Amigos, exfuncionarios, diputados: esta es la red de corrupción de Duarte

Los desvíos que presuntamente orquestó el exgobernador de Veracruz para la compra de inmuebles se hicieron a través de una red en la que figuran personas cercanas y exservidores públicos.
El exgobernador de Veracruz fue capturado el fin de semana en Guatemala, donde podría pasar hasta un año en espera de regresar a México para enfrentar el proceso penal en su contra.
Red de corrupción  El exgobernador de Veracruz fue capturado el fin de semana en Guatemala, donde podría pasar hasta un año en espera de regresar a México para enfrentar el proceso penal en su contra.  (Foto: Fotoarte Expansión)
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Detrás de los millonarios desvíos detectados en Veracruz no sólo estuvo el exgobernador Javier Duarte, detenido este sábado en Guatemala. Según las autoridades federales y estatales, las maniobras fueron operadas por toda una red de funcionarios y prestanombres a los que se atribuyen desde la firma de contratos con empresas fantasma hasta la adquisición de propiedades dentro y fuera de México.

Este miércoles, en la audiencia que tuvo en un tribunal de Guatemala —país donde permanecerá preso mientras avanza el proceso de extradición en su contra—, se ofrecieron detalles sobre las operaciones ilícitas —por al menos 350 millones de pesos (mdp)— que presuntamente realizó el exmandatario en su sexenio. Su gobierno en la entidad, además, también tuvo múltiples observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por más de 35,000 mdp.

A continuación presentamos los nombres de las personas que conforman el entramado, algunas de las cuales ya han sido encarceladas.

Los operadores clave

Cinco personas fueron las piezas clave para orquestar el saqueo de recursos públicos y la compra de bienes a nombre del exmandatario. Se trata de Alfonso Ortega López, Moisés Mansur Cysneiros, José Juan Janeiro Rodríguez, Rafael Gerardo Rosas Bocardo y Mario Rosales Mora, quienes fueron invitados por Duarte a colaborar con él, desde el inicio de su sexenio, en diciembre de 2010.

De acuerdo con el recuento leído, el 31 de diciembre de ese año, con apenas 30 días en el cargo, Duarte instruyó a Ortega a recibir recursos y destinarlos a proyectos de inversión, entre los que estaba la constitución de empresas fachada para la adquisición de bienes inmuebles, terrenos y otras propiedades.

Janeiro, quien se presume pactó con la PGR para evitar su detención a cambio de información sobre las operaciones ilícitas de Duarte, es otro de los nombres principales dentro de la red, pues además de servir como testaferro del expriista se encargó de operar las transacciones financieras derivadas de las inversiones con recursos provenientes del erario.

Otro que presuntamente aportó datos sobre las operaciones de Duarte es Mansur, señalado como amigo cercano del exmandatario; se le atribuye ejecutar las instrucciones del expriista. Él también fungió como su prestanombres en la adquisición de propiedades, como en el caso de parcelas en Campeche, para lo que se hicieron pasar como ejidatarios.

En el centro de la estructura para ejecutar los desvíos de recursos del erario también está Rosas Bocardo, quien presuntamente se encargó de prestar su nombre para la adquisición de inmuebles.

Finalmente, otro presunto prestanombres es Rosales, a quien se le encargaron distintas operaciones desde su posición en una notaría del Estado de México, en la que laboraba.

Los detenidos

Entre los primeros detenidos estuvieron presuntos representantes legales de las compañías, como las hermanas Elia y Nadia Isabel Arzate Peralta, quienes actualmente se encuentran recluidas en el penal de Santa Marta Acatitla, y Víctor Benítez Márquez, quien fue capturado el mismo día en que el expriista solicitó licencia al cargo de gobernador. Otro presunto representante de las empresas, quien no ha sido detenido, es Miguel Velázquez Nieva.

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Estos arrestos se dieron en el marco de una serie de cateos que realizó la PGR en inmuebles de la Ciudad de México, los cuales se presume pertenecían al exmandatario.

A estas capturas se sumaron las de exfuncionarios, en su mayoría señalados de haber operado desvíos en dependencias como la Secretaría de Finanzas, de Educación, Desarrollo Social, así como la Comisión del Agua estatal.

