que el proceso de selección no ha sido transparente. En tanto, especialistas declinaron participar en un Comité de Acompañamiento planteado por el Senado.
Pieza clave  El fiscal especial es uno de los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.  (Foto: Especial )
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Organizaciones civiles y expertos pusieron en entredicho el proceso de selección del fiscal anticorrupción a cargo del Senado, pues consideran que no ha sido transparente y que la metodología acordada no permite evaluar a los aspirantes de manera óptima.

El más reciente cuestionamiento se produjo este lunes, cuando un grupo de 13 especialistas rechazó participar en el Comité de Acompañamiento que los senadores pactaron convocar para dar seguimiento a la ruta.

"Hemos llevado a cabo un proceso de reflexión y deliberación al interior del grupo, mediante el cual hemos concluido que no existen las condiciones para que este grupo acompañe este proceso de selección. Lo anterior tomando en cuenta que la participación efectiva del Comité Técnico de Acompañamiento supone la posibilidad de que la elección de los mejores candidatos surja de la evaluación de los mejores", señalan en una carta expertos como los académicos María Amparo Casar y Sergio López Ayllón, y activistas como María Elena Morera y Edna Jaime.

Esto se suma a la exigencia que la semana pasada hizo el colectivo #FiscalíaQueSirva, integrado por decenas de organizaciones civiles y ciudadanos, para frenar la selección del fiscal anticorrupción, bajo el argumento de que el proceso de designación que lleva el Senado no ha sido transparente y que, con la legislación actual, la persona que sea elegida no contará con independencia para actuar e investigar posibles hechos de corrupción de manera eficaz y autónoma.

Antes de que este nuevo funcionario sea nombrado, señalaron las ONG, es necesario reformar el artículo 102 de la Constitución para dotar a la fiscalía especializada de la estructura suficiente y de los medios para trabajar, así como que la Procuraduría General de la República (PGR) cumpla con su función de perseguir delitos.

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En conferencia de prensa el jueves, Miguel Sarre, exombudsman de Aguascalientes y exaspirante a fiscal anticorrupción, señaló que la fiscalía especializada es inviable por el momento.

“Si esto (la Fiscalía General de la República que sustituirá a la PGR) no se mueve, ¿se va a poder mover esta fiscalía especializada? Para nada. Tenemos el freno de mano puesto”, aseguró.

Sarre, exmiembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura en la ONU, argumentó que él mismo abandonó la competencia por esta posición porque considera que actualmente no hay condiciones para que la fiscalía anticorrupción cumpla con las expectativas de la sociedad.

En su opinión y en la de otros miembros del colectivo, para esto es necesario cambiar la Constitución y garantizar su completa autonomía. Hoy por hoy —dijeron—, la ley deja a este órgano subordinado orgánicamente a la PGR, cuyo titular es Raúl Cervantes, un funcionario cercano al presidente Enrique Peña Nieto y de quien depende jerárquicamente.

“Tanto el presupuesto adscrito a dicha fiscalía especial anticorrupción como la designación, transferencia y remoción del personal adscrito a dicha fiscalía dependerán del procurador general de la República”, afirmó el colectivo en un comunicado.

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Designación dudosa

Además de los riesgos que hay en la posible subordinación de la fiscalía especial a la PGR, el colectivo consideró que hay otros en el proceso de designación, en el que estima que no hay elementos que garanticen la transparencia y el acompañamiento de organizaciones civiles.

El jueves y viernes pasados se iban a llevar a cabo las comparecencias de los 30 aspirantes a fiscal anticorrupción —inicialmente eran 32, pero dos de ellos declinaron a participar en el proceso: Sarre y la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia (Inai), Ximena Puente—. Sin embargo, las comisiones de Justicia y de Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado acordaron modificar el calendario.

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La presidenta de la Comisión de Justicia, la panista Pilar Ortega, dijo que esto se debió a que los senadores estaban revisando la forma de insertar a la sociedad civil en la revisión de los perfiles.

En ese contexto, los legisladores pactaron hacer el nombramiento del Comité de Acompañamiento que revise las candidaturas y que las comparecencias se realizaran esta semana.

Al respecto, Alfredo Lecona, activista e integrante del colectivo, consideró que este Comité de Acompañamiento solamente podría hacer recomendaciones, observaciones y comentarios, lo que significa que no tendría una injerencia real y que el fiscal sería elegido por los coordinadores de los partidos en el Senado.

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“(Esto) es un proceso de simulación”, criticó Lecona en rueda de prensa.

Este lunes, a pesar de la ausencia de dicho Comité de Acompañamiento, las comparecencias de aspirantes arrancaron en la sede de la Cámara alta.

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