Las acusaciones contra Tomás Yarrington: más que delincuencia organizada

El exgobernador de Tamaulipas, arrestado en Italia por sus supuestos vínculos con los cárteles del narcotráfico, es acusado en EU de formar una "empresa criminal" para mover droga y lavar dinero.
'Fichado'  Los cargos en EU contra el expriista podrían sumar una condena de hasta 85 años de prisión.  (Foto: Cuartoscuro)
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

El exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, detenido este domingo en Italia tras sortear años de investigaciones por presunta complicidad con los cárteles del crimen organizado, está acusado de encabezar una “empresa criminal” para cometer delitos de narcotráfico y lavado de dinero, cargos que él considera “persecución política”.

El exmandatario, expulsado del PRI en diciembre pasado, es señalado de recibir dinero del cártel del Golfo y de Los Zetas desde su precampaña para la gubernatura de Tamaulipas (1998) y durante su administración (1999-2004), así como de involucrarse en el tráfico de cocaína pasado su sexenio.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó este domingo que la captura de Yarrington se dio por la ficha roja girada por la Interpol a partir de “una orden de aprehensión librada por el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros”.

Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, es detenido en Italia

El gobierno mexicano ofrecía 15 millones de pesos en recompensa por información que contribuyera a la captura del exgobernador, quien en 2006 intentó ser candidato presidencial a través del grupo político conocido como Tucom, constituido para arrebatar la nominación del PRI a Roberto Madrazo.

Se buscaba
Se buscaba  El gobierno mexicano ofreció en 2016 dinero para quien informara sobre el paradero del exgobernador, investigado al menos desde 2009.  (Foto: Cuartoscuro)

La PGR abrió desde 2009 un expediente derivado de las declaraciones del empresario Antonio Peña Argüelles, supuesto prestanombres de Yarrington con quien habría roto relaciones, en las que denuncia a otros presuntos testaferros para la adquisición de inmuebles millonarios y otras propiedades, y apunta a nexos con altos líderes de Los Zetas como Heriberto Lazcano y Omar Treviño, según la indagatoria publicada en 2016 por El Universal. El excolaborador del tamaulipeco es identificado con el código Ángeles, tras ofrecerse como testigo colaborador de la PGR y la Agencia Antidrogas de EU (DEA, por sus siglas en inglés).

La averiguación —cuyas pesquisas, de acuerdo con el diario, datan de 2004— es por delitos contra la salud y lavado de dinero, entre otros, e incluye acusaciones de financiamiento a la campaña de Yarrington con dinero del narcotráfico; presumiblemente, aportaron dinero capos como Heriberto Lazcano, el Lazca (muerto en 2012), y Miguel Treviño, el Z-40 (preso en Ciudad Juárez), de Los Zetas, y de parte del cártel del Golfo, Eduardo Costilla, el Coss (extraditado a EU), y Gregorio Sauceda, el Caramuela (detenido).

Yarrington aseveró en 2013 que estos señalamientos forman parte de una campaña de “persecución política en el marco del contexto electoral”, emprendida por la entonces titular de la PGR, Marisela Morales, actualmente cónsul en Milán, Italia.

En enero de ese año —cuando ya era prófugo de la justicia—, interpuso a través de sus abogados una demanda de juicio político contra Morales, por presuntamente filtrar a medios información sobre su caso. El equipo legal del exgobernador ya había presentado una denuncia penal contra Morales por supuestas irregularidades en cateos a sus propiedades.

Yarrington también abrió un sitio web en el que —señaló en su momento— expondría inconsistencias en su proceso. El portal casoyarrington.com ya no está disponible.

"Empresa criminal"

En EU, Yarrington es acusado, más allá de simples vínculos, de encabezar un entramado delictivo. La querella federal, radicada en una corte de distrito en Brownsville, Texas, indica que enfrenta cargos por tráfico de drogas a gran escala, así como por conspirar para lavar dinero, defraudar y falsear información a bancos estadounidenses.