La primera de estas aprehensiones ocurrió en febrero y fue la de Arturo Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública, quien está acusado de enriquecimiento ilícito. Bermúdez había renunciado en agosto en medio de cuestionamientos, luego de que diversos medios de comunicación publicaron que poseía al menos 19 inmuebles en México y EU.

Un mes después, la Fiscalía de Veracruz detuvo al exgobernador interino Flavino Ríos, a quien acusó de haber facilitado el escape de Duarte a través de un helicóptero, así como de haber incurrido en presuntos desvíos por 247 mdp durante su encargo como secretario de Gobierno, en el que había sido nombrado en julio de 2015.

A finales de ese mismo mes, la Fiscalía de Puebla, en colaboración con la de Veracruz, informó de la detención de Mauricio Audirac, exsecretario de Finanzas, a quien se atribuye la desaparición de al menos 2,300 mdp del Seguro Popular. Él y otros 14 funcionarios fueron señalados por la ASF por omisión y daño patrimonial en el ejercicio de recursos federales de la Cuenta Pública de 2012.

Las últimas detenciones fueron las de Francisco Valencia García y Javier Nava Soria.

Valencia es señalado por el desvío de 25 mdp de la Comisión del Agua. Presuntamente, depositó el dinero en cuentas de la Secretaría de Finanzas bajo la instrucción de Carlos Aguirre Morales, exsubsecretario de Finanzas, quien se encuentra libre. Está en el penal de Pacho Viejo, donde permanecerá un año como medida preventiva, según Milenio. Está acusado de peculado, tráfico de influencias y abuso de autoridad.

Nava Soria fue detenido en España, según reportaron medios este 19 de abril. Se le identifica como representante legal de una de las empresas fachada presuntamente usadas por la red de Duarte para desviar recursos del erario.

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Los que tienen fuero

En el entramado del exgobernador Duarte también hay cinco diputados federales y uno local, quienes tras su paso por la administración estatal se postularon para una curul y con ello lograron el beneficio de la inmunidad procesal o fuero.

Entre ellos se encuentra Alberto Silva Ramos, exsecretario de Desarrollo Social de Veracruz, entre 2013 y 2014, quien presuntamente firmó 45 contratos con empresas fantasma por 243 mdp. Actualmente es diputado federal por el PRI, cargo del que se separó temporalmente en 2016 para ocupar la coordinación de Comunicación Social del gobierno veracruzano. Tiempo después volvió a su asiento.

Otro exfuncionario que goza de fuero es Tarek Abdala, extesorero de la Secretaría de Finanzas, quien, de acuerdo con lo mencionado en la audiencia, a mediados de 2014 llamó al exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, para instruirlo sobre nuevas disposiciones sobre el manejo de los recursos federales, los cuales serían enviados a las dependencias estatales y posteriormente devueltos a la tesorería o destinados al pago de contratos determinados. Ante la resistencia de Bermúdez, Abdala le respondió que eran órdenes del gobernador.

Políticos de oposición y la Fiscalía de Veracruz han solicitado el desafuero del diputado federal por el PRI, para que enfrente las acusaciones en su contra. Abdala llegó al cargo para reemplazar a Vicente Benítez, diputado local por Nueva Alianza, quien renunció luego de que la Policía Federal decomisó a dos colaboradores de la dependencia 25 mdp en efectivo en el aeropuerto de Toluca, de los cuales no se comprobó su procedencia.

También en la Cámara de Diputados está Edgar Spinoso Carrera, legislador por el PVEM, cuya gestión como oficial mayor de la Secretaría de Educación estatal fue objeto de observaciones de la ASF por más de 6,000 mdp, de acuerdo con el portal Animal Político.

El exsecretario de Educación Adolfo Mota Hernández y Noemí Guzmán Lagunes, extitular de Protección Civil, completan la lista de exfuncionarios con una curul en el Palacio Legislativo de San Lázaro, ambos por el PRI.

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Otros exfuncionarios y personajes que han sido vinculados con el caso, y cuyo paradero se desconoce, son Humberto Benítez Pérez, Zaide del Carmen Zamudio Corro, Juan Carlos Rodríguez García, Tomás Ruiz González y Antonio Bandín Ruiz.

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