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Expertos palomean a 4 aspirantes para ocupar la fiscalía anticorrupción

De entre todos los candidatos, el Comité de Acompañamiento ve como más aptos a un magistrado, un funcionario de la SEP, un embajador de carrera y un excontralor.
mar 21 marzo 2017 04:30 PM
Órgano investigador
Proceso en marcha Los aspirantes a dirigir la fiscalía anticorrupción comparecieron ante senadores la semana pasada.

Cuatro de los aspirantes a ocupar el cargo de fiscal anticorrupción fueron catalogados por expertos como los candidatos idóneos para encabezar esta nueva fiscalía especializada, que formará parte del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

La lista fue dada a conocer este lunes por los especialistas que integran el Comité de Acompañamiento que auxilia al Senado en la designación. En este grupo participan Cristina Puga Espinosa, Issa Luna Pla, Silvia Inclán Oseguera, Ricardo Jiménez González, Luis Carlos Ugalde, Juan Carlos Sánchez Magallán y Fernando Nieto Morales.

Sus conclusiones, sin embargo, no son vinculantes. Aún falta que los senadores de las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Justicia de la Cámara alta realicen sus propias valoraciones para determinar a sus candidatos y que, junto con las propuestas del Comité de Acompañamiento, envíen sus recomendaciones a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) este mismo martes. Una vez que esto ocurra, el nombramiento será sometido a votación en el pleno.

Por lo pronto, te presentamos a las cuatro personas que los expertos consideran más aptas para la tarea de investigar y perseguir los delitos relacionados con actos corruptos.

Recomendamos: La receta para el nuevo fiscal anticorrupción

César Alejandro Chávez Flores

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Es abogado por la Universidad Autónoma de Chihuahua y tiene posgrados en Derecho del Trabajo por la Universidad Panamericana, en Análisis Estratégico por el CIDE, en Contrataciones Públicas por el ITAM y en Derecho de la Energía por la Escuela Libre de Derecho.

En el gobierno federal ha sido funcionario durante 12 años. Fue director de inconformidades y de controversias y sanciones en contrataciones públicas en la Secretaría de la Función Pública (SFP), de 2003 a 2009; además, fue director jurídico y de asuntos laborales de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y asesor técnico del sector empleador mexicano ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

De marzo de 2012 a enero de 2013 se desempeñó como contralor de Petróleos Mexicanos (Pemex).

También fue visitador general de la Procuraduría General de la República (PGR), primero de 2009 a 2012 y después de 2015 a 2016; ahí le tocó la depuración de la institución, en la que se procesó a 320 funcionarios por responsabilidad administrativa grave y a más de 250 agentes del Ministerio Público.

Chávez, quien también participó en la investigación sobre el caso Ayotzinapa, aseguró en entrevista con Carmen Aristegui que si “los intereses políticos capturan el proceso" de designación del fiscal, él no participará.

José Bernardo Rafael Espino del Castillo Barrón

El actual director de profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) es maestro en Ciencias, con especialidad en Administración Pública, por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), así como doctor en Derecho por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores.

De febrero de 2014 a abril de 2015 se desempeñó como gerente de responsabilidades en el órgano interno de control de Pemex.

Abogado, ingresó a la función pública en 1978 como jefe de la oficina de audiencia campesina de la extinta Secretaría de la Reforma Agraria; después fue delegado regional en Sinaloa del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas de la PGR.

De 1996 a 1997 fue director de coordinación interinstitucional de la PGR, donde previamente se desempeñó como coordinador regional en las zonas centro y norte. También fue director de coordinación política con los poderes de la Unión en la Secretaría de Gobernación (Segob).

De 2008 a 2012 fue coordinador general de delegaciones en la PGR, de 2003 a 2008 fue director de amparo y de 2001 a 2003 fue coordinador de asesores del subprocurador de procedimientos penales; además, de 1997 a 2001 fue delegado en el Estado de México.

Lee: ONG y expertos 'ponen peros' al nombramiento del fiscal

Miguel Ángel González Félix

El embajador de carrera tiene más de 32 años de experiencia diplomática vinculada a temas jurídicos, económicos, anticorrupción y relacionados con el lavado de dinero. Es abogado por la Universidad Iberoamericana y cuenta con maestría en Derecho Estadounidense por la Universidad de Houston.

Como coordinador de litigios en el exterior de la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), participó en el caso de corrupción Pemex contra Crawford, el cual incluyó investigación, persecución penal y demandas de resarcimiento de daños por 600 millones de dólares.

Como consultor jurídico de la SRE, participó en la negociación de dos de las principales convenciones internacionales anticorrupción de las que México forma parte y, como coordinador de asuntos internacionales de la PGR, fue negociador de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en 2003.

Fue miembro de la delegación mexicana ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que presentó la primera evaluación del sistema anticorrupción de México, en París, Francia; también estuvo en la segunda, cuando acompañó al secretario de la Función Pública.

En 2010 fundó el despacho Maney & González Félix con sede en Houston y en la Ciudad de México, especializado en la atención de demandas de indemnización por casos de corrupción, investigación y coadyuvancia penal.

Desde 2012 se desempeña como abogado de litigios y negociaciones internacionales en despachos privados, y presta asesorías externas. Es abogado externo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para la atención de casos de corrupción en México y en Estados Unidos.

Manuel Luciano Hallivis Pelayo

Doctor en Derecho por la UNAM y maestro en Derecho por la Universidad Tulane, y en Administración Pública por la Universidad de Michigan.

Hasta el año pasado fungió como magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de cuya Sala Superior sigue formando parte. También ha sido meimbro de la Junta de Gobierno y Administración del organismo y encabezó su Comité de Ética.

De abril a diciembre de 1996 fue administrador central de operación de la Administración General Jurídica de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y en 1994 fue coordinador de asesores del director general.

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