La acusación, según información del Departamento de Justicia citada en 2013 por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), afirma que de 2007 a 2009 Yarrington se involucró en la introducción de "enormes cantidades de cocaína" a EU desde Veracruz. En dicha entidad gobernaba entonces el también priista Fidel Herrera, quien ha sido señalado —sin pruebas— de vínculos con el crimen organizado.

La indagatoria añade que Yarrington también recibió sobornos de constructores.

Algunas propiedades vinculadas con Yarrington ya han sido aseguradas en EU, a través de acciones civiles.

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El abogado penalista Gabriel Regino explicó que este proceso penal en EU incluye el agravante para Yarrington de estar acusado de encabezar lo que la legislación de ese país denomina como “empresa criminal”.

“De acuerdo con el Código Penal de EU, hablar de empresa criminal es inclusive arriba de delincuencia; ya involucra una gran cantidad de entramados, conductas, personajes, divisiones de papeles, entre otros... para cometer fraude bancario, lavado de dinero, delitos relacionados con narcotráfico, etcétera”, dijo este lunes a MVS Radio.

Prestanombres

La indagatoria estadounidense también identifica al empresario de la construcción Fernando Cano como el principal operador de Yarrington, con transferencias hasta por 7 millones de dólares a través de esta sociedad.

Testaferro
Testaferro  El empresario Fernando Cano es acusado de hacer negocios ilegales con Yarrington, y de servir como su prestanombres en la adquisición de millonarias propiedades.  (Foto: FBI)

Cano fue arrestado durante unas horas en Monterrey a inicios de febrero pasado. Aunque pesa sobre él una ficha roja, el indiciado fue liberado por las autoridades de Nuevo León debido a que no existe una orden de detención con fines de extradición.

Igual suerte corrieron en 2012 Napoleón Rodríguez de la Garza y Eduardo Rodríguez Berlanga, la Conga, señalados como prestanombres de Yarrington. Ambos empresarios fueron arrestados por separado en mayo de pasado, pero obtuvieron su libertad en agosto: Rodríguez de la Garza, por estar acusado de un delito no grave, y Rodríguez Berlanga, porque accedió a colaborar con las autoridades.

Estos empresarios, junto a exfuncionarios tamaulipecos como Alfredo Sandoval, exsubecretario de Egresos del gobierno de Yarrington y presuntamente administrador de los bienes del exmandatario, fueron incluidos en una alerta migratoria emitida por la PGR en 2012 para conocer sobre sus entradas y salidas del país. La medida también fue solicitada para los exgobernadores tamaulipecos Eugenio Hernández (2005-2010) y Manuel Cavazos (1993-1999), este último actualmente senador por el PRI.

Aunque en EU es acusado de lavado de dinero, Hernández presume públicamente ya haber sido exonerado por las autoridades mexicanas, e incluso acudió a votar en las elecciones de 2016, cuando llegó a la casilla entre bromas y saludos a los presentes.

Su futuro

Yarrington fue trasladado a una cárcel de Florencia “en espera de su extradición a México en los próximos días”, informaron este lunes fuentes policiales a la agencia Notimex. Sin embargo, de acuerdo con el penalista Gabriel Regino, Italia podría juzgarlo si encuentra vínculos entre Yarrington y la mafia italiana.

El arresto en Italia ocurre un mes después de la detención en Tamaulipas de un supuesto integrante de la mafia de la Camorra, Guilio Perrone, buscado por la Interpol por tráfico de cocaína a nivel internacional.

Además, existe la posibilidad de que Italia extradite a Yarrington a EU, debido a que el tratado con México indica que, cuando un acusado es requerido por varias naciones, el país que lo detiene decide adónde lo envía, considerando la gravedad de los delitos de los que es señalado.

“Se lo va a entregar al país que haya primero promovido la extradición, tenga mayor número de cargos, sean más graves, y por eso estimamos que la extradición se va a llevar a cabo a EU”, comentó Regino a MVS Radio.

Los cargos en EU podrían sumar una condena de hasta 85 años de prisión.

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